CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El impacto económico de la violencia en México aumentó el año pasado por primera vez desde 2019 y alcanzó los 245 mil millones de dólares, el equivalente al 18% del Producto Interno Bruto del país, según el informe publicado el martes por el Instituto para la Economía y la Paz que mide anualmente los cambios en la violencia y sus repercusiones.
El documento de ese centro de investigación mostró un panorama preocupante para México donde la violencia en la última década ha crecido, se mantuvieron la corrupción y la impunidad y faltaron recursos en áreas clave para promover la paz.
Por ejemplo, el gasto en seguridad pública y en el sistema de justicia penal en 2024 fue equivalente al 0.7% de su PIB, menos de la mitad del promedio de América Latina.
El reporte también indicó que “la corrupción y la ineficiencia administrativa son factores clave que impulsan la violencia en México, ya que contribuyen a la impunidad y limitan los recursos disponibles para combatir el crimen”. Destacó mejoras en la distribución de los recursos, lo que contribuye a la paz, pero un empeoramiento en cuestiones de transparencia gubernamental.
Según el informe, que analiza cifras oficiales, la tasa nacional de homicidios en la última década aumentó un 55% y pasó de 15 a 23 muertes por cada 100.000 habitantes. Ese incremento se debió a una mayor acción de los cárteles del narcotráfico, ya que los asesinatos vinculados con el crimen organizado se multiplicaron por seis pero no hubo cambios en el resto de los homicidios.
El pico de homicidios se dio en 2021 y 2022 cuando ocho de los 32 estados del país tenían más de 50 por 100 mil habitantes. En 2024 esas cifras se redujeron. Las regiones por encima de este umbral fueron sólo cuatro.
El documento señaló que en la última década crecieron más del 70% los delitos con armas de fuego, las extorsiones aumentaron un 45% y también se multiplicaron las cifras de desaparecidos, aunque hace 10 años no había un registro público donde visualizarlas como sí hay ahora.
A su vez expresó preocupación ante la primera convocatoria para elegir a los jueces en las urnas, el próximo 1 de junio, que “podría hacer al sistema judicial más vulnerable a la influencia política, socavando su capacidad para impartir justicia de manera imparcial y conforme al Estado de derecho”.
En tanto, indicó que México cuenta con un promedio de 4.4 jueces y magistrados por cada 100 mil habitantes, una cifra equivalente a una cuarta parte del promedio mundial. En la última década, además, el gasto en el sistema de justicia se redujo un 12%.
También hubo una disminución en los fondos destinados a la seguridad pública, que disminuyeron un 30%, aunque el gasto destinado a las Fuerzas Armadas —encargadas de tareas de seguridad pero también de otras muchas labores como la construcción y gestión de grandes infraestructuras— aumentó desde la anterior administración y en 2024 alcanzó su nivel más alto desde 2008.
Cortesía de Proceso.
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