BAJA CALIFORNIA. (apro).- Por considerarlo una “crisis de Estado” y la falta de información al respecto, la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) de Baja California exigió que Marina del Pilar Ávila Olmeda deje la presidencia de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) y su esposo, Carlos Torres Torres, la coordinación de Proyectos Estratégicos en el gobierno municipal de Tijuana,
Lizbeth Mata Lozano, presidenta del Comité Directivo Estatal, lo declaró este lunes en rueda de prensa, luego de que el pasado 10 de mayo la pareja diera a conocer, en sus respectivas redes sociales, que la administración del presidente Donald Trump les había revocado la visa.
Señaló que están “en la incertidumbre” y que “no es cosa menor” ni es un “un asunto administrativo” la situación, además de que se han generado muchas especulaciones debido a la falta de claridad por parte del gobierno estatal.
La panista puntualizó que, en el contexto de alta incidencia delictiva en la región, “resulta insostenible que Ávila Olmeda continúe al frente de las estrategias de seguridad”. Para esto citó el escenario de constantes homicidios, el aumento en las desapariciones forzadas y la “expansión” del crimen organizado.
“No podemos darnos el lujo de tener una gobernadora sin credibilidad en estas funciones”, afirmó. Debido a esto, Lizbeth Mata Lozano subrayó que el PAN en Baja California exige tres acciones concretas.
“Primero, que Marina del Pilar se separe temporalmente de foros de representación institucional como la Conferencia Nacional de Gobernadores y las mesas de seguridad, en tanto se aclara su situación. Segundo, que Carlos Torres Torres sea removido de cualquier cargo honorífico o de representación que conserve en el gobierno, en particular como encargado de proyectos estratégicos en el Ayuntamiento de Tijuana. Y tercero, que ambos expliquen públicamente ante los bajacalifornianos lo que hoy compromete su estatus internacional”, detalló.
Preocupa impacto que traerá revocación de visa
Por su parte, el Consejo Ciudadano de Seguridad del Estado de Baja California se mostró preocupado por la cancelación de la visa a la gobernadora Marina del Pilar, pues podría generar afectación e incertidumbre a la agenda binacional de seguridad, desarrollo económico y gobernabilidad.
El organismo encabezado por Roberto Quijano Sosa lo puntualizó mediante un posicionamiento compartido a la prensa.
“En nuestra región, cuya realidad cotidiana depende del diálogo, la colaboración y el entendimiento con los Estados Unidos de Norteamérica, esta decisión podría generar incertidumbre y afectación a la agenda binacional de seguridad, desarrollo económico y gobernabilidad”, indicó el consejo.
Como parte del mensaje, enfatizó que creen firmemente “en la presunción de inocencia” y en la necesidad de que los hechos sean aclarados con transparencia”.
“Seremos respetuosos del debido proceso y evitaremos especulaciones, pero al mismo tiempo solicitamos se informe a la ciudadanía, de manera precisa y puntual, sobre las causas e implicaciones de esta medida por parte del gobierno norteamericano”, remarcaron.
Y tras la reunión semanal del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), el vicepresidente Sergio Torres Martínez -en representación del presidente Julio Salinas López- declaró que también desconocen la causa del retiro de la visa, aunque la medida sí preocupa al sector.
“Hacer una declaración, o un posicionamiento, sería irresponsable. Sí nos preocupa definitivamente la problemática que se nos pueda venir”, comentó.
Proceso solicitó una declaración formal al Consulado General de los Estados Unidos en Tijuana, pero la dependencia respondió que no habría por cuestiones de privacidad.
Cortesía de Proceso.
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