CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Desde hace 48 años el paradero de Rafael Ramírez Duarte es desconocido. Es una de las víctimas del periodo de la “guerra sucia”; fue secuestrado por la Brigada Blanca, estuvo recluido y fue torturado en una cárcel clandestina del Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México, por ser un hombre de “ideas peligrosas”.
“Seguimos extrañándote, necesitándote y exigiendo verdad, memoria y justicia”, se lee en un comunicado publicado este 9 de junio, por los familiares de Rafael Ramírez Duarte, integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre.
En el documento criticaron la ceremonia del pasado 12 de mayo, para la colocación de los restos fúnebres del general Hermenegildo Cuenca Díaz, secretario de Defensa Nacional en el sexenio de Luis Echeverría (1970-1976), señalado de autorizar “los vuelos de la muerte” durante la Guerra Sucia:
“En vez de recordarles y honrarles a ustedes, se decide honrar a personajes tan siniestros como Hermenegildo Cuenca Díaz, encargado de operar las desapariciones durante el gobierno de Luis Echeverría. Esto pese a que tenemos una presidenta que en su juventud adoptó tu causa”.
El homenaje contó con la presencia del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo y de la plana mayor del Ejército, bajo mando de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Nos dicen que las desapariciones ya no son como antes, pero siguen impunes como antes y duelen igual que antes; porque seguimos sin saber dónde están, sin ver condenados a quienes se los llevaron. (…) La desaparición forzada también está sucediendo ahora. (…) No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Juicio y castigo. ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos!”, finaliza el comunicado.
Rafael, ¿dónde estás?
Rafael Ramírez Duarte nació en 1948 en Zirándaro, Guerrero. Estudió en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es hijo de doña Delia Duarte, esposo de Sara Hernández y padre de Pavel y Tania Ramírez.
Su familia comenzó una intensa búsqueda en colaboración con otras personas en las mismas condiciones, quienes se unieron para formar el ahora Comité Eureka, una organización dedicada a la búsqueda de justicia para las víctimas de la “Guerra sucia”, durante los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría.
Desde aquel 9 de junio, Rafael sigue desaparecido, mientras sus familiares siguen exigiendo una respuesta por parte del Estado mexicano, así como castigo a los responsables.
Archivo histórico de la “Guerra sucia”
Durante las décadas de los sesenta y setenta, México tuvo una severa crisis de derechos humanos y falta de libertades democráticas.
Los gobiernos de Díaz Ordaz y Echeverría, controlaron el país bajo una serie de políticas represivas para combatir cualquier movimiento u organización social, considerada opositora.
Como parte de estos esfuerzos, surgió la “Guerra sucia”, un periodo donde el Ejército, la policía y la Dirección Federal de Seguridad (DFS) cometieron graves violaciones a los derechos humanos, como actos de tortura, secuestros, asesinatos, abuso sexual, desapariciones forzadas, entre otros.
Gracias a testimonios de perpetradores, de sobrevivientes de cárceles clandestinas y de testigos, ha podido establecerse que desde 1974 hasta 1979, las fuerzas militares utilizaron los “vuelos de la muerte” para deshacerse de los cuerpos.
Los aviones despegaban de la base militar número 7, ubicada en el municipio de Acapulco, y desde el aire arrojaban personas —vivas o muertas— al océano, algunas dentro de costales cargados con piedras, otras picoteadas por bayonetas para que fueran devoradas por los tiburones, otras amarradas a vigas metálicas o a bloques de concreto para asegurar que nunca aparecieran.
Varias víctimas eran activistas o personas bajo sospecha del Estado. De acuerdo con el Archivo General de la Nación, al frente de estas operaciones estuvieron Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, miembros de la DFS y fundadores de la Brigada Blanca.
La Brigada, conformada por 240 elementos provenientes del Ejército Mexicano, la DFS, la Procuraduría General de la República, entre otros, buscaba exterminar organizaciones guerrilleras como la Liga Comunista 23 de Septiembre, un conglomerado de agrupaciones políticas que buscaban convertirse en un bloque socialista.
Los archivos históricos también señalan a Hermenegildo Cuenca Díaz como el principal firmante de las órdenes de “exterminio” que acabaron con la vida de numerosos opositores al régimen más corrupto y sanguinario que ha tenido México, de acuerdo con “El País”, en referencia a la Guerra Sucia que dejó 10 mil víctimas.
Algunas de las víctimas comenzaron a denunciar la existencia de estas prácticas, sin recibir apoyo de vías legales o una respuesta por parte de las autoridades, lo que dio como resultado varios colectivos de búsqueda y justicia que permanecen hasta la actualidad.
A pesar de que el gobierno negó los actos atroces cometidos por elementos del Estado, “hoy en día, gracias a la liberación de los expedientes de la DFS y su acceso público en el Archivo General de la Nación, se confirma su existencia”, señala el Gobierno de México.
“Estos documentos son fundamentales para reconstruir los eventos del pasado que intentaron ser borrados por diversas instituciones de inteligencia, y que hoy siguen siendo relevantes (…) para garantizar el derecho a la memoria y la búsqueda de la verdad, la justicia y la no repetición de violaciones a los derechos humanos”, añade.
Cortesía de Proceso.
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