COLIMA, Col. (apro).- El Congreso del estado exhortó al Poder Judicial de la Federación a resolver la controversia relativa a la importación masiva de glifosato, un “herbicida cuestionado por sus probables daños a la salud humana y al ambiente”.

Mediante un punto de acuerdo presentado por el diputado morenista Alfredo Álvarez Ramírez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural Sustentable, la legislatura local llamó al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, a desahogar el recurso de revisión número de expediente 504/2022.

Con dicho recurso, diversas autoridades federales, entre ellas la propia Presidencia de la República, solicitaron revisar la resolución del amparo 313/2022, promovido por Monsanto Comercial, S. de R.L. de C.V., y Semillas y Agroproductos Monsanto, S. de R.L. de C.V., en contra del decreto del 31 de diciembre de 2020, cuyo objetivo principal es sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación del glifosato y de los agroquímicos que lo contienen como ingrediente activo en nuestro país.

En el decreto se establecen las acciones que deberán realizar las dependencias y entidades que integran la administración pública federal en el ámbito de sus competencias para reemplazar el glifosato y otros agroquímicos por “alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas que permitan mantener la producción y sean seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente”.

De acuerdo con el exhorto aprobado por el Congreso de Colima, la determinación de sustituir gradualmente el uso del glifosato, conocido popularmente como “matatodo”, ha enfrentado “una fuerte oposición por parte del sector agroempresarial y los oligopolios trasnacionales que controlan cerca de 70% del mercado de agroinsumos (semillas, plaguicidas y fertilizantes químicos), a nivel mundial, ya que afecta sus intereses particulares y el lucro que hacen a costa de la salud, el ambiente y los derechos colectivos de millones de personas”.

El documento legislativo subraya que la Cofepris, el Conahcyt, la Semarnat, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural “están trabajando incansablemente para promover prácticas agroecológicas o con uso intensivo de mano de obra, que resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente, no obstante enfrentan la oposición y resistencia de los grandes agroempresarios”.

Agregó que con el objetivo de salvaguardar la salud, promover un medio ambiente sano y garantizar la seguridad y autosuficiencia alimentaria, el gobierno federal está obligado a desarrollar y escalar acciones para sustituir gradualmente el uso del glifosato en territorio nacional, cuyo plazo establecido para la sustitución del glisofato vence el 31 de marzo del próximo año.

El Congreso señaló que el exhorto al Poder Judicial Federal se da en el marco del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en pleno respeto a sus funciones jurisdiccionales, con el propósito de que consideren el bienestar común sobre los intereses de las trasnacionales y observen los estudios de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).