La reelección de legisladores
La reelección de los servidores públicos es un tema recurrente en la historia política de México. Desaparece o aparece con vista a fortalecer o debilitar a actores políticos determinados.
También se ha recurrido a la no reelección legislativa para debilitar a grupos políticos que entran al ejercicio del poder sin contar con la anuencia de quienes, en determinado momento, detentan el poder formal o de hecho.
En el texto original de 1917 era factible la reelección indefinida de los legisladores al Congreso de la Unión; ello permitió el surgimiento de líderes políticos que por sí gozaban de influencia ante los poderes centrales y de poder dentro de sus respectivas entidades: los grandes caciques o líderes del México postrevolucionario se dieron al amparo de la reelección: Gonzalo N Santos, Jorge Prieto Laurens y Tomás Garrido Canabal son ejemplo. Ellos, por gozar de autoridad propia, eran insumisos.
Aurelio Manrique, un diputado federal, en 1928, al estar el todopoderoso Plutarco Elías Calles dando lectura a su último informe presidencial, se atrevió a gritarle asesino. Jorge Prieto Laurens, el 1º de septiembre de 1923, al contestar el informe del presidente Álvaro Obregón, en su cara, pues no se lo mandó decir, le reprochó: “… los excesos demagógicos de la política agraria y obrerista del régimen, la falta de seguridad y garantía que afectaban a la producción; las sistemáticas intromisiones del Centro en las cuestiones electorales de los municipios y los estados; la prematura campaña para la sucesión presidencial…” (El Universal, 8 de diciembre de 1977). Ante esos y otros malos ejemplos, había que someter a los miembros del Congreso de la Unión e impedir que se sintieran libres y soberanos.
En abril de 1933, a instancias del Jefe Máximo, para debilitar a los legisladores miembros del Congreso de la Unión y a éste mismo, se aprobó una reforma constitucional que dispuso:
“Artículo 59. Los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión no podrán ser reelectos para el periodo inmediato”.
Fue una jugada de ligas mayores; esas únicamente las hacían Elías Calles, Cárdenas, Ruiz Cortines y Reyes Heroles. La prohibición callista estuvo vigente durante 81 años.
Ante la fuerza que había tomado la oposición: PAN y PRD y el debilitamiento de la clase gobernante identificada con el PRI, cuando éstos regresaron al poder, para fortalecer a sus líderes, permitirles subsistir en un medio político competido y tratar de recomponer sus cuadros políticos, se restableció la reelección de los legisladores; ése es el trasfondo de la reforma de 2014 que la permitía; el texto, ahora derogado, disponía:
Artículo 59. Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.
También se dispuso que esa reforma sería aplicable a los legisladores que resultaran electos a partir de 2018.
Al asumir el cargo de presidenta de la República la señora Sheinbaum se enteró de que muchos legisladores pretendían seguir rindiendo pleitesía y honores a su antecesor; que sólo con regaños y amenazas, y de mala gana, aprobaban las iniciativas que presentaba. Ante ese panorama de desobediencia, en una segunda hipótesis, alguien aconsejó debilitar a los legisladores a través de prohibir su reelección y limitar el nepotismo. Ese pudo haber sido el trasfondo que explica la reforma de 1 de abril pasado.
La reforma constitucional está encaminada a limitar la acción de los grupos de poder que Morena heredó del viejo PRI, a neutralizar la acción de los clanes de poder que ante de la caída del PRI actuaban de manera independiente o de políticos de Morena que, a base de reelegirse, llegaron a tener presencia en el nivel nacional.
En el primer grupo, los clanes de expriistas están, en primer lugar, los Monreal; después los Yunes, los Murat, entre otros.
En el segundo grupo están los clanes de Salgado Macedonio, los Batres y demás.
En el tercer grupo están los clanes femeninos: los de Olga Sánchez Cordero, el de las hermanas Alcalde y demás.
Con la no reelección y la que prohíbe el nepotismo se ha fortalecido la posición política de la actual presidenta y de su grupo más cercano y, como consecuencia, debilitado la posición de políticos, caciques y clanes que consideraban tener vida propia y al margen de la voluntad presidencial.
Quienes a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional aspiren a alcanzar algún cargo de elección popular, ya saben con quién hay que quedar bien, mostrarse dócil o agacharse.
Mientras la reforma constitucional no entre en vigor, la no reelección se amarrará a través de poner candados a las candidaturas en los estatutos de Morena y de los partidos satélites.
Salgado Macedonio, por más que quiera, no podrá saltar las barreras que se incorporen en los estatutos de Morena. A lo que más podrá aspirar es a que llegue a la gubernatura del estado de Guerrero, en sustitución de su hija, alguien que le deba el cargo, que esté sumiso a su autoridad y que, de vivir para mediados de los años treinta, esté anuente a entregarle la gubernatura. No le conviene que llegue a ella alguien que tenga personalidad política, ascendiente dentro de su entidad, que sea independiente o que cuente con el apoyo del gobierno federal. Ante la prohibición de que se reelija como senador, tendrá que optar por aspirar a una embajada, es de desearse que para ese entonces estén vacantes las de Indonesia, Sudán o Etiopía. No creo que le interese ser representante de México ante la Santa Sede ni que ésta, llegado el caso, dé su beneplácito.
En su momento habrá que enfrentar otro problema: impedir la existencia y acción de algunos grupos que al poder público unen el dinero, como los formados por los Amlitos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Rocío Nahle, entre otros; a ellos se les guisa aparte; por ser hombres y mujeres de negocios, su existencia y actuación no es susceptible de ser limitada a través de la reforma constitucional que prohíbe el nepotismo y la no reelección.
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