Alondra, niña asesinada en Oaxaca, fue buscada por su familia no por las autoridades

Alondra, la niña del municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero asesinada en una comunidad vecina del estado de Oaxaca, fue buscada por sus familiares y no por las autoridades después de su desaparición.
El cuerpo de Alondra fue encontrado en estado de putrefacción en la comunidad de San Juan Bautista Lo de Soto, colindante a esta región de la Costa Chica de Guerrero con Oaxaca.
De acuerdo a las autoridades del ayuntamiento de Cuajinicuilapa, Alondra acudió a una pelea de gallos el sábado 9 de abril a las ocho de la noche.

Las riñas de combate entre gallos es visto en esta zona afromexicana como un deporte al que acuden familias.
La versión de los familiares de la menor indica que Alondra fue a una actividad religiosa con motivo del inicio de la Semana Santa.
San Juan Bautista Lo de Soto, Oaxaca está a 30 minutos de distancia de Cuajinicuilapa que también es una zona de afromexicanos.

El reporte oficial del ayuntamiento de Cuajinicuilapa asegura que los familiares nunca hicieron la denuncia sobre la desaparición de la menor de edad en la dirección de seguridad pública del ayuntamiento.
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Las autoridades señalan que fueron los familiares de Alondra los dijeron que ella fue hallada en estado de putrefacción en San Juan Bautista de Lo de Soto.
La Fiscalía General de Oaxaca integró una averiguación previa por el delito de feminicidio.
La menor de edad vivía en la calle Río Churubusco, en la colonia Vicente Guerrero, en Cuajinicuilapa.
A petición del grupo de ciudadanos gestores de esta localidad las autoridades del ayuntamiento donaron el terreno del panteón donde ayer miércoles a la una de la tarde fue sepultada.
La familia de la menor de edad es de escasos recursos económicos.
A través de páginas oficiales la gobernadora Evelyn Salgado y las autoridades del ayuntamiento de Cuajinicuilapa condenaron el feminicidio de la menor de la menor de edad.
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«A nombre del gobierno del estado condeno de manera enérgica el feminicidio cometido en la región de la Costa de Oaxaca en contra de una menor originaria del municipio de Cuajinicuilapa».
«He pedido a la Fiscalía de Guerrero que de manera respetuosa coadyuve con su homóloga de Oaxaca en las investigaciones con perspectiva intercultural y de género», escribió la mandataria estatal.
Van 26 mujeres asesinadas en este 2022
Marina Reyna Aguilar, presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, exigió que el feminicidio de Alondra no quede impune como han quedado decenas de casos en Guerrero, uno de los 18 estados que a nivel nacional cuenta con Alerta de Violencia de Género. En el caso de Guerrero hay dos alertas.
Dijo que resulta inaceptable que las autoridades del ayuntamiento de Cuajinicuilapa hayan publicado en su reporte policiaco que la menor de edad desaparecida y asesinada se «dedicaba a la vagancia».
«Las autoridades de Cuajinicuilapa están justificando su incapacidad para dar respuesta a las acciones de protocolos que deben de poner en marcha cuando hay denuncia de la desaparición de una persona en este caso de la menor de edad», denunció.
«Se están justificando como diciendo es que Alondra dio pie a que le pasara eso, o sea, las mujeres tenemos que actuar de cierta forma para que no nos pase nada, no, todas las mujeres debemos de tener la misma seguridad», lamentó.
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La activista dijo que con esa opinión que publicó el ayuntamiento de Cuajinicuilapa está diciendo que la culpa de su desaparición y asesinato la tuvo Alondra.
Los tres niveles de gobierno deben de asumir su responsabilidad de proteger a las mujeres y a las niñas.
«No lo están haciendo el gobierno estatal, federal y municipal porque es muy fácil echar la culpa y de esa manera evaden su responsabilidad», criticó.
Reyna Aguilar afirmó con el caso de Alondra ya van 25 asesinatos de mujeres con características de feminicidio en lo que va de este año en Guerrero.
A siete meses de que los 81 alcaldes de esta entidad asumieron el cargo no en todos los ayuntamientos han instalado de los sistemas de atención, prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres.
La Ley 553 que prevé acciones de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia establece que después de que una autoridad municipal asuma el cargo debe de instalar estos protocolos.
«Pero muchos alcaldes y alcaldesas de Guerrero no los han instalado estos protocolos pese a que ya tienen siete meses en el puesto», acusó Reyna Aguilar.
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