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CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El 16 de junio, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, presentó un plan que busca regularizar la situación de personas que habitan viviendas de forma irregular. La iniciativa contempla evitar desalojos y ofrecer un esquema de renta con opción a compra, aplicable únicamente en casos donde no exista denuncia por allanamiento, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación.
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Esquema sin desalojos
Romero Oropeza informó que, al 13 de junio, se censaron 168?mil viviendas con irregularidades, de las cuales 145?mil están ocupadas de forma irregular y 23?mil se encuentran deshabitadas o vandalizadas. La instrucción, extendida por la presidenta Claudia Sheinbaum, es evitar desalojos violentos y dialogar con los ocupantes.
Detalló que quienes ocupan una vivienda sin título podrán formalizar su estancia mediante un contrato de arrendamiento con opción a compra, siempre que cumplan con el proceso establecido y no exista impedimento legal.
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Excepción por denuncias
El 17 de junio, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, precisó que este programa no será aplicable si existe una carpeta de investigación o denuncia por allanamiento o despojo. En dichos casos, prevalece el derecho a la propiedad y no se podrá acceder al esquema.
Rodríguez señaló que “ninguna autoridad puede pasar por encima de una denuncia donde hay un propietario”, y propuso que el programa incluya explícitamente esta limitación para evitar conflictos legales.
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El programa, denominado Regeneración Comunitaria Infonavit, contempla acciones para rehabilitar, ampliar o demoler viviendas en mal estado. Se coordina con empresas privadas que actúan como coinversores en zonas con alta concentración de viviendas irregulares. Su objetivo es reinsertar estas casas al mercado secundario y mejorar el entorno urbano.
También se busca reconfigurar el uso del suelo en áreas con deterioro urbano y promover el desarrollo económico local, mediante la recuperación de vivienda social en polígonos de actuación previamente identificados.
Alcance y metas
De acuerdo con cifras proporcionadas por Romero Oropeza y citadas por Centro Urbano, al 13 de junio se contabilizan 843?mil viviendas “emproblemadas” en el país. Esta categoría incluye casas abandonadas, vandalizadas, invadidas o con pagos detenidos. De ese total, el programa piloto opera actualmente en 168?mil casos.
El titular del Infonavit señaló que el esquema contempla también la posibilidad de que los propietarios originales puedan recuperar sus viviendas si así lo deciden, en caso de que se regularicen antes del traspaso legal. Además, informó que se han interpuesto 150 denuncias ante la Fiscalía General de la República por irregularidades detectadas en estos procesos, y se han dado de baja a 22 empleados por presunta corrupción.
Contexto mayor
La iniciativa forma parte de una estrategia nacional que incluye la recuperación de 600?mil viviendas abandonadas, anunciada por la presidenta Sheinbaum en mayo pasado. El objetivo es reducir el déficit habitacional que, según estimaciones oficiales, supera los 9?millones de hogares.
Como parte de la reforma a la Ley del Infonavit, se estableció un esquema de arrendamiento social con opción de compra para trabajadores que no han ejercido crédito y cumplan con al menos 10 años de cotización.
Implicaciones y retos
Organizaciones especializadas y académicos coinciden en que los programas de regularización ayudan a prevenir desalojos forzosos y ofrecen mayores certezas legales a las personas que residen sin título. Según un documento del área de la Cátedra UNESCO en Derechos Humanos de la UNAM, al fortalecer la tenencia legal se protege a los ocupantes de amenazas como el desplazamiento forzoso y se consolida su seguridad jurídica.
Además, defensores del derecho a la vivienda señalan que este tipo de estrategias puede facilitar el acceso progresivo a servicios básicos y fomentar la integración urbana en zonas marginadas. Sin embargo, advierten que será necesario vigilar la actuación de intermediarios privados para evitar abusos, así como asegurar que los procesos de regularización no vulneren los derechos de propietarios originales.
Especialistas en vivienda estiman que el reto será coordinar el modelo de recuperación, garantizar procesos judiciales claros y equilibrar la atención a la demanda habitacional con el respeto a los derechos previamente adquiridos.
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