CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Profesores de la Universidad de Harvard presentaron una demanda para bloquear la revisión del gobierno sobre casi 9 mil millones de dólares en contratos federales y subvenciones otorgadas que recibe esa institución educativa.
Mientras la administración Trump argumenta que intenta combatir “el antisemitismo en los campus universitarios”, por las protestas proPalestinas que se han llevado a cabo en esa y otras universidades; los académicos afirmaron en la demanda que la revisión del magnate es con el objetivo de socavar ilegalmente la libertad académica y la libertad de expresión.
La demanda fue presentada el viernes 11 de abril en un tribunal federal de Boston, Massachusetts por el capítulo de la Facultad de Harvard de la Asociación Estadunidense de Profesores Universitarios (AAUP, por sus siglas en inglés), una organización nacional fundada en 1915 para promover la libertad académica y que funciona como el brazo nacional de la organización académica.
El gobierno de Trump ha amenazado la financiación federal de varias universidades de élite, como Columbia y Harvard, por las protestas en favor de Palestina en sus campus, así como por los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) y las políticas de respeto a las personas transgénero.
El 31 de marzo, los Departamentos de Educación, Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, junto con la Administración de Servicios Generales de ese país, dijeron que estaban revisando 255.6 millones de dólares en contratos entre Harvard, sus filiales y el gobierno federal, junto con 8 mil 700 millones de dólares en compromisos de subvenciones plurianuales.
En una carta posterior, esos organismos exigieron a Harvard que cumpliera numerosas condiciones para seguir recibiendo fondos federales, entre ellas prohibir el uso de cubrebocas, eliminar los programas del DEI, así como aceptar cooperar con los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Muchos manifestantes propalestinos han llevado cubrebocas durante las manifestaciones. La carta también decía que Harvard debe revisar y hacer cambios en los programas y departamentos que “alimentan el acoso antisemita” y responsabilizar a los estudiantes de las violaciones de la política.
“La Primera Enmienda no permite que los funcionarios del gobierno utilicen el poder de su cargo para silenciar a los críticos y suprimir el discurso que no les gusta”, dijo Andrew Crespo, profesor de derecho de Harvard y asesor general del capítulo AAUP de la universidad en un comunicado, informó Reuters.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, que defiende las políticas de la administración en los tribunales, no respondió el sábado a una solicitud de comentarios de la agencia Reuters. La Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts, tampoco quiso hacer comentarios.
La respuesta del profesorado de Harvard sucede después de que, ante la presión de Donald Trump, la Universidad de Columbia, Nueva York, aceptó una serie de reformas impuestas por el gobierno, incluyendo cambios en su departamento de estudios sobre Medio Oriente, restricciones a las protestas estudiantiles y una nueva definición de antisemitismo.
La decisión se tomó bajo la amenaza de perder miles de millones de dólares en financiamiento federal y ha generado fuertes críticas de académicos y defensores de la libertad de expresión.
Olga Pellicer, diplomática mexicana, publicó recientemente en Proceso que las protestas de 2024 en numerosas universidades contra la guerra de Gaza, a través de todo Estados Unidos, hicieron surgir las profundas diferencias entre los grupos consolidados en torno a Trump y las universidades.
Además de las amenazas al financiamiento, varias universidades informaron a principios de abril que algunas de las visas de sus estudiantes internacionales están siendo revocadas inesperadamente, en relación con sus posturas políticas.
El pasado 11 de abril, una jueza federal determinó proceder con la deportación de Mahmoud Khalil, un activista propalestino que, en 2024, siendo estudiante de posgrado, lideró las protestas en Columbia contra los ataques israelíes en Gaza. El joven no ha sido acusado de ningún delito.
Khalil nació en un campo de refugiados palestinos en Siria, tiene ciudadanía argelina y logró obtener su residencia permanente en Estados Unidos el año pasado; su esposa es ciudadana estadunidense.
“Mahmoud fue objeto de una farsa del debido proceso, una flagrante violación de su derecho a una audiencia justa y el uso de la Ley de Inmigración como arma para reprimir la disidencia”, declaró su abogado, Marc Van Der Hout, en un comunicado tras la audiencia del 11 de abril. “Esto no ha terminado y nuestra lucha continúa”.
En un caso separado en Nueva Jersey, el juez federal Michael Farbiarz, bloqueó la deportación de Khalil, mientras considera la alegación de que el arresto del joven violó la Primera Enmienda.
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