La impartición de justicia como una mercancía

Tal como lo esperábamos, el proceso para elegir ministros, magistrados y jueces federales se inició pleno de frivolidades, promesas políticas, ofrecimientos de favores a gremios y de reconocimiento de compromisos partidistas.

En los candidatos se observó ausencia de conocimiento del Derecho, de ponderación, serenidad e imparcialidad, cualidades que deberían caracterizar a quien juzga. Todo eso se vio en un ejercicio electoral que apenas comienza.

Asistimos, antes de tiempo, a un mal Buen Fin; a un pésimo principio: muchas ofertas, pocos compradores, escasas promociones, nula calidad de la mercancía y no poco derroche de recursos. Parecía un mercado de baratijas chinas.

El domingo 30 y el lunes 31 de marzo los medios enfocaron su atención en algunas de las candidatas a ministras de la Suprema Corte de Morena, aquellas que, como políticas en campaña, ante la pasividad y complacencia, que llega a los límites de la complicidad criminal de las autoridades electorales, concretamente del INE, se hallan en campaña desde hace unos meses, se comprometieron a proteger o salvaguardar los intereses de los sectores que les brindaron su apoyo en su campaña en procuración de los votos ciudadanos.

En los actos a los que comparecieron y en los que intervinieron indebidamente ofrecieron favorecer los intereses de los gremios y de sus agremiados. También mostraron simpatías por sus causas y demandas populares.

Lo anterior, a no dudarlo, de resultar electas, las obligará a excusarse de conocer de los negocios en los que los gremios que les dieron acogida tengan injerencia. Me atrevería a afirmar que también deberían excusarse cuando este de por medio algún interés relacionado con los agremiados en particular.

Juristas serios y conocedores, al parecer, no abundan en Morena. Los pocos que lo son y que se inscribieron para competir por los cargos puestos a la venta, conscientes de que el servicio de impartir justicia no es una mercancía susceptible de ser ofrecida al mejor postor, se han inhibido de entrarle al juego de la oferta y la demanda. No saben cómo venderse al público elector con el fin de que los ciudadanos los compren con su voto; sin tener que prostituirse o de poner en oferta lo que no es vendible. 

Pese a que el INE, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley, ha prohibido a los servidores públicos intervenir en el proceso electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum, que se entiende que protestó guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan, que debería ser una autoridad de buena fe, sigue interviniendo en el proceso electoral bajo el argumento de no haber sido notificada oficialmente.

La presidenta, siguiendo a AMLO, es formalista cuando conviene. En cambio, quienes escribimos en los medios, pese a no haber sido notificados oficialmente de las limitantes, en respeto de lo mandado por la autoridad electoral, nos abstuvimos de intervenir en el proceso electoral en la etapa de veda.

En el primer día de campaña vimos como las candidatas se vendían por su simpatía, servicio a la causa morenista y, el colmo del ridículo, hasta por su belleza.  Buena la hicieron esos que dicen gobernar para el bien del pueblo, al poner a la venta y al mejor postor algo que no debiera estar en el mercado y sujeto a las leyes de la oferta y la demanda: la justicia.

En su oportunidad dijimos, y ahora reiteramos, que las elecciones no son una buena vía para hacer llegar a la Corte, a los tribunales y juzgados, juristas idóneos, conocedores e imparciales. Al afirmarlo no fuimos originales. Ya lo había dicho, y con autoridad, don Emilio Rabasa EstebanelI, el más grande constitucionalista que ha dado México. Él, en su obra La Constitución y la dictadura, publicada en 1912, afirmó:

“No es raro tropezar en las discusiones verbales con este desatinado silogismo: todo poder público dimana del pueblo (Artículo 39 de la Constitución); el Judicial es un poder público, (Artículo 50); luego los ministros de la Corte deben ser designados por elección popular. Con la misma lógica debería exigirse la elección de los magistrados de circuito y los jueces de distrito, que forman parte del Poder Judicial según el artículo 90. Pero lo cierto es que tan falsa es la teoría de la Constitución, como vicioso el silogismo que la hace decir lo que no se propuso.

“Esta forma de nombramientos de los ministros de la Corte, ni es una necesidad lógica, ni puede racionalmente llevarse á la práctica, y si se pudiera, conduciría á los peores resultados. La teoría la reprueba, porque la elección popular no es para hacer buenos nombramientos sino para llevar a los Poderes públicos funcionarios que representen la voluntad de las mayorías, y los magistrados no pueden, sin prostituir la justicia, ser representantes de nadie, ni expresar ni seguir voluntad ajena ni propia.

“En los puestos de carácter político, que son los que se confieren por elección, la lealtad de partido es una virtud; en el cargo de magistrado es un vicio degradante, indigno de un hombre de bien. En la lucha electoral de diputados, senadores y presidente de la República, los elegidos por la mayoría triunfante adquieren para con ésta las obligaciones que contiene el credo del partido o la plataforma aceptada; la designación del juez no debe imponerle obligación que no está en las leyes, ni compromisos con sus electores; porque para la administración de justicia no puede haber diversidad de programas, ni deben existir intereses o tendencias antagónicos que dan vida a los partidos.

“El pueblo, cuando tiene educación cívica, es idóneo para escoger a los hombres que deben representarlo o gobernarlo, porque las condiciones de los candidatos son ostensibles, están al alcance de los electores, son precisamente populares y de aquellas que se exhiben por los candidatos mismos; pero ese pueblo no tiene a su alcance las virtudes de los hombres hechos para la magistratura y es incapaz de apreciarlas; el hombre probo, sereno, estudioso y de profundos conocimientos en ciencias jurídicas, no obstante estas casualidades a la vistas de las masas y es esencialmente impopular.

“Toda elección para funciones políticas va precedida de la campaña electoral en que el candidato se exhibe, combate a sus adversarios, promete sobre un programa y encabeza a sus partidarios; la campaña electoral de un candidato a magistratura no tendría sobre qué fundarse, salvo que tomara el tema de elogiar sus propias virtudes, su ilustración y su independencia de carácter; tal campaña sería vergonzosa y ridícula en un hombre que no ha de tener la rectitud por resumen de sus deberes en el cargo.

“La elección popular no se realiza en ningún país del mundo sino por partidos organizados; es inútil soñar con el sufragio espontáneo de cada elector por la inspiración propia, que haría, además, imposible la reunión de una mayoría absoluta.

“Si los partidos luchan en la elección de magistrados, éstos tendrán siempre carácter y compromisos políticos incompatibles con la serenidad y neutralidad requeridas en sus funciones. Pero aun suponiendo hacedera la elección sin partidos, caemos en otra imposibilidad que ha retraído a los países cultos de aplicarla a los magistrados: los cuerpos colectivos, como las Cámaras, se forman de miembros designados aisladamente por circunscripciones cortas; aun bajo el sistema de escrutinio de lista (sólo posible en pueblos muy adelantados), si es verdad que se designa a un grupo de diputados á la vez, la elección no es nacional, sino de circunscripción (…)” (páginas 265 y 266, en la edición de 1912).

He transcrito extensamente lo afirmado por el gran constitucionalista don Emilio Rabasa, por razón de lo oportuno de sus opiniones y por cuanto a que, 38 años después de su muerte, tuve el privilegio de servir la cátedra de Derecho Constitucional que él fundó en la Escuela Libre de Derecho.

Pese a lo anterior, López Obrador, al final de su sexenio, por razones políticas y, concretamente, por un ánimo revanchista y con el propósito de someter al Poder Judicial, que comenzaba a mostrar signos de independencia y de abandonar la política de sumisión y entreguismo a la que lo había llevado su anterior presidente: Arturo Zaldivar, hizo un último mal a la nación: destruir al Poder Judicial, tanto nacional como locales.

La impartición de justicia, por virtud del sistema de elección popular, pasará a convertirse en una mercancía a disposición de los gremios, partidos políticos, gobiernos, central y locales, caciques, líderes religiosos y hasta de la delincuencia organizada. Ellos no son hermanos de la caridad. En su momento cobrarán, con intereses, las deudas que ahora están contrayendo las candidatas y los candidatos, como se dice ahora.

No quiero imaginarme lo qué pasará, en su momento, a los candidatos triunfadores que incumplan con los compromisos que ahora están contrayendo con esos centros de poder o de influencia.

Qué harán cuando los representantes de ellos se presenten a sus oficinas a exigir que tal o cuál asunto se resuelva en determinado sentido. A qué consecuencias se enfrentarán los juzgadores en el caso de que, pese a las promesas de resolver en favor de los intereses de esos grupos, falten a sus promesas. ¿Saldrán a la luz los compromisos contraídos y las pruebas de los apoyos que les brindaron?

El sistema de elección de los jueces es a todas luces peligroso, irrealizable y costoso. Todos los días del año estaremos ante farsas de procesos electorales en todo el país para cubrir las vacantes que se presenten.