Por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló hacer públicos los nombres de servidores públicos del Sistema Penitenciario Federal, entre ellos su titular, Hazael Ruiz Ortega, al desechar una impugnación de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
En la sesión de este martes, el Máximo Tribunal resolvió un recurso de revisión en materia de Seguridad Nacional, en contra de la resolución del recurso de revisión RRA 6339/22-BIS, dictado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) del 20 de septiembre de 2023.
En su proyecto, el ministro ponente, Luis María Aguilar, detalló que, por las funciones realizadas, no se pone en riesgo la seguridad nacional al hacer públicos los nombres requeridos por un particular en una solicitud de información, por lo que se declara infundado el recurso y se confirma la resolución del INAI.
Se solicitó al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), hacer públicos los nombres de los titulares de la Dirección General de Administración y de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, así como del personal de ambas áreas y de su titular, el comisionado Ruiz Ortega.
También se deben publicar la identidad del personal adscrito al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, “Se propone declarar infundado el agravio, atendiendo a que las atribuciones de estas áreas del Órgano Desconcentrado no llevan a cabo funciones que puedan poner en peligro la seguridad nacional”, planteó el ministro Aguilar Morales.
En su proyecto, agregó, hay otros casos de funcionarios cuyos nombres se hicieron públicos, por parte de la autoridad, en el momento en que se hicieron los nombramientos.
“Se propone declarar infundado el argumento respectivo, toda vez que al menos el nombre del servidor público y su fotografía ya son de conocimiento público, pues la propia página de internet oficial de la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó la noticia de su nombramiento”, explicó.
En la discusión, la ministra Loretta Ortiz Ahlf, se pronunció en contra del proyecto, asegurando que sí se pone en riesgo la seguridad nacional, al darse a conocer la identidad del personal de las prisiones federales.
“Considero que revelar la información relativa a los servidores públicos antes mencionados, sí podría afectar la coordinación interinstitucional del OADPRS, al grado de vulnerar el Sistema Penitenciario Federal y, con ello, la seguridad nacional»
“Pues aquellos servidores públicos podrían ser objeto de coacción y violencia en su persona y familia por parte de la delincuencia organizada, con el objeto de obtener información sobre el personal sustantivo del Órgano Administrativo y las características de su capacitación y adiestramiento, y, en consecuencia, de la capacidad de reacción en los Centros Federales de Readaptación Social”, afirmó la ministra Ortiz Ahlf.
Fuente: excelsior
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