CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal instruyó el regreso de Rafael “N”, conocido como “El Niño de Oro” y señalado como presunto líder del Cártel de Sinaloa en Morelos, al Centro de Reinserción Social de Cuautla, tras haber permanecido un periodo en el penal de Atlacholoaya, informó Miguel Ángel Urrutia Lozano, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado.
El traslado obedece a una resolución judicial emitida luego de que el imputado fuera originalmente recluido en Cuautla tras su captura el pasado 19 de marzo en Atlatlahucan, durante un operativo conjunto entre fuerzas estatales y federales. En el lugar también fueron detenidas cinco personas más, entre ellas su hermana y una mujer de nacionalidad colombiana.
Rafael “N” enfrenta una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado y es investigado por su posible participación en diversos delitos de alto impacto. Autoridades lo identifican como el principal operador del grupo criminal en la región, con vínculos con otros perfiles señalados en investigaciones oficiales, como Júpiter “N”, alias “El Barbas”.
De acuerdo con Urrutia Lozano, el retorno al penal de Cuautla se acompañó de un reforzamiento de medidas de seguridad, incluidos operativos internos, decomisos de teléfonos celulares y revisión de expedientes. “Se está dando seguimiento puntual al caso desde la Mesa de Coordinación para la Paz”, indicó.
En paralelo, el funcionario informó sobre la aparición de una manta en Cuernavaca, donde un grupo criminal se deslinda de diversos delitos y atribuye responsabilidades a otra célula. Algunos de los nombres mencionados corresponden a personas actualmente detenidas o bajo investigación.
Respecto al penal de Cuautla, Urrutia Lozano reconoció que, si bien se han intensificado los controles, persisten vacíos legales que impiden sancionar a custodios que portan dispositivos móviles. Añadió que ya se integran carpetas por estas irregularidades y que se trabaja en la formación de una nueva generación de custodios.
“Estamos enfrentando prácticas que deterioran la operación institucional y favorecen esquemas de corrupción, como el cobro por ingreso de alimentos”, señaló.
Las acciones implementadas en los centros penitenciarios son evaluadas e informadas de manera quincenal como parte de la estrategia institucional de seguimiento.
Cortesía de Proceso.
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