Representantes de las comunidades Mazahua, Mixteca Baja y Otomí avecindados en San Luis Potosí solicitaron el amparo de la justicia federal para que se reponga el proceso implementado por el Congreso del Estado que culminó con la reelección por mayoría de las y los diputados de la ombudsperson Giovanna Iztel Argüelles Moreno, ya que consideran fueron vulnerados sus derechos al no emitir una Convocatoria en lenguas maternas y por lo tanto no garantizaron la participación indígena incluso ni en el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos “Samuel Ruiz“, el Juzgado Sexto de Distrito admitió el recurso y el Congreso del Estado tiene hasta el 29 de mayo para presentar un informe y en dado caso de que se compruebe que sí hubo omisiones que dejaron en estado de indefensión a los pueblos y comunidades indígenas, ordenará al Poder Legislativo la reposición del proceso para elegir titular de la CEDH y su Consejo Ciudadano.
Narciso Mendoza López, respresentante de la comunidad Mixteca Baja avecindada en la capital potosina sostuvo que históricamente han sido marginados por los gobiernos y han tenido que recurrir a los recursos legales para obligar a que sean tomados en cuenta:
“Este último hecho que pasó violenta totalmente nuestros derechos humanos a la participación con la elección de la presidenta Giovanna Argüelles, no sacaron la Convocatoria en nuestra lengua aún cuando en San Luis Potosí el artículo Noveno donde se habla que cualquier iniciativa tiene que traducirse en nuestra lengua, nos tienen que consultar y en este caso el Congreso del Estado olvidó que existen pueblos y comunidades indígenas”, indicó.
Juana Francisco Juan, representante de la comunidad Otomí, aseveró que las y los diputados de San Luis Potosí no tomaron en cuenta de que la Convocatoria y todo el proceso debió de haber sido traducido a las diversas lenguas:
“Porque nosotros no queremos que se pierdan nuestros usos y costumbres, que la lengua no se pierda, porque podemos entender todas las necesidades, tenemos que consultar a nuestras comunidades, a nuestros jóvenes y de la tercera edad , eso es algo que ellos no cumplieron y nosotros no queremos que se pierda”, apuntó.
Durante el anuncio también estuvieron presentes Joaquín Martinez, de la comunidad Mazahua y Catalina Torres Cuevas, defensora de la población discapacitada.
LA
Cortesía de El Heraldo de México.
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