CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El Poder Judicial de la Ciudad de México arrastra una crisis que se remonta a la pandemia de covid-19, situación que lejos de mejorar, se agravó en los últimos años por la reforma judicial, el paro laboral de trabajadores del Tribunal Superior de Justicia capitalino y la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Actualmente el sistema opera bajo una fuerte sobrecarga, con personal rebasado, expedientes acumulados y una ciudadanía que enfrenta obstáculos crecientes en su acceso a la justicia.
A ese escenario se suma un nuevo factor de incertidumbre: los cambios que podrían generarse tras la elección de este domingo 1 de junio, en la están en juego los equilibrios políticos que inciden directamente en el funcionamiento del aparato judicial.
El estado en el que se encuentra el Poder Judicial de la capital del país responde a una serie de decisiones institucionales que han profundizado los rezagos causados por la pandemia. Se trata de la Reforma al Poder Judicial, sumada a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que ocasionó aún más acumulación de trabajo, el traslado masivo de expedientes y una sobrecarga crítica para el personal.
Las protestas laborales, los señalamientos por falta de condiciones mínimas de trabajo y los obstáculos que enfrentan tanto abogados de oficio como del sector privado muestran un sistema que opera al límite, cuya crisis afecta directamente a quienes buscan ejercer su derecho humano a la impartición de justicia.
En entrevista con Proceso, el titular del despacho jurídico Larrea Sánchez Jasso y Colón; Luis Sánchez Corral, ofrece un análisis cronológico del deterioro que ha observado en el Poder Judicial capitalino durante los últimos cinco años.
Para empezar a hablar de la problemática, recuerda que la pandemia (2020-2023) ocasionó un atraso en la resolución de expedientes dentro de los juzgados. Entonces –explica con una metáfora–, el Poder Judicial es con una maquinaria que se dañó por el freno de actividades que impuso la emergencia sanitaria: “Las piezas embonan perfectamente y seguían girando, se detiene esa maquinaria, el aceite se va para abajo y cuando la quieren volver a echar a andar, pues están los engranajes por allá y por allá”.
Reconoce que con el fin de la amenaza sanitaria la situación en los juzgados comenzó a avanzar, pero de inmediato señala que el ritmo se interrumpió una vez más en 2024 por el paro laboral de casi tres meses que realizaron los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX), para protestar contra la Reforma al Poder Judicial.
La maquinaría de la que habla Sánchez Corral se “volvió a caer y pegó en muchos niveles”. En su experiencia personal como titular de un despacho de abogados, comparte que el paro laboral lo orilló a reducir al mínimo su personal y mantener un promedio de 560 asuntos abiertos, cuando antes podía manejar alrededor de 130 o 150 casos.
Lejos de mejorar, continúan presentándose obstáculos en el funcionamiento del TSJCDMX. El 17 y 18 de febrero último los trabajadores de los juzgados suspendieron sus actividades para denunciar una carga excesiva de labores, generada por la transferencia de expedientes de los juzgados que se extinguieron tras la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF).
Esta es una situación “alarmante” en la que se afecta el derecho humano de la ciudadanía para acceder a la impartición de justicia, considera Sánchez Corral. “Estoy pensando en un asunto de una señora que le sustrajeron a su hijo, llevamos dos años en que no podemos recuperar a su hijo porque cuando viene la fecha de audiencia resulta ser que está cerrado el tribunal, entonces tengo que esperar a que se vuelva a abrir el tribunal para poder volver a pedir que se señale una nueva fecha de audiencia”.
El letargo en la resolución de expedientes está directamente relacionado con la carga laboral que enfrentan los trabajadores del TSJCDMX. “Imagínese, al juez que estaba más o menos trabajando y, de repente, de la noche a la mañana, ya está manejando tres mil, cuatro mil expedientes que tiene que resolver en los términos que te marca el Código”.
El litigante añade que la carga laboral afecta a abogados de oficio, quienes se encargan de prestar sus servicios legales a las personas que no pueden permitirse un despacho privado.
“Tengo en mi expediente 40, 60 juicios para resolver al mismo tiempo, hay que ponerse a pensar qué puede hacer un abogado de oficio que tiene que resolver dos mil, dos mil 500 casos… Humanamente no es posible”.
Murallas de papel
Es cierto que los trabajadores del TSJ CDMX desarrollan sus tareas sumergidos entre torres de expedientes apilados, cualquiera puede verlo si da un recorrido por los juzgados civiles ubicados en la avenida Niños Héroes, de la alcaldía Cuauhtémoc.
En el piso ocho, entre los pasillos del juzgado 60, una mujer juega con los padrastros de sus pulgares mientras habla sobre la parálisis facial que sufrió a causa del estrés laboral que enfrenta. Se queja también de la falta de empatía que le mostraron sus jefes para abordar su problema de salud: “No hay descanso”.
Dos pisos abajo, un hombre se para y se levanta, abre y cierra cajones, va y viene de su escritorio a un archivero. Todo en una secuencia de acciones apresuradas que culminan en un lapsus de desahogo con su compañero de lado: “Nos están aventando la carrera de tres juzgados en uno, no hay espacio físico ni para acomodar los expedientes”.
Ahí, los abogados se mueven con facilidad entre jueces, taquígrafos, actuarios y secretarios. Para los defensores legales, el primer obstáculo es evitar que sus asuntos terminen entre las murallas de papel, amarillentos y alejados de los escritorios.
Para cumplir su propósito, algunos ya entablaron una relación de amistad con los funcionarios de la administración de la justicia, otros son más tímidos y esperan mientras a su alrededor se apresuran. Saben que, para que los expedientes avancen, hay que insistir, tener presencia y, a veces, algo más…
Por ejemplo, un abogado litigante anónimo le pide una libreta a su asistente y coloca uno o dos billetes dentro de ella antes de entregarla disimuladamente a un actuario judicial y retirarse sin haberla recuperado.
El representante legal baja tres pisos y entra al baño de hombres; cuando sale, lleva la libreta en la mano, ahora, sin el dinero en su interior.
Ese tipo de prácticas son recurrentes en los juzgados, tanto que es común que el dinero sea considerado como un gasto de viático para las personas que contratan servicios legales y quieren acelerar el proceso de resolución de sus casos.
Para quienes no cuentan con los recursos para pagar una mordida, es probable que esta costumbre les represente todavía más atrasos y deficiencias en su búsqueda por la justicia.
Cortesía de Proceso.
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