NUEVO VALLARTA, Nay. (apro).- En medio del desconcierto que ha provocado la iniciativa de reforma en telecomunicaciones, acusada de abrir la puerta a la censura y de favorecer monopolios como el de Carlos Slim, José Antonio Peña Merino, cabeza de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), optó por el silencio. Frente a decenas de reporteros que exigían respuestas, el funcionario se escabulló sin ofrecer claridad.
En plena 88 Convención Bancaria, posterior a participar en un panel, evadió los cuestionamientos directos de la prensa. El funcionario ni siquiera hizo el intento de mirar a los reporteros a los ojos. Sin detener el paso, contestó de forma forzada que la presidenta Claudia Sheinbaum ya había anticipado una modificación a la iniciativa, justo en esta semana en una conferencia mañanera.
“Hay conversatorios hoy en el Congreso. Creo que es un ejercicio afortunado y esperemos a ver qué sale de ahí”, dijo a Proceso, medio que preguntó si tenía algún comentario respecto a la reforma en telecomunicaciones, tomando en cuenta las crecientes inquietudes de la ciudadanía.
Peña Merino, señalado por su rol durante la pandemia al promover el uso de ivermectina en la Ciudad de México, continuó su camino mientras camarógrafos, fotógrafos y periodistas se empujaban entre sí intentando obtener una declaración más clara.
Posteriormente se encerró en una sala del complejo hotelero Vidanta, en Nuevo Nayarit, para evitar a la prensa.
Una reforma con artículo eliminado, pero no desactivada
Este 8 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que uno de los artículos más controversiales de su iniciativa será eliminado. Se trata del artículo 142 del proyecto de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una propuesta que ha sido duramente criticada por expertos en derecho y organismos internacionales.
“Se elimina ese artículo —es lo que nosotros planteamos— y que se discuta el fondo de la competencia que debe de haber en las telecomunicaciones en México, y el derecho de las audiencias y el derecho de las radios comunitarias, y el derecho del pueblo de México a una información veraz”, dijo durante su conferencia matutina.
De acuerdo con el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), la iniciativa no solo contraviene los principios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sino que también puede colocar al país en la antesala de modelos autoritarios similares a los de Venezuela o Nicaragua.
La iniciativa surgió en abril de este año, en paralelo por la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el organismo autónomo que regulaba y vigilaba la competencia en el sector.
El proyecto también sale para atribuirle funciones a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), encabezada por Peña Merino.
El IDET ha calificado esta propuesta como una amenaza directa a los principios de competencia y pluralidad que México había alcanzado. Acusa que se busca proteger monopolios, ya sean públicos o privados, y dotar al Estado de facultades de censura encubiertas bajo la narrativa de “transformación digital”.
En particular, señala que la ATDT concentrará el diseño y ejecución de políticas que constitucionalmente pertenecen a otras dependencias como la Secretaría de Economía y la Secretaría de Gobernación.
Esta concentración de poder podría generar un desequilibrio institucional sin precedentes. La preocupación más grave, según el Instituto, es que el artículo 142 habilitaba a la ATDT a censurar y bloquear información transfronteriza enviada por medios electrónicos. Una medida incompatible con el marco legal mexicano y los compromisos internacionales.
Foros de discusión… bajo presión
Ante la presión, el Senado anunció la realización de conversatorios públicos como parte del proceso de análisis y eventual modificación de la iniciativa.
Las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos convocaron a estos foros para los días 8, 13, 15, 20 y 22 de mayo.
En uno de estos espacios, la Cámara de Comercio Internacional (ICC México) se sumó a participar; su presidente, de la Comisión de Economía Digital, Miguel Calderón Lelo de Larrea, expuso un análisis detallado con ocho observaciones clave que advierten sobre los riesgos legales y regulatorios del proyecto.
Según Calderón Lelo de Larrea, el otorgamiento excesivo de facultades regulatorias a la nueva agencia representa una delegación inconstitucional de funciones legislativas. Estas competencias le corresponden únicamente al Congreso y, al conferírselas a la ATDT, se vulnera el principio de legalidad y se revierten los avances de la reforma de simplificación administrativa.
Otra preocupación destacada es el retroceso en materia de transparencia y participación ciudadana, ya que el nuevo marco normativo debilitaría los controles democráticos y eliminaría mecanismos esenciales de rendición de cuentas.
También se advierte que se abre la puerta a violaciones de la privacidad y seguridad de los usuarios, permitir que autoridades accedan a los registros de usuarios sin una orden judicial adecuada representaría una grave amenaza a los datos personales.
El ICC México ha hecho énfasis en la urgencia de establecer protocolos estrictos de encriptación y acceso legal, precisamente para evitar abusos y filtraciones.
A ello se suma la posibilidad de que la agencia pueda bloquear plataformas digitales por supuestos incumplimientos normativos. Esta facultad, además de ser técnicamente ineficaz, podría traducirse en una censura encubierta. Asimismo, la propuesta introduce una regulación ambigua en materia de publicidad digital, acompañada de sanciones que han sido calificadas como desproporcionadas por diversos expertos.
En cuanto al marco comercial, el ICC expuso que la iniciativa representa un desbalance regulatorio que viola el T-MEC. Se propone eximir a las entidades públicas con concesiones comerciales de las obligaciones regulatorias que sí deben cumplir los privados, además de permitir la asignación directa de espectro para uso comercial sin proceso de licitación. Estas medidas, indicó, son contrarias al artículo 28 de la Constitución y comprometen los tratados internacionales suscritos por México.
También hay preocupación por la incertidumbre que genera en torno al uso del espectro radioeléctrico y los procesos de interconexión. La iniciativa modifica el calendario para la publicación de tarifas e introduce la posibilidad de interconectar con redes no comerciales, lo cual genera inseguridad jurídica y pone en riesgo la eficiencia económica del sistema.
Finalmente, se señala que la iniciativa traslada funciones propias del Estado a operadores privados. A estos se les exigiría financiar el bloqueo de señales en centros penitenciarios y garantizar acceso gratuito a plataformas públicas, todo ello sin compensación alguna. Esta obligación, de no acotarse legalmente, podría interpretarse incluso como una medida de expropiación.
Cortesía de Proceso.
Dejanos un comentario:
