PUEBLA, Pue. (apro).- Aunque la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional cuestionaron las llamada Ley Censura, el gobernador Alejandro Armenta Mier sostuvo que el Congreso poblano hizo “lo correcto” con esta reforma que aseguró es para atacar ciberdelitos y no está dirigida a los medios de comunicación.
Cuestionado sobre los pronunciamientos que hicieron el miércoles las organizaciones internacionales, Armenta dijo que su gobierno busca combatir incidencias delictivas que en este caso son los ciberdelitos, igual que lo ha hecho con los feminicidios que aseguró se han reducido un 30 por ciento con su estrategia de abrir las llamadas Casas Carmen Serdán.
“Eso no veo que se pronuncie en las organizaciones internacionales de derechos humanos. Yo no he visto a la ONU hablar de cómo en Puebla disminuyó el 30 por ciento de los feminicidios. Claro, es nuestra obligación, no estamos haciendo nada extraordinario, pero disminuir 30 por ciento los feminicidios en Puebla”, reclamó.
En su rueda de prensa mañanera, el mandatario poblano dijo estar de acuerdo con el pronunciamiento que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum en contra de la censura e insistió reiteradamente que esta ley no es para restringir o censurar a los medios de comunicación.
“Que quede claro, cero censura”, recalcó, “estamos atendiendo a los niños, estamos atendiendo a las mujeres, estamos atendiendo a los grupos indígenas. Cualquier acto de represión que haya a un medio de comunicación los vamos a defender, los vamos a cuidar, los vamos a proteger. Extremo cuidado de la autoridad y en lo personal del gobernador hacia los medios de comunicación”.
“Tenemos que cumplir con nuestra obligación de proteger derechos humanos y somos el quinto estado con mayor ciberdelitos e hizo lo correcto el Congreso para regular. Hay que enriquecerla, adelante”, manifestó al recordar que toda ley es perfectible y siempre se están actualizando.
Aunque cabe señalar que esta reforma cumple sólo una semana de haberse aprobado y este jueves y viernes apenas se llevan a cabo foros ciudadanos y con expertos para analizarla y escuchar propuestas.
Armenta incluso dio a entender que las críticas que se han hecho a esta tipificación de delitos como el ciberasedio tiene un trasfondo porque está afectando intereses.
“Hay una guerra de percepción y lo entendemos. No hay inocencia ni nos estamos quejando, sabemos dónde estamos, estamos expuestos”,, expresó, “entendemos y también entendemos los trasfondos. Cuando tocas fibras, intereses sabemos, pero no pasa nada, es nuestra obligación y vamos a proteger a los niños, a las mujeres, a la población indígena”.
“Falsa narrativa”
En el mismo sentido, tomó la palabra José Luis García Parra, coordinador del gabinete y quien promovió esta reforma en noviembre de 2024, previo a pedir licencia como diputado local.
El funcionario sostuvo que “falsamente” se ha pretendido construir una narrativa de que esta ley de ciberseguridad atenta contra la libertad de expresión, al asegurar que con los cambios que están vigentes en Puebla ya no se podrá criticar o señalar a servidores públicos.
“Si un funcionario o funcionaria pública de cualquier nivel, municipal, estatal o federal, no cumple con su responsabilidad y obligación, se le puede señalar su falta de resultados, su incapacidad, su omisión, su complicidad o su corrupción en dado caso”, mencionó
“Eso no tiene nada que ver con esta ley. Debe de quedar muy claro, todas y todos los servidores públicos estamos obligados a rendir cuentas y a dar resultados”.
También rechazó que con esta ley las mujeres que se encuentra pidiendo pensión alimenticia no podrán usar redes sociales para reclamar a los deudores.
Amnistía Internacional México, organización que promueve los derechos humanos, emitió ayer una serie de mensajes en su cuenta X en los que advierte que por la ambigüedad con la que está redactada la reforma aprobada al Código Penal de Puebla, puede ser usada para coartar la libertad de expresión.
No sólo cuestionó el delito de ciberasedio, sino también otros que contempla esta reforma como espionaje digital y usurpación de identidad, al indicar que esta tipificación podría ser usada “arbitrariamente” contra periodistas, activistas y ciudadanía que disiente. “Lejos de proteger derechos, estas reformas los ponen en riesgo”, puntualizó AI-México.
Cortesía de Proceso.
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