Después de meses de estar fuera de la discusión nacional, finalmente el tema de cómo erradicar la trata de personas en México regresa al debate público.
La senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Cámara Alta, presentó este 24 de abril una reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, justo cuando el país se duele por el incremento de este crimen a partir de la pandemia.
La extitular de la Secretaría de Gobernación no se ha limitado en sus ambiciones legislativas: propone actualizar referencias al Código Nacional de Procedimientos Penales, definir como abuso de poder o daño grave las afectaciones a la familia de la víctima o a la persona a la que le tenga afecto y endurecer penas que, desde ahora, no dejan salir de prisión a tratantes.
Además, quien fuera la mano derecha del presidente Andrés Manuel López Obrador en la conducción de la política interior del país busca fortalecer estándares de seguridad, transparencia y disponibilidad de los procesos, reducir los tiempos de atención a víctimas, acelerar al acceso a la justicia y abonar al respeto del derecho a un ambiente sano.
Sus intenciones llegan en un momento crucial para el país: la sociedad se ha conmocionado con las desapariciones de niñas, adolescentes y jóvenes —como la regiomontana Debanhi Escobar, de 18 años, localizada sin vida en la cisterna de un motel de paso tras 13 días de búsqueda— y exige que, por fin, se concrete una estrategia nacional contra la violencia sexual.
Son tiempos aciagos: las autoridades mexicanas identificaron al menos a 550 víctimas de trata de personas en 2020, lo que representa un aumento del 43 por ciento con respecto a las 383 víctimas registradas en 2016, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El rostro de la explotación sexual es el de una niña o una mujer joven; el de la explotación tiene la tez de un niño o varón de entre 18 y 35 años. Y menores de edad entre 5 y 12 años están en un alto riesgo histórico de ser utilizados para prostitución forzada, pornografía, o mendicidad obligada.
En la curva ascendente de la trata de personas en México nadie está a salvo, pero el peligro es aún mayor para la población más vulnerable, como la comunidad LGBTQ+, madres solteras, indígenas y desplazados por la violencia, crisis económicas o cambio climático.
Además, urge erradicar las 15.4 millones de uniones forzadas que se realizan por dinero o coerción y que, al no ser formalmente matrimonios, son difíciles de tipificar.
Este escenario coloca a México en el tercer puesto a nivel mundial de trata con fines de explotación sexual y mendicidad de menores, sólo por debajo de Tailandia y Camboya, según A21, organización internacional que se dedica a luchar contra este delito.
A la iniciativa de ley de la senadora Sánchez Cordero no le faltan buenos deseos: se busca garantizar el acompañamiento especializado efectivo a las víctimas, resguardo de identidad, apoyo físico, psicológico y jurídico, así como la obligación a la autoridad de recibir las denuncias por cualquier medio, físico, electrónico.
Su redacción es una mejora a la ley, pero sólo podrá ser realidad si realmente se amplía el presupuesto para el combate a este delito y si hay voluntad política del actual gobierno federal y los gobiernos estatales. Sin el dinero suficiente ni una convicción enraizada en la dignidad humana, la iniciativa está destinada a quedarse en un plan de buenas intenciones.
Hace una década, la organización civil Comisión Unidos Vs. Trata hizo historia al dotar al Estado Mexicano con la legislación más avanzada en su tipo, ya que prevé una visión sobre la reparación del daño, medidas de protección integrales, oportunidad de obtener la reparación del daño a través de diversos medios, integralidad de los elementos que constituyen la reparación del daño, prevé la reinserción social de la víctima y demás derechos que permitirán a sobrevivientes y sus familias un empoderamiento efectivo.
Contiene también un catálogo de delitos diseñado bajo un esquema totalmente novedoso, porque establece delitos precedentes o determinantes con el objetivo de que se sancione no solo la trata de personas, sino también las diversas formas de explotación, retomando con ello las observaciones y trabajos preparatorios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos.
Por primera vez en México, a partir del 2012, la esclavitud, la servidumbre, la explotación sexual ajena, los matrimonios forzados y la explotación laboral serían sancionados como formas de explotación, desde la óptica de los derechos humanos.
La ley —votada unánimemente en la LXI legislatura por todas las bancadas— prevé una metodología y metas de investigación de los delitos en materia de trata de personas, a través de los cuales se busca la profesionalización del servicio y sobre todo la actuación con la debida diligencia, como lo recomiendan las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, los mecanismos de seguimiento de las Convenciones de CEDAW-2 y Belem Do Pará.
La iniciativa de ley de la senadora Sánchez Cordero no sólo retoma la esencia de esta ley histórica, sino que la actualiza y le da la importancia merecida en plena ola de desapariciones, feminicidios y el movimiento de las mujeres por una vida libre de violencia.
Además, es el inicio para saldar una larga deuda de un Estado Mexicano que se preocupó muy tarde por este tema. A pesar de la existencia de una ley general contra la trata de personas, aún persisten pendientes que nos confirman lastimosamente que el gobierno federal debe tomarse más en serio este problema.
El gobierno federal no ha implementado un Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. La última de estas estrategias de largo plazo abarcó de 2014 a 2018 en el sexenio del exmandatario Enrique Peña Nieto.
Además, desde el 2019 no se publica el informe en materia de trata que el gobierno federal está obligado a presentar cada año. Sin ese diagnóstico es imposible trazar estrategias efectivas para frenar al crimen organizado.
No hay claridad de hacia dónde va la política pública, puesto que la trata tiene distintas aristas, modalidades y víctimas; tampoco hay un planteamiento de lo que hace México a nivel América Latina para frenar los distintos tipos de trata.
Lo que sí hay, lamentablemente, es un desinterés para lograr los 32 Refugios, Albergues y Casas de medio camino que los gobiernos tienen obligación de establecer en sus estados, vacío que la sociedad civil ha atendido con altruismo y arriesgando la vida.
Si hay un tiempo inmejorable para actuar es ahora, cuando México tiene una de las tasas más altas del mundo para trata de personas. Entre 2015 y abril de 2021, se denunciaron más de 2.800 casos de víctimas de trata. Y si los casos registrados durante los primeros cuatro meses de este año continúan al mismo ritmo, México terminará 2021 con un saldo superior a las 650 víctimas, más que en cualquier año del último sexenio.
Y esas cifras se quedan cortas. Muchos casos no son denunciados por diversas razones, como la falta de confianza en las autoridades, la falta de lugares donde puedan ser protegidas las víctimas y el miedo a ser asesinado por denunciar. Como muchos otros delitos de alto impacto, la impunidad en la trata de personas ronda el 95 por ciento.
Un análisis sobre trata de personas realizado en 2019 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que, entre 2012 y 2017, el 84 por ciento de las víctimas de trata de personas fueron ciudadanos mexicanos, y más de la mitad fueron sometidos a la trata en el mismo estado en el que residían. El confinamiento al que obligó la pandemia movió a los tratantes aún más cerca de nuestras casas.
Para colmo de males, el gobierno mexicano ha “incumplido repetidamente los estándares mínimos para eliminar la trata” desde el 2004, según el Informe TIP del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Ese reporte, en su versión del 2020, halló que el gobierno mexicano “no enjuició ni condenó a ningún funcionario por complicidad en delitos de trata”, a pesar de que la la CNDH ha confirmado que funcionarios gubernamentales colaboraron con redes de trata de personas a través de funcionarios de inmigración corruptos que han falsificado documentos o han aceptado sobornos para facilitar el ingreso ilegal de víctimas al país.
Iniciativas como la de la senadora Sánchez Cordero son necesarias más que nunca en este país, pero es aún más necesario que haya intenciones reales del gobierno federal para materializarlas con presupuestos suficientes y estrategias completas.
Desde la sociedad civil decimos a la ministra en retiro y aliados en el Poder Legislativo que cuentan con nuestro apoyo y nuestra experiencia para ponerle fin a este delito, pero que también cuenten con nuestra crítica honesta, si la voluntad se degrada a buenas intenciones.
Es tiempo: hagamos historia, todos y todas contra la trata de personas ¡Unidos Hacemos La Diferencia!
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