CHILPANCINGO, Gro., (apro) .- Familiares de víctimas y organizaciones sociales pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum reabrir el caso de la masacre de 17 campesinos en Aguas Blancas, cometida por policías de Guerrero hace 30 años y la liberación del sobreviviente y preso político Antonio Barragán Carrasco.
El lunes 16 de junio, representantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), colectivos de desaparecidos, activistas, maestros y estudiantes anunciaron la jornada nacional “Aguas Blancas, 30 años de impunidad ¡Justicia y libertad para Antonio Barragán Carrasco!” del 20 al 28 de junio.
Las actividades son para visibilizar la impunidad en que se ha mantenido la masacre de Aguas Blancas y promover una campaña por la libertad de Antonio Barragán, dijeron organizadores.
Norma Mesino Mesino, líder de la OCSS, recordó que el 28 de junio próximo se cumplen 30 años de la masacre de Aguas Blancas, considerada un crimen de lesa humanidad perpetrada por el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer, con la asesoría del general Mario Arturo Acosta Chaparra y con el consentimiento del entonces presidente, Ernesto Zedillo Ponce de León.
La mañana de aquel 28 de junio de 1995, la Policía Motorizada de Guerrero, disparó en contra de un contingente de la OCSS que se dirigía hacía Atoyac de Álvarez para participar en una manifestación para pedir la presentación con vida de su compañero Gilberto Romero Vázquez y demandar insumos para el campo.
Fue la entonces presidenta municipal de Atoyac postulada por el PRD, María de la Luz Nuñez Ramos, ahora morenista, quien le habló al entonces gobernador Rubén Figueroa para pedirle el apoyo de la policía para detener a los manifestantes.
Otro de los responsables por encabezar a los policías judiciales fue José Rubén Robles Catalán, entonces secretario general de Gobierno. El poderoso exfuncionario fue asesinado el 6 de julio del 2005.
El saldo de la emboscada fue el asesinato de 17 campesinos, 23 heridos de gravedad, cientos de víctimas indirectas y familias desplazadas.
Mesino Mesino indicó que el crimen de Aguas Blancas es un hecho atroz que demostró que las prácticas del terrorismo de Estado aplicadas por el gobierno mexicano desde los setenta no se habían terminado.
Lo que ha faltado en tres décadas, dijo, ha sido justicia.
Dijo que buscan “el castigo a los autores materiales e intelectuales que perpetraron este crimen de Estado y que éste asuma su responsabilidad en cuanto a la reparación integral y las garantías de no repetición”.
Acusó que ningún gobernante de ningún partido ha mostrado voluntad para enjuiciar a los responsables de la masacre.
Por el contrario, dijo, sus compañeros que han alzado la voz para exigir justicia han sido asesinados, como sus hermanos Miguel Ángel y Rocío Mesino Mesino, además de Arturo Hernández Cardona, Luis Olivares Enríquez, Raymundo Velázquez Flores, Ranferi Hernández Acevedo y Marco Antonio Suástegui.
Agregó que los sobrevivientes de la masacre fueron perseguidos, detenidos, torturados y encarcelados con delitos prefabricados, como es el caso de Antonio Barragán Carrasco que en septiembre cumplirá 24 años encarcelado “injustamente”.
Del caso de Antonio Barragán, otros representantes de la OCSS, aseguraron que fue detenido en 2001 sin una orden de aprehensión en San Quintín, Baja California y trasladado a un penal de Morelos, donde ha sido víctima de tortura.
Uno de sus torturadores fue Eduardo Gallo y Tello, supuesto defensor de derechos humanos y subordinado del otrora secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Sobre Barragán Carrasco le pesan al menos tres sentencias que suman 110 años de prisión.
“Por no tener dinero, por no tener abogado para defenderse está ahí”, denunciaron activistas.
En la conferencia fue presentado en audio, que grabó en prisión, Antonio Barragán acerca de la masacre de hace 30 años.
“Veníamos de Tepetixtla dos camionetas llenas de integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Al llegar al vado de Aguas Blancas policías estatales nos marcaron el alto diciéndonos que nos bajáramos de la camioneta, nos bajamos rápidamente, nos tiramos al suelo pecho tierra cuando empecé a escuchar la balacera, muchos disparos fuertes y la quejadera de los compañeros, de cómo morían, se escuchaban gritos”.
“Así como estábamos pecho tierra fueron acribillados mis compañeros, rendidos, desarmados. Su misión era terminar con nuestra organización”.
El preso político también pidió en el audio a la presidenta de México Claudia Sheinbaum y a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia una audiencia para tratar su caso.
La OCSS y las organizaciones sociales presentes demandaron una mesa urgente de diálogo para atender su demanda de justicia con la presidenta Claudia Sheinbaum y con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
La libertad inmediata e incondicional de Antonio Barragán Carrasco; castigo a los autores materiales e intelectuales de la masacre de Aguas Blancas y justicia para los campesinos masacrados, así como para todos los militantes de la OCSS y de las organizaciones sociales asesinados por el Estado mexicano.
En la ronda de preguntas, Norma Mesino dijo que Aguas Blancas es un delito que no prescribe y que el gobierno de Claudia Sheinbaum debe reabrirlo y no mantenerlo en la impunidad como en gobiernos anteriores.
“Muchos de los perpetradores están en el gobierno de la 4T, estos casos de impunidad deben ser reabiertos. De esa manera estaría saldando una deuda histórica con el movimiento social”, dijo la activista.
Las actividades que comprenden la jornada nacional en la Ciudad de México son: viernes 20 de junio a las 7 de la noche, en el foro “Aguas Blancas. Verdad, justicia y castigo a los culpables”, en el edificio de la Sección 9 de la CNTE en la colonia Centro.
El sábado 21 de junio a las 11 de la mañana el Encuentro Campesino y Popular, en los Pedregales de Coyoacán.
En Guerrero el 25 de junio a las 10 de la mañana se realizará el foro “Impunidad en las violaciones a los derechos humanos. Testimonios de sobrevivientes y análisis del caso Aguas Blancas”, en el Centro de Investigación y Posgrados en Estudios Socioterritoriales de la UAG en Chilpancingo.
Y el sábado 28 de junio a las 10 horas una marcha del pueblo de Aguas Blancas al lugar de la masacre, en el municipio de Coyuca de Benítez.
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