CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por la llamada “Ley Censura”, una reforma al Código Penal aprobada recientemente en Puebla que promete combatir el “ciberasedio”, pero podría “derivar en censura encubierta y limitar gravemente la libertad de expresión en entornos digitales”, acusó.
La SIP, una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa de la libertad de expresión y de prensa con sede en Miami, Estados Unidos, se sumó así a varias figuras públicas, partidos políticos y a otras organizaciones, que han alertado que la reforma podría ser utilizada por el gobierno local para silenciar las voces críticas.
Bajo el argumento de proteger derechos personales, la denominada “Ley del Ciberasedio” establece mecanismos para que cualquier persona pueda solicitar la eliminación de contenidos digitales sin orden judicial ni revisión independiente.
La SIP enfatizó que estos mecanismos crearían “una vía rápida para censurar crítica legítima, testimonios incómodos o investigaciones periodísticas, según sus críticos”. La reforma al código penal establece penas con prisión de 11 meses a tres años.
También crea el delito de “ciberasedio” para quien, “a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional”.
El “ciberasedio” duplica el delito de “ciberacoso” que ya establece la Ley Olimpia, han señalado sus críticos. Además, la definición es ambigua y no aborda qué es una “ofensa” ni cómo se mide un “daño emocional”.
Los otros términos utilizados en la reforma abarcarían tanto difamación como opiniones críticas o denuncias periodísticas. La vaguedad de la reforma, “abriría la puerta a eliminar contenidos no por su falsedad, sino por presiones de actores con poder o intereses”, señaló la SIP.
“Ante la amenaza de eliminación arbitraria, periodistas y medios se verían incentivados a restringir sus análisis por temor a represalias, afectando la pluralidad informativa y limitando la memoria colectiva”, enfatizó la SIP.
Tras las críticas recibidas por parte de periodistas y organizaciones, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, convocó a foros para analizar la reforma, que fue aprobada de manera exprés y publicada en el Periódico Oficial del Estado. Sin embrago, la presidenta del Congreso local sostuvo que la reforma se mantendrá firme.
La SIP también recordó que la Declaración de Salta?II sobre principios de libertad de expresión en la Era Digital, aprobada en octubre de 2024, y acusó que la reforma al código penal poblano “corroe esos principios básicos”.
Por ejemplo, el Principio?4, que establece que cualquier restricción al derecho de difundir información debe “estar establecida por ley, ser sometida a revisión judicial por un poder independiente y cumplir estándares internacionales de derechos humanos”.
También el Principio?10 advierte que “suprimir o desindexar información de interés público atenta directamente contra el derecho ciudadano a informarse y preservar la memoria colectiva”, apuntó la SIP.
El presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador, subrayó que “lo que está en juego es el derecho de toda la sociedad a informarse y debatir. Esta iniciativa puede borrar del espacio público información incómoda, dañando la memoria colectiva y la rendición de cuentas.”
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM), destacó que “esta ley corre el riesgo de institucionalizar la censura por encargo… sin debate público, sin transparencia y sin defensa posible.”
Este martes 17 de junio, durante la conferencia mañanera, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, negó que el gobierno busque censurar a medios de comunicación. “Es una prioridad el respeto a las garantías individuales que vienen en la Constitución, y una de ellas es la libertad de expresión”, destacó. Y resaltó: “El gobierno de México está en contra de cualquier tipo de censura”.
Sin embargo, aprobó que el gobernador haya llamado a hacer un “análisis” y consultar a diversos sectores respecto a la ley que causó polémica.
Algunas de las organizaciones que condenaron la reforma fueron Artículo 19, la Red de Periodistas Puebla, y la organización Mujeres por Derecho, Cuidado y Vida Libre de Violencia, así como expertos en derechos humanos y ciberseguridad.
Alejandro Armenta ha sido acusado de estigmatizar, perseguir y presionar a periodistas críticos, como Rodolfo Ruiz, director de e-consulta. El 7 de abril del 2025, en una rueda de prensa, el gobernador llamó al periodista “canalla”, “cobarde” y “delincuente”, informó Proceso.
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