CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la llegada de un nuevo Poder Judicial, México enfrenta actualmente doce casos activos de arbitrajes internacionales.
Estos casos son reflejo de que ya creció la preocupación en el sector privado, señaló la International Chamber of Commerce México (ICC México).
En un posicionamiento reciente, el organismo empresarial, apoyado en datos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), detalló que México mantiene abiertos seis procesos de arbitraje relacionados con el sector minero, dos con el financiero, dos más con el energético, uno en materia fiscal y otro en telecomunicaciones.
El número de estos casos evidencia la complejidad del escenario jurídico que enfrenta el país.
“En el Comité de Arbitraje de Inversión de la ICC México vemos que estas reformas pueden cambiar las reglas del juego en sectores clave y, para los inversionistas; eso significa riesgos importantes si no se entiende cómo van a operar, ya que no todos los tratados que protegen la inversión funcionan de la misma manera”, expuso la ICC.
De acuerdo con el ICC, hay una incertidumbre jurídica creciente que puede disuadir nuevos capitales o hacer que las empresas extranjeras reconsideren su permanencia en México.
Durante los últimos años, el país ha transitado por una serie de reformas constitucionales profundas, impulsadas desde el Ejecutivo y respaldadas por el Congreso, que ya comienzan a reflejarse en cambios a la legislación secundaria.
Dos años para que lleguen las inversiones
Precisamente, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) prevé que por la incertidumbre generada por la reforma al Poder Judicial, las decisiones de inversión podrían tardar hasta un mínimo de 2 años.
“Es muy probable que la inversión se mantenga deprimida hasta que los juzgadores electos comprueben su independencia y apego a la Ley en sus decisiones. Por el tiempo que toman varios juicios, esta credibilidad se irá construyendo en los siguientes 24 meses”, señaló su último análisis mensual.
Y es que si se llegan a materializar los temores de falta de independencia de los nuevos juzgadores, la inversión no se recuperará en el mediano plazo
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