La generación de energía en México es indispensable, tanto para la productividad como para el desarrollo sostenible del país, no obstante nos encontramos en una especie de crisis al respecto, incluso propios actores del sector apuntan que se requieren adecuaciones normativas para el impulso de la transición energética en el país dada la intermitencia de las energías renovables, los problemas de conectividad de las centrales, el almacenamiento de energía, los trámites para el desarrollo de proyectos en los 3 órdenes de gobierno y los escasos incentivos para impulsar la eficiencia energética.
De acuerdo con un estudio del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP) denominado “Energía y finanzas públicas, hacia una transición justa”, México avanzó hacia una transición energética enfocada en reducir el uso de combustibles fósiles y aprovechar las energías renovables. Sin embargo, desde 2021 se impulsó el uso de combustibles fósiles en el sector energético, relegando las energías renovables, a pesar de que el país cuenta con un potencial estimado de 28,588 Gigawatts en energía solar y eólica.
El documento evidenció que Pemex ha perdido relevancia en materia fiscal y de producción de hidrocarburos; y se espera que su contribución neta al gobierno federal en 2024 sea negativa. Además, sus ingresos futuros representan el 26.2% de la deuda total de Pemex en 2023. La producción de hidrocarburos ha disminuido 35.8% desde 2014 y las reservas de petróleo se agotarán en 12.4 años. Los planes de negocio con alternativas de bajo carbono resultan ser insuficientes, situando a Pemex como la onceava empresa petrolera estatal con mayor exposición a los riesgos de la transición energética.
Por otro lado, indicó el CIEP, los subsidios a las tarifas eléctricas impiden que CFE cubra los costos de la generación de electricidad. De 2014 a 2024, ha existido, en promedio, un déficit de 4.0%, el cual ha provocado principalmente, el uso de deuda externa.
“La insuficiencia de recursos se ha visto reflejada también en la aprobación de proyectos de inversión, los cuales han disminuido en los últimos años; además que se han promovido inversiones en centrales hidroeléctricas pese a su pérdida de capacidad en generación. Por lo anterior, la generación de electricidad con energías limpias es de 24.3%, aún por debajo del objetivo de 35% para 2024″, destacó en un comunicado.
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¿Qué se necesita para una transición energética?
El CIEP señaló que 2022, el 10.1% de los hogares en México se encontraban en situación de pobreza energética; lo que destaca la urgencia de una transición.
“Mejorar el acceso a la electricidad y combustibles limpios beneficiará a los más vulnerables. Este cambio a energías limpias, alineada con el ODS 7, no solo reduciría la pobreza energética, sino que también contribuiría a la salud pública al disminuir los gases de efecto invernadero y otras partículas contaminantes. Se estima que reducir la contaminación del aire podría evitar aproximadamente 48,100 muertes anuales”, puntualizó,
En ese sentido, detalló que en el proceso de la transición energética se deben tener en cuenta los efectos positivos y negativos en términos de derechos humanos y laborales para que sea justa y equitativa.
Subrayó que el sistema fiscal puede:
-
Incentivar una
transición energética justa -
Penalizar
malas prácticas en materia ambiental -
Generar ingresos que ayuden a financiar
proyectos sustentables
Destacó al respecto que el Impuesto Especial a Producción y Servicios (IESPS) al Carbono, busca reducir emisiones de GEI y aumentar ingresos; sin embargo, su recaudación ha disminuido un 47% desde 2014.
Mientras que los subsidios a la energía eléctrica buscan asegurar precios justos, pero, al mismo tiempo, subsidian energía sucia. Los Certificados de Energías Limpias (CELS) enfrentan incertidumbre por la cancelación de subastas de largo plazo.
Por último, los bonos verdes son 16.4 veces mayores al gasto del gobierno federal en la promoción de tecnologías y combustibles verdes.
Por lo anterior, declaró, la transición en México representa la oportunidad de fortalecer el mercado laboral del sector al tener el potencial de incorporar a 30,125 mujeres a las energías limpias y renovables; revisar los pasivos pensionarios de las Empresas Productivas del Estado (EPE) que equivalen al 5.6 % del PIB en 2024, para que las pensiones del sector sean más equitativas y sostenibles; e impulsar la formación y capacitación de las personas en las nuevas energías, así como invertir en innovación y desarrollo para posicionarnos como líderes en la materia, luego de la desaparición de tres fondos federales en la materia. La transición energética justa es una oportunidad para cerrar las brechas de acceso a energía, pero también de fomentar una industria más inclusiva.
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Cortesía de IDC
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