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Todos los estados siguen por debajo de 0.5 en Estado de Derecho: WJP

+ El Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX) 2023-2024 muestra un estancamiento en Estado de Derecho en la mayoría de las entidades. En una escala que va del cero al uno, la puntuación promedio general fue de 0.41 y los tres estados con mejor puntaje son: Querétaro (0.49), Guanajuato (0.47) y Aguascalientes (0.47). En contraste, Quintana Roo (0.36), Morelos (0.35) y Estado de México (0.35) ocupan las últimas posiciones.

Luis Serieys Zárate

Ciudad de México

11/06/2024

El World Justice Project (WJP) presentó la sexta edición del Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX 2023-2024), un informe con los resultados en materia de Estado de Derecho de las 32 entidades federativas del país, en donde ninguna entidad del país llegó siquiera al 0.5 en sus calificaciones sobre justicia.

Es de destacarse el punto de la Ausencia de Corrupción el cual está muy por debajo de la mitad de efectividad, sobre todo por la impunidad que tienen los delincuentes al cometer un delito de cualquier tipo, aunque se podría destacar el caso de los delitos de cuello blanco por parte de funcionarios públicos.

Reunidos en el Museo Franz Mayer destacaron en el informe anual correspondiente al 2023 que hay materia en las que no logramos avanzar como es el Gobierno Abierto, los Límites al Poder Gubernamental, la Ausencia de Corrupción, Orden y Seguridad, Justicia Penal, entre los 8 factores que se analizan en México y que de una u otra forma termina como reprobados los Estados.

Participaron en la mesa de dialogo Mariela Ponce Villa, Magistrada Presidente, Poder Judicial del Estado de Querétaro; Gilberto Loya Chávez, Secretario de Seguridad Pública Estatal de Chihuahua; María Guadalupe Ramírez Zepeda, Titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa; Guillermo Noriega Esparza, Secretario de la Contraloría General, Gobierno de Sonora; Alejandro Salafranca Vázquez, Jefe de la Unidad de Trabajo Digno en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y Alejandro González, Jefe Global de Incidencia del World Justice Project.

Ellos destacaron, sobre todo en el caso de Querétaro que en 3 años se ha mantenido a la cabeza de los análisis en varios de los grupos de estudios como es la impartición de justicia y acercamiento a la sociedad.

El estudio explica que al igual que el año pasado, la mayoría de las entidades muestran un estancamiento en la materia, solamente 5 aumentaron su puntaje general, 14 lo mantuvieron, y 13 lo disminuyeron. Todos los estados tienen retos persistentes en las diferentes dimensiones del Estado de Derecho.

Querétaro obtuvo la puntuación más alta (0.49), aún lejos de la calificación idónea, seguido de Guanajuato (0.47) y Aguascalientes (0.47). Por otro lado, las últimas posiciones las ocupan Quintana Roo (0.36), Morelos (0.35) y Estado de México (0.35).

Alejandro González, jefe global de incidencia de WJP, señaló que en “esta sexta edición del índice de Estado de Derecho en México sigue mostrando un estancamiento en la mayoría del país en la materia.

Sin embargo, existen casos de éxito en algunos aspectos del Estado de Derecho. En esta ocasión, y se resaltan casos para estudiarlos y comprender cómo es que han logrado destacar en un entorno de inmovilidad en la mayoría del país.”

En el tema de derechos fundamentales, destaca una mejora en la garantía de los derechos laborales en 19 estados con un promedio nacional de 0.35, para explicarlo Alejandro Salafranca, Jefe de la Unidad de Trabajo Digno en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal explicó que:

“La garantía de los derechos laborales ha tenido un par de ediciones con mejoras en la mayoría de los estados, después de una caída que afecto los servicios en todos los sistemas de justicia”.

Con acento muy españolizado el funcionario d ella STPS destacó en bloques la aplicación nde la libertad sindical que no ha construido una democracia homologable a lo que existe en otros países y la asignatura pendiente es la democracias en los sindicatos para que se alijan a sus dirigencia con voto libre y secreto y que participan en las decisiones sobre sus contratos colectivos de trabajo que de 500 mil sólo se validaron democráticamente 30 mil, el resto era simulación.

Continúa el estancamiento en Ausencia de corrupción, con un promedio general de 0.36. Específicamente, la ausencia de corrupción en las fuerzas de seguridad y procuración de justicia tuvo descensos en la mayoría de los estados: 20 bajaron su puntaje.

Sin embargo, Querétaro y Sinaloa son dos entidades que han logrado mejorar su desempeño desde la primera edición en 2018. Hablando sobre las acciones necesarias para combatir la corrupción, María Guadalupe Ramírez Zepeda, Titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, Gobierno del Estado de Sinaloa mencionó que:

Se ha avanzado por la colbaboración de instituciones como el Sistema Anticorrupción y sobere todo con la atención a la población directamente, con una directriz muy puntual en el desempeño del Gobierno para que se lograra una recuperación de la credivbilidad.

Fortalecer la capacidad institucional que empieza con los servidores públicos que no se eliminan de tajo a todos, se aprovecha la experiencia de quienes ya están ahí y aprovechar el apoyo de organismos como el Sistema Nacional Anticorrupción.

En materia de la dimensión de Orden y seguridad ha tenido las mejoras más importantes del índice desde su primera edición, subiendo de 0.40 a 0.47. En particular, la percepción de seguridad de la población ha mejorado, donde 24 estados incrementaron su puntaje y 2 lo mantuvieron comparado con el año pasado. Sin embargo, las cifras de homicidios, así como de incidencia y prevalencia delictivas, siguen en niveles preocupantes.

Por otro lado los retos en Justicia penal persisten, el promedio nacional es de 0.36. El debido proceso se vio debilitado: 17 estados bajaron su puntaje. Además, las investigaciones de los delitos continúan siendo el rubro con el puntaje promedio más bajo de todo el Índice.

En ese rubro Querétaro, Durango y Nayarit rompen con esta tendencia, mejorando su calificación desde la primera edición.

En tanto que en el factor de Gobierno Abierto se vio debilitado al bajar de un promedio nacional de 0.48 a 0.46, marcado principalmente por la ausencia de mecanismos para la participación ciudadana, donde 22 estados disminuyeron su puntaje, en donde Tlaxcala, Nuevo León y Guerrero han desafiado esta tendencia al mostrar mejoras desde 2018 en materia de Gobierno Abierto.

El tema de la Justicia civil, los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) se fortalecen, y se han convertido en una de las herramientas más efectivas para la justicia, 17 estados reflejan una mejora.

Es por ello que el IEDMX es único en su tipo, ya que utiliza información de primera mano para capturar las voces de miles de personas en zonas urbanas y rurales en los 32 estados del país.

Es la sexta edición que se realiza en México, lo que permite registrar avances y retos persistentes sobre el Estado de Derecho en las entidades federativas. Publicamos el primer Índice en octubre de 2018, recolectando y analizando datos por lo menos 12 meses antes de su publicación.

Hasta la fecha, 30 estados y 5 dependencias y/o Secretarías del actual gobierno federal usan el Índice de Estado de Derecho en México para sus Planes Estatales de Desarrollo, Programas de Gobierno, y otros instrumentos de planeación.

El IEDMX es un instrumento que sirve para identificar las fortalezas y debilidades institucionales de cada estado, así como para fomentar el diseño e implementación de políticas públicas que mejoren el Estado de Derecho en México.

Sobre el organismo que presenta éste estudio, es de señalar que el WJP es una organización independiente, internacional, sin fines de lucro y multidisciplinaria que trabaja para avanzar el Estado de Derecho en el mundo.

Utiliza un enfoque multidisciplinario que incluye investigación, recolección y análisis de datos, el establecimiento de una red activa y global de conocimiento, y el apoyo a programas prácticos dirigidos a encontrar soluciones locales.

La directora Ejecutiva de WJP, Elizabeth Anderson envió un mensaje grabado en el cual se destaca el esfuerzo que se hace para señalar los resultados a partir de 600 variables que se estudian año con año en todo el país.

El problema destacable en México es que la corrupción se mantiene o aumenta en la mayoría de las entidades sobre todo en materia de seguridad y justicia y eso nos deja en un retroceso frente a otras naciones en donde si se castiga a quienes violan la ley, sobre todo a funcionarios públicos que no son castigados.

El colofón de la mesa de dialogo es que hay muchos retos por reducir cosas que se encuentran mal y por eso deben atenderse los rubros que se encuentran bajos, sobre todo porque son rubros que hablan de la relación de Gobierno con la Población y generar contrapesos para mejorar.

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