El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que si bien su mandato está cerca de terminar, continuará avanzando en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa y que el 3 de julio entregará a los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos un informe detallado sobre los avances de la investigación.
López Obrador aseguró en su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional que la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum también estará comprometida para dar con el paradero de los jóvenes.
“Pero espérenme, todavía faltan tres meses”, afirmó. “Estoy trabajando casi a diario sobre esto, porque se me hace muy importante, primero, repito, para saber en dónde están los jóvenes”, aseveró.
Al señalar que intereses y agencias extranjeras han buscado que se culpe al Ejército Mexicano en su conjunto de la desaparición de los 43 normalistas para debilitar a las instituciones del país y poder mandar, López Obrador anunció que su gobierno está buscando traer ante la justicia mexicana a José Ulises Bernabé García, el juez de Barandilla de Iguala que estaba en funciones la noche en que fueron desaparecidos los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Destacó que su gobierno está impugnando la resolución de asilo que una corte de Estados Unidos le otorgó al juez en 2020 y busca que sea extraditado a México.
Criticó que en cuando otorgó el asilo, la Corte de Arizona señaló a partir de testimonios del juez mexicano y de la periodista Anabel Hernández que “resulta inverosímil que un departamento de policía municipal tenga la influencia política y los recursos para organizar un intrincado encubrimiento y la desaparición de 43 estudiantes mexicanos”.
“Es mucho más plausible que el gobierno federal mexicano y la Policía Federal fueran responsables de este horrible incidente”, según la resolución emitida por la corte estadounidense, que fue leída por López Obrador en su conferencia.
“Esto no está probado”, declaró el mandatario.
Agregó que le parece sospechoso que instancias extranjeras, como la Corte de Arizona o la DEA, hayan expresado aproximadamente desde 2016 que la responsabilidad de la desaparición fue exclusivamente del gobierno federal, fuerzas federales o del ejército.
Dijo que al momento de los hechos en los siguientes meses siempre se habló de que los responsables fueron autoridades locales, policías municipales y grupos criminales. “Después empieza a cambiar la narrativa a fue el ejército y yo tengo mis sospechas, porque en ese entonces había la intención desde Estados Unidos, en particular de la DEA, de vengarse del ejército”.
Al señalar que es indudable que hubo una responsabilidad del Estado y del ejército mexicano en los hechos, por haber inventado la llamada “verdad histórica” y porque hubo soldados involucrados en la desaparición o que cometieron omisiones, señaló que no se puede decir por consigna que “fue el ejército”.
“¿Y por qué tanto interés en señalar al ejército? Estas agencias y las hegemonías en todo el mundo, los que se sienten los dueños de los países y no respetan las soberanías, cuando hay una autoridad o una institución fuerte en un país siempre buscan mantenerlos chantajeados para poder ellos dominar territorios”, alertó.
“Cuando se tienen autoridades democráticas, fuertes en un país, no pueden actuar, igual pasa con las fuerzas armadas”, agregó. “Las hegemonías dominan en los ejércitos, nada más que el ejercito mexicano es distinto a otros ejércitos, este es un ejército nacionalista, surgido de un movimiento revolucionario, todos sus miembros vienen de las entrañas del pueblo, no hay ningún general de divisíon que pertenezca a la oligarquía, no hay ningún general de división multimillonario. Los generales de división hasta ahora son hijos de campesinos, obreros, mecánicos, militares, maestros”.
Agradeció a los secretaria de Marina, Rafael Ojeda, y de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, porque han trabajado para que “no se permita a nadie que abuse de autoridad, que no se les otorgue impunidad, porque no por el mal desempeño de soldados y de marinos se puede afectar una institución”.
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