+ Los diputados Alberto Martínez Urincho e Israel Moreno Rivera presentaron un par de iniciativas para castigar el delito de despojo con seis a 12 años de prisión, y de 10 a 16 años a reincidentes
Ciudad de México
23/04/2025
Con el fin de combatir el despojo de bienes inmuebles y el uso que se les da posteriormente, los diputados Alberto Martínez Urincho e Israel Moreno Rivera presentaron un par de iniciativas para endurecer las penas contra invasores y despojadores, mediante una reforma al Artículo 295 del Código Penal Federal y los Artículos 237 y 238 del Código Penal para el Distrito Federal.
Las iniciativas buscan, entre otras cosas, dar de seis a 12 años de prisión a quienes cometan este ilícito, y de 10 a 16 a quienes reincidan, a fin de mitigar un fenómeno delincuencial que se ha agudizado en los últimos años debido, entre otras causas, a la gentrificación.
“Tener una casa propia es uno de los anhelos más caros de todos los capitalinos. El delito de despojo lacera este anhelo a la propiedad y degrada el tejido social, pues además se comete contra personas adultos mayores y en situación de vulnerabilidad.
“Los despojos de inmuebles en la Ciudad de México se dispararon durante los últimos cinco años (2018 a 2023), pues las carpetas de investigación iniciadas por este delito crecieron 217.79 por ciento, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CDMX).
“Mediante engaños y violencia, células de delincuentes ingresan a las casas de las personas para despojarlas. Cada día se registran 14 despojos de bienes inmuebles. Esto ha orillado a las personas a tomar la justicia por su propia mano, como ocurrió recientemente en el Estado de México”, expusieron los legisladores.
El despojo, subrayaron los diputados, debe ser considerado como un delito de alto impacto social y debe ser perseguido de manera proporcional al grave daño patrimonial que causa en su víctima.
“Al afrontar ilícitos como el despojo, se debe reaccionar ponderada y activamente para combatir sus consecuencias dañinas como la degradación del entorno social, sancionando correctamente la culpabilidad del sujeto en función de la gravedad del delito y la necesidad de resocialización de sus autores y participes, con el fin de generar un clima de confianza jurídica en la comunidad y devolver la tranquilidad al cumulo social”, añadieron en su argumentación.
Las iniciativas fueron turnadas para su análisis y aprobación a la Comisión de Administración
y Procuración de Justicia.
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