Un tribunal federal determinó mantener en prisión preventiva a Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, quien enfrenta un proceso penal por presunta contratación irregular de siete cuarteles de la Policía Estatal, cuyo costo superó los 3 mil 412 millones de pesos.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México desechó la queja promovida por Delgado Murillo, quien buscaba revertir la medida cautelar impuesta por la juez de control Patricia Sánchez Nava, el pasado 7 de marzo. La juzgadora lo vinculó a proceso y determinó su ingreso a prisión al considerar que existía riesgo de fuga.
Aunque el exfuncionario interpuso un amparo para solicitar su liberación, la juez Noveno de Distrito en Materia Penal, Jovita Vargas Alarcón, solo le concedió una suspensión provisional limitada, en la que estableció que su libertad quedaría sujeta a la jurisdicción de la juez del proceso penal.
Ante esta resolución, Delgado presentó una queja que fue considerada infundada por el tribunal colegiado. En su fallo, los magistrados concluyeron que no se acreditaban los elementos necesarios para modificar la medida cautelar ni existía un riesgo inminente de vulneración de garantías constitucionales.
El tribunal argumentó además que los alegatos del quejoso sobre la inconstitucionalidad de la prisión preventiva deben ser analizados en la sentencia de fondo del juicio de amparo, y no durante la etapa suspensional del proceso.
“Las razones expuestas por la juez de control para mantener la prisión preventiva deben examinarse en la resolución final sobre la constitucionalidad del caso, por lo que no es procedente otorgar efectos restitutorios desde esta etapa”, señalaron los magistrados.
Delgado Murillo enfrenta cargos por peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero, junto a otros ex funcionarios del gobierno de Silvano Aureoles, entre ellos Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; J. Antonio Bernal Bustamante, extitular de Seguridad Pública, y Elizabeth Villegas Pineda, también exdelegada administrativa de la SSP.
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