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A escasos días de cumplirse el primer aniversario del golpe de estado en Myanmar, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos pidió este viernes a la comunidad internacional que intensifique la presión sobre los militares para que detengan su campaña de violencia contra el pueblo birmano e insistan en el pronto restablecimiento del gobierno civil.
Cabe recordar que el ejército de Myanmar asaltó el poder el 1 de febrero de 2021, tres meses después de la celebración de las elecciones generales de noviembre en las resultó vencedora el partido de la entonces consejera de Estado y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi.
“Cuando se cumple un año de la toma del poder por parte de los militares, el pueblo de Myanmar -que ha pagado un alto coste tanto en vidas como en libertades perdidas- sigue defendiendo sin descanso su democracia“, declaró Michelle Bachelet.
La Alta Comisionada reveló los contactos en persona que mantuvo esta semana con defensores de los derechos humanos “que suplican a la comunidad internacional que no les abandone, sino que adopte medidas firmes y eficaces para garantizar la protección de sus derechos y que los militares rindan cuentas”.
Bachelet pudo escuchar los escalofriantes relatos de periodistas torturados; de trabajadores de fábricas intimidados, silenciados y explotados; escuchó testimonios del incremento de la persecución de las minorías étnicas y religiosas -incluidos los rohingya-; de arrestos arbitrarios, detenciones y falsos juicios a opositores políticos; y de “operaciones de limpieza” dirigidas a los aldeanos, entre otros.
“Y, sin embargo, los valientes defensores de los derechos humanos y los sindicalistas siguen protestando, defendiendo, documentando y acumulando las crecientes pruebas de las violaciones”, afirmó.
Las violaciones de los derechos humanos están al orden del día
El brutal despliegue de las fuerzas de seguridad para aplastar a la disidencia ha provocado la muerte de al menos 1500 personas, pero esa cifra no incluye otros miles de muertos por el conflicto armado y la violencia, que se han intensificado en todo el país.
La Oficina de Bachelet documentó a diario graves violaciones de los derechos humanos, la gran mayoría cometidas por las fuerzas de seguridad. Al menos 11.787 personas fueron detenidas arbitrariamente por manifestar su oposición al ejército, ya fuera en protestas pacíficas o por sus actividades en Internet, de las cuales 8792 siguen detenidas. Al menos 290 fallecieron mientras permanecían detenidas, muchas de ellas probablemente torturadas.
En paralelo, los enfrentamientos armados aumentaron en frecuencia e intensidad, y en todo el país se registró algún grado de violencia. En las zonas con mayor actividad militar -la región de Sagaing y los estados de Chin, Kachin, Kayah y Kayin- el ejército ha estado castigando a las comunidades locales por su supuesto apoyo a los elementos armados.
La Oficina comprobó la quema de aldeas, lugares de culto y clínicas, detenciones masivas, ejecuciones sumarias y el uso de la tortura.
La economía, cerca de quebrar; La pobreza, sin freno
La crisis en Myanmar se ha agravado debido a una combinación de factores, tales como la pandemia del COVID-19 y el colapso de los sectores bancario, del de transportes, del educativo y otros, dejando la economía al borde del colapso.
Estas consecuencias han alterado gravemente la vida cotidiana de las personas, con efectos devastadores en el disfrute de sus derechos económicos y sociales. Se prevé que casi la mitad de la población de 54 millones de personas pueda caer en la pobreza este año.
“Los miembros de la sociedad civil de Myanmar me han contado directamente el impacto del último año en sus vidas y en las de sus familias y comunidades”, dijo. “La gente ha demostrado un valor y una resistencia extraordinarios al defender sus derechos humanos básicos y apoyarse mutuamente. Ahora la comunidad internacional debe mostrar su determinación de apoyarlos mediante acciones concretas para poner fin a esta crisis.”
La rendición de cuentas es indispensable
Pese a la casi unánime condena del golpe de estado y de la posterior violencia, la Alta Comisionada calificó la respuesta de la comunidad internacional como “ineficaz” y “carente de sentido de urgencia” en relación con el alcance de la crisis.
Bachelet consideró que las medidas tomadas hasta el momento por el Consejo de Seguridad de la ONU y por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático fueron “insuficientes” para detener la violencia de los militares y facilitar el acceso de la ayuda humanitaria en el país
En cambio, aplaudió la decisión de algunas empresas de abandonar el país por razones humanitarias, una decisión que supone una “poderosa herramienta para ejercer presión sobre la financiación de las operaciones de los militares contra los civiles”.
“Mientras prevalezca la impunidad, la estabilidad en Myanmar será una ficción. La rendición de cuentas a los militares sigue siendo crucial para cualquier solución en el futuro; el pueblo lo exige de forma abrumadora”, concluyó Bachelet.
Cortesía de Naciones Unidas.
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