Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), habló este viernes 23 de mayo de 2025 sobre la sentencia que una Corte Civil en Florida, Estados Unidos, dictó en contra del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y su esposa Linda Cristina Pereyra.
Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la UIF explicó que el exfuncionario mexicano deberá pagar al Gobierno de México 748.8 millones de dólares (mdd), el triple por lo que originalmente fue demandado (250 mdd).
Mientras que Linda Cristina Pereyra tendrá que pagar mil 740 millones de dólares, también tres veces más por lo que originalmente fue demandada.
Gómez además señaló el contraste de esta sentencia con la justicia en México, pues recordó que en nuestro país un Tribunal Colegiado de Circuito resolvió otorgarle el amparo a la esposa del exsecretario de Seguridad.
«Linda Cristina Pereyra, una persona que ha sido sentencia a pagar una cantidad fabulosa de millones de dólares, tres veces por lo que fue demandada, y un Tribunal Colegiado de Circuito en México resolvió otorgarle el amparo y la protección de la justicia de la unión, como se llama en la jerga judicial, a ella para que pueda utilizar el sistema financiero mexicano libremente».
“Reconocimiento de modus operandi”
En ese mismo sentido, la presidenta Sheinbaum Pardo comentó que la sentencia es un resultado muy importante porque reconoce el modus operandi de García Luna.
«Es un resultado muy importante porque es un reconocimiento de que en efecto había un modus operandi de esta persona con funcionarios del Gobierno de Calderón (Felipe) y de Peña Nieto (Enrique) para utilizar recursos públicos para beneficio privado».
Explicó que el caso derivó de los contratos que se hicieron en esos sexenios con empresas de García Luna, a través de intermediarios o en compañías donde él mismo y su esposa estaban.
Es decir, que el Gobierno, a través de diversas instituciones, compraba algo a esas empresas con sobrecosto exagerado; “fue un modus operandi durante muchos años, de la forma de utilizar recursos públicos para volverlos privados, o sea, corrupción”, enfatizó.
Lo relevante, dijo, es que en México un tribunal en México no reconoció eso y determinó descongelar las cuentas de Linda Cristina Pereyra y usar libremente el recurso, mientras que en Florida se resolvió que el recurso debe ser devuelto al erario público.
«Entonces, hay justicia, porque el problema no solamente es de este personaje (Genaro García Luna) y su vinculación con la delincuencia organizada, sino que además después de que salió del gobierno seguía haciendo negocios con recursos públicos».
¿Qué sigue en el caso?
Al explicar la resolución de la Corte en Florida, Pablo Gómez detalló primero que en total hay 20 contratos implicados en el caso, de compras que se hicieron en el periodo de 2009 a 2018.
Agregó que García Luna y su esposa fueron demandados en momentos distintos, él por 250 mdd aproximadamente, y ella por 580 mdd. Sin embargo, indicó que las cantidades comenzaron a variar por el nivel de conocimiento que iba teniendo la UIF sobre el caso.
Con la sentencia, añadió, queda claro que todo el dinero Salió de México y fue alojado en el extranjero; “ese dinero fue producto de un esquema de defraudación durante dos sexenios”, dijo.
El titular de la UIF indicó que el asunto no está concluido, porque próximamente vendrá otra sentencia de la misma juez en Florida, por un proceso pendiente.
«No sabemos cómo va a terminar todavía, hay unos asuntos de carácter técnico, pero que seguro terminará, ya sea a través de algún arreglo con las empresa o a través de convocar al jurado y que éste dicte un veredicto y la juez una sentencia”.
De igual manera, recordó que hay un proceso penal en México, que también va avanzando.
Gómez agregó que con esos dos procesos se busca conocer la historia de una “trama corrupta”. “No debemos desaprovechar esta enorme oportunidad para poder escarbar en la forma de operar de los delincuentes de cuello blanco”, añadió.
Fuente: N+
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