El recrudecimiento de la violencia de las bandas en Haití ha triplicado en un año el número de personas desarraigadas de sus hogares, según informó el martes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en un llamamiento a «mantener la ayuda humanitaria para poder salvar y proteger vidas».
Los últimos datos de la agencia de la ONU indican que más de un millón de personas se han visto desplazadas en Haití hasta la fecha, frente a las 315.000 registradas el 20 de diciembre de 2023.
«Los datos más concretos que tenemos son que alrededor de 1.041.000 personas viven actualmente desplazadas en Haití. En su mayoría, han sido desplazadas varias veces», declaró el portavoz de la OIM, Kennedy Okoth Omondi.
La mayoría de las personas obligadas a huir de sus hogares abandonaron la capital, Puerto Príncipe, donde la violencia de bandas fuertemente armadas es «implacable», mientras que los servicios esenciales se han colapsado, «en particular la atención sanitaria y el empeoramiento de la inseguridad alimentaria», continuó Omondi.
Las provincias vecinas también se han visto afectadas por la violencia de las bandas y la afluencia de haitianos que huyen de la espiral de inseguridad.
«Muchos están buscando refugio en las provincias de Haití, abrumando a las comunidades de acogida y poniendo a prueba los limitados recursos», dijo el portavoz. «En el departamento de Artibonite, el desplazamiento se triplicó en 2024, llegando a más de 84.000 personas, lo que pone de relieve la propagación de la violencia más allá de la capital haitiana.»
Miles de muertos en 2024
La semana pasada, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU informó de que la espeluznante violencia de las bandas dejó más de 5600 muertos el año pasado.
En las últimas semanas, las bandas han sido consideradas responsables de la muerte de cientos de personas en masacres separadas a lo largo de varios días.
En el primer incidente, la Oficina señaló que algunas víctimas fueron desmembradas, tras ser acusadas de utilizar supuestas prácticas de vudú para causar la muerte del líder de la banda Wharf Jérémie en la Cité Soleil de la capital, antes de que sus partes corporales fueran arrojadas al mar.
La oficina de derechos humanos de la ONU también documentó 315 linchamientos de miembros de bandas y de personas presuntamente asociadas a ellas, que en algunas ocasiones habrían sido facilitados por agentes de la policía haitiana.
El 24 de diciembre, hombres armados abrieron fuego contra periodistas que participaban en una rueda de prensa para anunciar la reapertura del mayor hospital público del país caribeño, matando a tres de ellos.
Devolución forzosa a Haití
La OIM señaló que la deportación de unos 200.000 haitianos, principalmente de la República Dominicana, ha supuesto una carga aún mayor para los desbordados servicios sociales del país. «Las comunidades ya están luchando básicamente por sobrevivir», dijo Omondi.
A medida que la violencia continúa, la agencia de la ONU explicó que se ha vuelto más difícil llegar con seguridad a las personas más vulnerables en un número creciente de lugares de desplazamiento.
Estos se concentran principalmente en la capital y han aumentado de 73 a 108 en un año, dijo la OIM, destacando el grave hacinamiento y la falta de acceso adecuado a alimentos, agua potable, saneamiento y educación.
«Los informes de estos lugares revelan un deterioro de las condiciones, con familias que luchan por sobrevivir en refugios improvisados, al tiempo que se enfrentan a crecientes riesgos sanitarios y de protección», dijo Omondi.
Falta de fondos
El plan de respuesta humanitaria de la ONU para Haití, dotado con 674 millones de dólares, sólo está financiado en un 42%, lo que deja un déficit de 388 millones de dólares.
El 23 de diciembre, el Consejo de Seguridad hizo hincapié en la necesidad de que la comunidad internacional redoblara sus esfuerzos para apoyar a la policía nacional de Haití y reforzara la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, dirigida por Kenia y respaldada por el Consejo de Seguridad, que cuenta con 2.500 efectivos.
Hasta la fecha, Belice, El Salvador, Guatemala, Jamaica y Kenia han desplegado unos 750 efectivos, y este último país ha manifestado su intención de desplegar otros 600 policías.
Cortesía de Naciones Unidas.
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