“Los cargos de terrorismo y los tribunales especiales se están usando para atacar actividades legítimas de derechos humanos, y provocan un profundo efecto desalentador en el conjunto de la sociedad civil”, dijeron los expertos*, advirtiendode la incompatibilidad de este tipo de cortes con el estado de derecho.
“Nos preocupa especialmente que los defensores de derechos humanos y los miembros de la sociedad civil acusados de terrorismo sean detenidos durante la pandemia como una forma de castigo ‘de hecho’, poniendo en gran peligro su derecho a la vida y a no sufrir torturas ni tratos inhumanos y degradantes”, subrayaron.
Estos tribunales especiales se crearon a finales de 2013 y, en opinión de los expertos, aparentemente infringen los derechos individuales y actúan como un instrumento “para socavar el derecho a un juicio justo”.
“De hecho, con la excusa de la preocupación por la seguridad nacional, esa focalización socava más que promover la seguridad y los derechos humanos“, afirmaron.
Agregaron que estos tribunales violan múltiples normas internacionales de derechos humanos y que los juicios masivos “menoscaban el derecho a la adjudicación individual, limitan el derecho de acceso a los abogados y minan el derecho de los abogados a ejercer una defensa plena y efectiva de sus clientes“.
Por esa razón, señalaron que las causas que se celebran en las oficinas del Ministerio del Interior atentan contra el derecho a la claridad y transparencia del proceso legal.
“Los acusados no tienen derecho a hablar de forma segura y confidencial con su abogado”, apuntaron, y añadieron que “cuando se les juzga desde detrás de un cristal o dentro de jaulas de metal, a veces separados de los procedimientos a discreción del presidente del tribunal, no pueden ejercer el derecho a estar presentes en su propio juicio de forma efectiva”.
Como ejemplo citaron la “escandalosa” condena a 15 años de prisión de Bahey El-Din Hassan, director del Instituto de Estudios de Derechos Humanos de El Cairo, por sus actividades en defensa de los derechos humanos, entre ellas la publicación de tweets críticos
Los expertos señalaron que Egipto está especialmente obligado a defender los derechos humanos ya que este año copreside el examen periódico de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo.
“Es vital que el Estado que lidera el examen de la Estrategia Global mantenga los más altos estándares de protección de los derechos humanos a nivel nacional, ya que insta y exige a otros Estados a hacer lo mismo”, sentenciaron.
*Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo; Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Agnes Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Irene Khan, relatora especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión; Diego García-Sayán, relator rspecial sobre la independencia de los magistrados y abogados; y Leigh Toomey (presidenta-relatora),Elina Steinerte (vicepresidenta), José Guevara Bermúdez, Seong-Phil Hong, Sètondji Adjovi, del grupo de trabajo sobre detención arbitraria.
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países específicos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.
Cortesía de Naciones Unidas.
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