Apenas dos días después de que la Alta Comisaria de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, mostrase su preocupación por las medidas de excepción adoptadas en El Salvador contra las maras, varios altos funcionarios de la Organización han emitido una declaración en la que expresan su solidaridad con los afectados y piden que se revisen tales medidas.
La declaración ha sido firmada por Najat Maalla M’jid, representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños; Mikiko Otani, presidenta del Comité de los Derechos del Niño, Jean Gough, directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, y Harold Robinson, director regional del Fondo de las Naciones Unidas para para América Latina y el Caribe.
El texto de la declaración es el siguiente:
“Expresamos nuestra solidaridad con todas las personas afectadas por el aumento del número de incidentes violentos en El Salvador en las últimas semanas, y en particular con aquellos que han perdido a un familiar. La violencia de pandillas (maras) es inaceptable; daña significativamente a las comunidades y pone a muchos niños, niñas y adolescentes en riesgo de vincularse al mundo del crimen. Sin embargo, encarcelarlos no es la solución.
Con los recientes cambios en la ley penal juvenil del país, los niños y adolescentes que sean condenados por cometer un delito como parte de un grupo delictivo y que tengan entre 12 y 15 años podrían enfrentarse a hasta 10 años de prisión.
Los mayores de 16 años podrían enfrentarse a hasta 20 años de prisión. Los cambios legislativos permiten que estos niños, niñas y adolescentes permanezcan detenidos hasta que se dicte sentencia firme y limitan la posibilidad de que sus sentencias sean modificadas o anuladas. Ninguna de estas medidas se ajusta a las disposiciones vinculantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que El Salvador es parte.
La prisión de menores no promueve su reintegración
De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, la detención sólo debe utilizarse como medida de último recurso y durante el menor tiempo posible. Encarcelar a los niños, niñas y adolescentes no proporciona un entorno que mejore su desarrollo ni promueve su reintegración como miembro positivo de la sociedad.
La detención afecta a su la salud y el bienestar de los menores de edad y las pruebas demuestran que el encarcelamiento aumenta las posibilidades de que el niño, niña o adolescente abandonen la escuela y cometa un delito más adelante en su vida, perpetuando así los ciclos de violencia, exclusión y pobreza.
Las medidas no privativas de libertad son mucho más rentables que la detención y generan mejores resultados para los propios niños, niñas, adolescentes y la sociedad en general. Todo niño debe estar protegido frente a la detención.
Las medidas punitivas por sí solas no resolverán la violencia de las pandillas. Además, los niños pueden ser víctimas de violencia tanto por parte de las pandillas como siendo miembros de estas. Pueden ser reclutados y pueden ser utilizados.
Evitar el reclutamiento de niños
En los últimos años, El Salvador ha realizado importantes avances para proteger a los niños y garantizar sus derechos con políticas sociales centradas en la infancia y con inversiones en programas de educación y desarrollo de la primera infancia que han demostrado prevenir la violencia.
Se puede ir más allá: trabajar con las comunidades para promover interacciones seguras y positivas que eviten su el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en las pandillas. Se trata de empoderar a la niñez y adolescencia para crear una cultura de paz.
En este momento decisivo, instamos encarecidamente al Gobierno de El Salvador a que revise los cambios en la ley penal juvenil. Los derechos de los niños se aplican en todo momento, incluso en los estados de excepción.
La Oficina de la representante especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños, el Comité de los Derechos del Niño, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas están dispuestos a proporcionar apoyo técnico al Gobierno de El Salvador para hacer frente a la violencia de las pandillas y revisar la ley penal juvenil de acuerdo con las normas internacionales”.
Cortesía de Naciones Unidas.
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