Contenido
El Comité de Protección de los Trabajadores Migratorios presentó este jueves su cuarto informe periódico sobre México, en el que reconoció los esfuerzos legislativos e institucionales del país y formuló recomendaciones en materia de protección de los derechos de los migrantes.
El Comité destacó los avances del país en la armonización de su Ley de Migración con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) mediante la reforma legal de 2020, para poner fin a la detención de niñas, niños y familias migrantes.
Además, acogió con satisfacción las recientes iniciativas del Estado para fortalecer la asistencia y la protección consular de sus nacionales en el extranjero, especialmente en Estados Unidos.
Prácticas estadounidenses de devolución a México
No obstante estos progresos, el Comité, un órgano de tratados de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU identificó una serie de cuestiones preocupantes, entre las que destacó “la falta de claridad y transparencia respecto a la existencia y el contenido de acuerdos, formales o informales”, entre México y Estados Unidos, advirtiendo que puedan implicar “la externalización del control fronterizo por parte de las autoridades estadounidenses, la tercerización de sus obligaciones internacionales en materia de asilo y otros derechos humanos”.
El Comité también alertó de las “prácticas sistemáticas de devolución hacia México, bajo dichas medidas, de nacionales de terceros países”, explicando que esas personas quedan en una situación de gran vulnerabilidad, y sufren diferentes de violencia y violaciones de sus derechos.
Refirió también las expulsiones de Estados Unidos por vía aérea, toleradas por México, hacia el estado mexicano de Chiapas, de mexicanos y extranjeros, que no reciben información ni apoyo institucional adecuados, quedando expuestas a riesgos de violencia, trata o explotación.
Alertó también de un posible agravamiento de estas circunstancias ante las medidas anunciadas y aplicadas por Estados Unidos desde inicios de 2025, que pueden profundizar la situación de crisis humanitaria y vulneración de derechos en el norte de México.
En este sentido, recomendó a México aclarar la naturaleza y el contenido de cualquier acuerdo, formal o informal, con Estados Unidos de América, asegurando que toda cooperación migratoria cumpla con las obligaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo las disposiciones de la Convención y el principio de no devolución y el acceso a procedimientos individualizados de protección.
Trabajadores mexicanos en el extranjero
Del mismo modo, instó a México a robustecer la protección de los derechos de sus trabajadores migrantes en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, con mayores esfuerzos diplomáticos para garantizar que los países receptores de mexicanos trabajadores respeten sus derechos laborales y humanos, promoviendo la ratificación de la Convención en esos países.
Militarización de la gestión migratoria
Otra de las preocupaciones del Comité es la creciente militarización de la gestión migratoria, la participación de empresas de seguridad privadas y el uso generalizado de operaciones de verificación migratoria en todo el país por parte de actores que no cuentan con las facultades legales para hacerlo.
Al respecto, instó al Estado a cesar la participación de las fuerzas armadas en las funciones migratorias, a poner fin a la externalización de funciones esenciales de política migratoria a actores privados y a fortalecer los mecanismos nacionales de supervisión y rendición de cuentas.
Otras recomendaciones
Otras recomendaciones destacables son:
- Revisión de la Ley de Migración para garantizar que se ajuste plenamente a los principios de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares
- Fortalecimiento de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados aumentando los recursos financieros y humanos destinados para mejorar la eficiencia en el procesamiento de solicitudes de asilo y garantizar una atención adecuada a las personas solicitantes
- Acceso a servicios básicos para migrantes independientemente de su estatus migratorio y sin que estas personas tengan temor a ser detenidos o deportados
- Prevención de la detención arbitraria asegurando que cualquier privación de libertad se realice de acuerdo con la ley y con respeto a los derechos humanos
La embajadora mexicana Francisca Méndez Escobar asistió a la presentación del informe en Ginebra, y reafirmó el compromiso de México con la protección de los derechos de los migrantes y su disposición para colaborar con la comunidad internacional en la mejora de las condiciones de movilidad humana.
Cortesía de Naciones Unidas.
Dejanos un comentario:
