La iniciativa de reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado, plantea que el Estado podrá rescatar concesiones de radio y televisión “cuando lo exija el interés público” o por “razones de seguridad nacional”, a solicitud del titular del Ejecutivo federal. La propuesta será aprobada por la vía rápida esta misma semana.
El documento también prevé la creación de una nueva entidad reguladora: la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la cual sustituirá al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y asumirá sus funciones, recursos y procedimientos en curso.
Entre sus atribuciones, la nueva agencia podrá, de oficio, “cambiar o rescatar bandas de frecuencias o recursos orbitales”, bajo diversas causales:
“Cuando lo exija el interés público; por razones de seguridad nacional a solicitud del Ejecutivo federal; para la introducción de nuevas tecnologías; para solucionar problemas de interferencia perjudicial; para dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano”.
Asimismo, se contempla el rescate de concesiones “para el reordenamiento de bandas de frecuencia y para la continuidad del servicio público”.
Notificación obligatoria
El artículo 68 de la iniciativa establece que, en caso de rescate de frecuencias o recursos orbitales, la agencia deberá notificar al concesionario las razones que lo justifican, otorgando un plazo de 35 días hábiles para que éste manifieste lo que a su derecho convenga.
Nuevas sanciones y prohibiciones
Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es la implementación de un nuevo esquema de sanciones económicas, que van desde el 0.01% hasta el 0.75% de los ingresos de los sujetos regulados, incluyendo casos con cláusulas abiertas o no especificadas.
En lo referente al contenido transmitido, la reforma prohíbe a las concesiones de radio, televisión o audio emitir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos extranjeros. Las sanciones por infringir esta norma alcanzan hasta el 5% de los ingresos del concesionario.
“Se sancionará con multa por el equivalente de 2% hasta el 5% de los ingresos del concesionario, autorizado, programador, o plataforma digital por incumplir la prohibición de publicidad establecida en el artículo 210 de la ley”.
Esta disposición responde a la transmisión de mensajes como el de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, quien advirtió a migrantes indocumentados sobre deportaciones a través de canales mexicanos.
El artículo 210 establece:
“Los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos en el país, no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras, con excepción de la promoción turística o cultural”.
Y añade:
“Tampoco se permitirá que gobiernos extranjeros utilicen los medios de comunicación nacionales para influir en los asuntos internos del país”.
Esta medida se extiende también a plataformas digitales cuyos contenidos estén disponibles en territorio nacional. Según la iniciativa:
“Queda prohibido a los programadores y operadores de señales, transmitir por sí o a través de concesionarios que presten servicios de radiodifusión o de televisión o audio restringidos publicidad, propaganda o cualquier información de gobiernos extranjeros, distinta de aquella que tenga fines culturales o turísticos”.
Supervisión y sanciones
El documento de 311 cuartillas detalla que se vigilará y supervisará que la publicidad difundida en medios tradicionales y digitales no contravenga el artículo 210. En caso de detectarse propaganda extranjera indebida, la Secretaría de Gobernación podrá ordenar la suspensión inmediata de su transmisión e iniciar el proceso de sanción correspondiente.
También se suspenderán por 60 días hábiles diversos trámites y procedimientos, sin afectar las obligaciones vigentes de concesionarios y agentes regulados.
Derechos laborales garantizados
La reforma incluye causales de revocación de concesiones, como el incumplimiento del Plan de Reemplazo de Recursos Orbitales. No obstante, garantiza la preservación de los derechos laborales de los trabajadores del IFT, quienes serán reubicados conforme a la normatividad aplicable.
Además, la nueva agencia deberá emitir en un plazo de 180 días un plan de licitación de bandas de frecuencia para promover el desarrollo eficiente del sector.
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Cortesía de Forbes.
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