Cuando los residentes de Durango voten en las primeras elecciones judiciales de México el próximo fin de semana, Leopoldo Chávez estará en la boleta para juez federal, a pesar de los casi seis años que cumplió en una prisión estadounidense.
Chávez fue condenado por delitos de drogas: por contrabandear más de 4 kilogramos de metanfetaminas en 2015. Durango es parte del Triángulo Dorado de México, una región controlada por cárteles que cultiva marihuana y amapola de opio.
“Nunca me he presentado como el candidato perfecto”, dijo Chávez en un video compartido en Facebook. Aseguró que no tenía nada que ocultar y que ya había cumplido su condena. Declinó hacer comentarios a Reuters.
En Jalisco, en la costa del Pacífico, Francisco Hernández se postula para ser magistrado penal a pesar de que la última vez que sirvió como juez fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal después de una investigación sobre denuncias de abuso sexual y corrupción.
Declaró a Reuters que las acusaciones eran de “calumnia y difamación”. “Que me juzgue el pueblo”, sentenció.
En Nuevo León, Fernando Escamilla aspira a convertirse en juez penal federal y afirma que su labor legal asesorando a los abogados de miembros del violento cártel de Los Zetas no debería serle imputada. Su conocimiento de la ley de extradición, en la que asesoró a los capos, lo convirtió en un activo valioso, según declaró a Reuters en una entrevista.
“¿Ser asesor en derecho internacional o de extradición te da mala reputación pública? No lo creo, ya que es lo único que demuestra que tienes la capacidad y el conocimiento para manejar este tipo de situaciones”, dijo Escamilla.
De cara a las elecciones del 1 de junio, organizaciones civiles, asociaciones de jueces y algunos legisladores mexicanos están expresando serias preocupaciones sobre una votación que, según advierten los críticos, podría poner en peligro el Estado de derecho del país.
La controvertida reforma judicial fue propuesta por Andrés Manuel López Obrador y apoyada Claudia Sheinbaum. Ambos afirmaron que erradicaría la corrupción en el deficiente sistema judicial y permitiría al pueblo decidir quién debe ser juez.
Alrededor de 5,000 candidatos compiten por más de 840 puestos federales, incluidos todos los jueces de la Corte Suprema.
Pero a poco más de una semana de la votación, el grupo de derechos humanos Defensorxs dice que ha identificado a unas 20 personas que compiten por puestos y que tienen indiscreciones criminales, acusaciones de corrupción en su contra o vínculos pasados con cárteles, incluido un abogado defensor que representó al capo de la droga Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Un análisis del Observatorio Judicial Electoral (OEJ), integrado por organizaciones sin fines de lucro, también señaló más de 130 candidatos con altas probabilidades de ganar en ausencia de candidatos opositores y criticó problemas en el diseño de papeletas complicadas que presentan cientos de nombres y pueden confundir a los electores.
La reforma, aprobada en septiembre de 2024, fue criticada por el entonces embajador estadounidense Ken Salazar, quien se desempeñó durante la administración del presidente Joe Biden, como una amenaza a la democracia mexicana.
Los críticos dicen que la reforma, una de las más amplias que se han intentado en los últimos años en cualquier país del hemisferio occidental, corre el riesgo de eliminar los controles y equilibrios sobre el partido gobernante Morena y permitir que los grupos del crimen organizado tengan mayor influencia sobre el sistema judicial.
La reforma reduce el número de jueces de la Corte Suprema de 11 a nueve, reduce la duración de sus mandatos a 12 años, elimina el requisito de edad mínima de 35 años y reduce a la mitad el ejercicio obligatorio de la abogacía, a cinco años. También elimina algunas prestaciones para los trabajadores judiciales y crea un tribunal disciplinario de cinco miembros, que, según los críticos, es insuficiente para supervisar un poder judicial de 50,000 miembros.
El presidente de Defensorxs, Miguel Meza, dijo que los candidatos que su organización había señalado revelaron graves fallas en el sistema de investigación del gobierno, que estaba destinado a verificar los criterios de elegibilidad, incluidos: ciudadanía mexicana por nacimiento, una licenciatura en derecho, “buena reputación” y un historial libre de delitos graves.
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Meza dijo que su organización ha estado revisando la lista de candidatos y ha identificado otros nombres problemáticos que aún no han publicado.
Meza afirmó que, al parecer, no se examinó a los aspirantes a jueces en cuanto a sus condenas en el extranjero ni a quiénes representaban legalmente. Atribuyó gran parte del problema a la precipitación electoral.
“Todo lo que estamos viendo es el resultado de intentar acelerar esta reforma”, dijo Meza.
La oficina de Sheinbaum y el Poder Judicial no respondieron a una solicitud de comentarios sobre la reforma o la investigación.
Tanto la coalición gobernante como la autoridad electoral han intentado distanciarse de las cuestiones de elegibilidad, argumentando que es demasiado tarde para tomar medidas antes de las elecciones. Los candidatos ganadores que se demuestre que no son elegibles deberán ser destituidos después de la votación, según las autoridades electorales.
La asociación mexicana de magistrados y jueces, JUFED, dijo que la lista de candidatos controvertidos confirma su opinión de que la reforma es una amenaza a la independencia judicial en México.
“Lo que está sucediendo con las elecciones es peligroso”, declaró Juana Fuentes, directora nacional de organización. “Existe un grave riesgo de que se involucren intereses o grupos criminales, o personas que los representan”.
La mayoría de los magistrados de la Suprema Corte anunciaron que no participarán en las elecciones y en su lugar renunciarán.
Los candidatos no pueden utilizar materiales de campaña que los vinculen a un partido político, participar en eventos organizados por partidos políticos o aceptar donaciones de ningún tipo.
Deber profesional
Quizá la candidata que ha acaparado más titulares es Silvia Delgado, quien representó al notorio ‘El Chapo’, exjefe del Cártel de Sinaloa, en 2016. Ella lo visitaba semanalmente en prisión para compartir actualizaciones antes de que fuera extraditado a Estados Unidos y finalmente sentenciado a cadena perpetua.
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Ahora espera convertirse en jueza del fuero penal en Chihuahua.
En una tarde reciente en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, Delgado desafió el calor sofocante para repartir volantes y charlar con los votantes afuera de una escuela local.
Delgado, una madre soltera que crio a cuatro hijos y se pagó sus estudios de derecho, tiene una figura carismática, con un traje de falda negro y tacones gruesos.
“Yo no soy corrupta. No te pueden quemar por haber representado a alguien”, sostuvo. “El mejor legado que puedo dejar, como ser humano y para mis hijos y nietos, es haber sido una persona íntegra, que siempre defendió a las personas”, agregó.
Dijo que considera que su trabajo representando a El Chapo, que incluyó presentar una petición para que se le proporcionara una manta en prisión, está en línea con sus deberes profesionales.
Delgado es franca sobre el motivo por el que aceptó el trabajo. Fue, dice, un gran paso adelante como abogada, y uno que volvería a dar. “Me interesó porque era una oportunidad profesional (…) trabajar en el caso de una figura tan famosa”.
Dijo que no había tenido ningún contacto con los abogados de El Chapo desde el caso, aunque aceptó ayudar a su esposa, ciudadana estadounidense y mexicana, a llevar a sus hijos a Estados Unidos.
Sus palabras más duras las dedicó al activista Meza, a quien describió como “irresponsable” y que dirige un “grupo Robin Hood” empeñado en “atacarme directamente”.
Meza dijo que a Defensorxs no le interesa “atacar” a ningún candidato, sino exponer los riesgos asociados a ellos.
Nuestro objetivo es informar al público sobre estos riesgos para que los tenga en cuenta al ejercer su derecho al voto.
“Nos parece claro que este riesgo existe en el caso de Silvia Delgado”, añadió. No identificó otras preocupaciones aparte de su trabajo legal para El Chapo.
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El líder del Senado, Gerardo Fernández Norona, un poderoso miembro de Morena, dijo a Reuters que el enfoque en la elegibilidad de ciertos candidatos era una guerra mediática “racista y clasista” destinada a desacreditar las elecciones.
“No es importante. No es relevante”, dijo Norona, añadiendo que las personas consideradas no elegibles podrían ser retiradas después de la votación.
La autoridad electoral INE ha dejado claro que no se pueden eliminar nombres antes de la votación.
Claudia Zavala, asesora electoral del INE, dijo que el organismo debió haber sido incluido antes en el proceso de escrutinio, que fue realizado por comisiones seleccionadas por el Congreso, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.
“Parece que dividir esa función entre otras autoridades no fue lo ideal”, dijo.
Ahora, lo único que puede hacer el INE es revisar postelectoralmente cualquier queja formal sobre los candidatos para comprobar su inelegibilidad para el cargo, afirmó Zavala. Si un ganador no cumple con los requisitos, el puesto le correspondería al segundo lugar.
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Sin embargo, cualquier investigación sobre la elegibilidad de un candidato debe completarse antes del 15 de junio, dijo Zavala, cuando se finalicen los resultados de las elecciones y se confirmen los cargos.
“La evidencia debe ser muy clara”, dijo.
Con información de Reuters
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Cortesía de Forbes.
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