Las pasadas elecciones del Poder Judicial de la Federación (PJF) del 2 de junio no dejaron en los cargos a los jueces, ministros y magistrados más capaces, honestos y confiables.
Un ejemplo es el juez Gustavo Aquiles Villaseñor, quien en las elecciones ganó un cargo como Magistrado de Distrito, pero que es señalado como representante de un grupo de jueces que propiciaron la debacle del PJF en los últimos años.
Víctima de sus actos y victimario de los demás, Gustavo Aquiles parece que teme decidir conforme a derecho en audiencias, se somete a su verdugo, la Fiscalía General de la República (FGR), demuestra en respiración pausada y a veces abrupta, su incomodidad de ser observado por los medios de comunicación que estuvimos en la audiencia para atestiguar el trabajo de las instituciones involucradas en este caso.
Sus designios incongruentes son base del escrutinio inmediato del que le escucha. Parece ausente en su ejercicio de juzgador.
Dicho juzgador ha sido investigado, a solicitud de la propia FGR, por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) desde febrero del 2022, luego de exonerar a Ramón Sosamontes Herreramoro, jefe de la Oficina de la Sedesol en la administración de Rosario Robles Berlanga en el famoso caso de La Estafa Maestra.
Sosamontes Herreramoro fue señalado por el posible desvío de recursos públicos federales en la “Estafa Maestra”.
Es altamente probable, por el enfrentamiento que mantiene con la FGR, pues la actitud del juzgador parece temerosa a ir en contra de los intereses de la fiscalía.
Quienes estuvimos en la audiencia de la causa 58/2021 en los Juzgados del Reclusorio Norte, pudimos constatar la actitud mostrada por el Juez.
En la Audiencia de Tutela en el caso del presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), Kiril Todorov, incluso al escuchar que la representante de la Fiscalía reconoció que hay comprobantes (recibos bancarios electrónicos) que demuestran que recursos públicos federales por varias decenas de millones de pesos, fueron transferidos de la cuenta bancaria de la FMN a la entonces FINA (Federación Internacional de Natación), el juzgador no ordenó el fin de la investigación.
Cuando todos los presentes la sala escuchamos que las fiscales de la FGR aceptaron tener en sus manos los comprobantes que llegaron a FINA, pensábamos que en ese instante el juez daría por terminado el caso.
Este caso lleva más de cinco años gastando recursos federales y distrayendo al sistema penal, en un caso que ante la contundencia de las pruebas de inocencia de Todorov, no se entiende cómo sigue abierto.
Si bien es cierto que el juez Gustavo Aquiles afirmó en dicha audiencia que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción es la responsable de demostrar la culpabilidad del acusado, todo hace indicar que para él cinco años de incapacidad de los acusadores para aportar elementos de pruebas de culpabilidad no fueron suficientes y reabrió tres meses más la investigación, luego de que la defensa de Todorov demostró que hay omisiones graves por parte de la FGR y la UIF para avanzar en el proceso de manera justa para el inculpado.
La defensa también demostró, con hechos, que el Ministerio Público Federal tampoco ha cumplido con el proceso adecuado para emitir una acusación y que ha sido omiso en aceptar pruebas de inocencia de Kiril Todorov, a pesar de su contundencia.
La posible actitud temerosa del juez Gustavo Aquiles Villaseñor de detener un proceso plagado, de lo que parece ser fallos, negligencias, omisiones, obstaculizaciones y conductas faltantes de ética por los elementos de la FGR, la UIF y el Ministerio Público Federal, parece ser influenciada por investigaciones en su contra por parte de la Fiscalía por el caso de Ramón Sodamontes y que podría afectar su imparcialidad.
Esto no solo como se evidenció durante la audiencia del 30 de junio de 2025, sino en las varias audiencias que se precisaron por su defensa que ha precedido en el caso.
Durante la audiencia de hace una semana, el juez denegó una petición de Todorov de proyectar material digital clave, lo que podría sugerir presión externa.
Todos queríamos ver esas pruebas y era derecho del imputado hacerlo.
El juez no lo permitió, aduciendo que sus superiores recomendaban darle más fuerza a la oralidad, dejando de lado el interés superior de pruebas que pudieran darle certeza al caso.
De una forma casi abusando de su poder, el juzgador evitó que quedara descrita gráficamente la confirmación del destino correcto que tuvo el recurso público otorgado a la FMN, según refirió Todorov insistentemente.
La ministerio público no analiza la prueba digital, el juez consiente, el perito no cumple, el juez no reprime.
El presidente de la Federación Mexicana de Natación anunció que peritará la prueba digital de manera privada, esto pese al incumplimiento en que está el perito oficial.
Sin razón y tras escuchar de voz de la fiscal encargada del caso, que dijo que se cuenta con los comprobantes de que el recurso público del Gobierno de México fue transferido a la FINA, permitió que se siga investigando.
Su actitud cuestionable durante la audiencia, posiblemente es resultado de las investigaciones que existen en su contra desde 2023. Carece de imparcialidad.
Durante la audiencia, Todorov pidió proyectar material para probar el ocultamiento de la información que evidencia su inocencia, pero el juez lo negó, sin debate, citando el artículo 44 del CNPP, que paradójicamente, permite auxiliarse de documentos o cualquier otro medio para probar su dicho.
Gustavo Aquiles argumentó que no permitiría la proyección para no alargar la audiencia y si bien es cierto que le garantizó a Todorov escuchar todo lo que tuviera que decir, actuó con doble criterio al permitirle a la ministerio público leer sus documentos, en una conducta contradictoria por parte del juzgador, observada por medios de comunicación y representantes de la comunidad acuática, de diversos estados del país que estuvieron en la audiencia pública.
Las investigaciones en curso por parte de la FGR contra el juez Villaseñor, iniciadas en febrero de 2023, pueden ser un factor para entender su comportamiento en este caso, pues sólo de esa forma se entiende que no haya cesado el caso ante la aceptación de las fiscales de la FGR.
*Víctor Hugo Arteaga es ganador del Premio Nacional de Periodismo 2016 por el reportaje de investigación Las Empresas Fantasma de Javier Duarte, el exgobernador que se encuentra preso gracias a ese trabajo.
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