Durante su mandato, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha hecho del poder una herramienta quirúrgica para remover de su camino a quienes considera un estorbo político, especialmente si representan un obstáculo para allanar el camino de su delfín político, el senador Enrique Inzunza Cázarez, con serias acusaciones de temas sexuales en su contra en la entidad.
A lo largo de cuatro años, Rocha Moya ha orquestado la salida de tres alcaldes incómodos para él, Jesús Estrada Ferreiro (Culiacán), Luis Guillermo Benítez Torres (Mazatlán) y Gerardo Vargas Landeros (Ahome), en medio de procesos que, si bien fueron revestidos de legalidad, muestran patrones inquietantes de manipulación institucional.
Tras cada remoción, el Gobernador de Sinaloa, ha impuesto sustitutos cercanos a su proyecto, con resultados alarmantes para la seguridad pública.
El trabajo excepcional en todo México del súper secretario de Seguridad Pública del país, Omar García Harfuch, se viene abajo cuando de Sinaloa se trata, debido a la incompetencia del Gobernador Cancerbero, a quien sus decisiones lo ponen con la cabeza el cadalso.
Preocupante que la 4T insista en respaldar a sus afrentas a todas luces culpables ante el imaginario colectivo, que comienza a organizarse para darle un cambio en las próximas elecciones a Gobernador en Sinaloa, Tamaulipas y a partir de este fin de semana en Baja California.
La caída de Jesús Estrada Ferreiro, exalcalde de Culiacán, marcó el inicio de esta serie de demostraciones fácticas en Sinaloa.
Acusado de abuso de autoridad y desempeño irregular, fue desaforado en junio de 2022 con la aprobación unánime del Congreso del Estado, el brazo ejecutor de Rocha Moya, lo que permitió su remoción inmediata.
En su lugar fue colocado Juan de Dios Gámez Mendívil, político afín a Rocha.
Desde entonces, Culiacán no ha recuperado el control de sus calles: la violencia, los homicidios y el crimen organizado han escalado en una ciudad donde el miedo se volvió rutina.
Posteriormente, en octubre del mismo año, cayó Luis Guillermo Benítez Torres, “El Químico”, quien renunció tras aceptar una invitación del propio Rocha para integrarse a su gabinete.
Su salida, manchada por escándalos de corrupción por más de 400 millones de pesos, fue, ahí sí, convenientemente ignorada por la Fiscalía General del Estado, que hasta ahora no ha consignado su caso.
Hoy, Mazatlán enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes, donde los ajustes de cuentas y desapariciones forzadas han dejado de ser noticias aisladas para convertirse en parte del día a día.
El caso más reciente es el del municipio de Ahome, donde el Congreso retiró la protección constitucional al alcalde con licencia, Gerardo Vargas Landeros.
En su lugar quedó Antonio Meléndez, quien ha sido incapaz de ejercer control territorial. La madrugada del sábado, una semana después de retirado por desafuero el alcalde Vargas Landeros, Los Mochis vivió su peor noche en años: una intensa balacera paralizó a la ciudad y confirmó lo que muchos temían desde hace unos días: Ahome ha sido entregado, sin resistencia alguna, al crimen organizado.
Narcobloqueos, vehículos y tráileres incendiados colapsaron las principales vías de la ciudad, mientras las autoridades, en vez de responder, pidieron a la ciudadanía que no saliera de sus casas.
Tres alcaldes fuera del camino en la era de Rocha Moya no es un accidente, es una estrategia. Es un modo de operación. Es ejercer el autoritarismo y el totalitarismo y la pregunta es ¿por qué?
Lo más grave es que en los tres municipios donde el Gobernador Rocha Moya ha impuesto sustitutos leales, el crimen ha avanzado sin freno. Una democracia en la que el Ejecutivo usa al Congreso, a la Auditoría Superior del Estado y a la Fiscalía como instrumentos de disciplinamiento político pierde credibilidad.
En Sinaloa, el verdadero lema parece ser: “no estorbar y obedecer”. Mientras tanto, los ciudadanos pagan con miedo, con silencio… y con sangre.
*Víctor Hugo Arteaga es ganador del Premio Nacional de Periodismo 2016 por el reportaje de investigación Las Empresas Fantasma de Javier Duarte, el exgobernador que se encuentra preso gracias a ese trabajo.
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