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Columna Deadline: Presionan a magistrados federales para resolver a favor de la ‘mafia verde’ en Quintana Roo

La semana anterior en el prestigiado medio Código Magenta, el que considero el padre del periodismo moderno en México, Ramón Alberto Garza, presentó un artículo de fondo en el que calificó como la “Mara Verde” la asociación entre la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y el “Niño Verde”, Jorge Emilio González, alrededor de negocios turbios que se realizan en aquel estado.

Las investigaciones de no pocos periodistas serios llevan ya no sólo a la relación personal entre la gobernadora y el empresario-político, sino al uso fáctico de la justicia mexicana a los más altos niveles, operando para que los negocios multimillonarios se sigan haciendo cueste lo que cueste.

Tal es el caso del consejero de la Judicatura Federal, Jose Efraín Moreno Collado, que ya sin recato alguno presiona y amenaza a jueces y magistrados federales del vigésimo séptimo circuito con sede en Quintana Roo, para obligarlos a resolver a favor de la “Mafia Verde” un listado de 12 a asuntos
“estratégicos del Estado de Quintana Roo”.

Estos “asuntos estratégicos” tienen que ver de forma directa con los negocios del “Niño Verde” Jorge
Emilo González, quien acrecenta cada vez más su red de negocios al amparo del poder, como pago
de favores por su lealtad legislativa a Morena

Entre los asuntos más relevantes que se disputan en Quintana Roo está el caso de AGUAKAN, la concesionaria de agua potable, a la cual quieren sustituir por una nueva empresa de Jorge Emilio.

Y es que la ambición desmedida de Jorge Emilio no basta con adueñarse del sistema de agua potable, que para todos en Quintana Roo es bien sabido es la caja chica o el monedero en efectivo del gobierno y sus “socios estratégicos”.

No señor, ahora al “Niño Verde” y sus socios al más alto nivel de funcionarios públicos en la administración que encabeza Mara Lezama, se les metió en la cabeza, hasta conseguirlo, hacerse de la concesión de Basura de Cancún, que ya opera su empresa Red Ambiental.

Ni qué decir el negocio del trasporte contra UBER y las Concesiones de 400 Taxis de Carritos
de Golf de Tulum, que acaban de ser asignadas a su suegro Alejandro Jiménez, a través de las
empresas Metromobility Group, S.A. de C.V.

Esto se logró despojando a los concesionarios mediante mecanismos de persecución judicial, con amenazas de encarcelamiento, mismas que no han dudado en ejecutar, como en el caso del empresario Carlos Canabal.

Al empresario de origen tabasqueño, le giraron órdenes de aprehensión y fue encarcelado de forma aparente, mediante un amañado proceso judicial, por defender como abogado a la empresa concesionaria de la basura de Cancún, Intelligencia México S.A. de C.V., propiedad de su madre.

La operación de la posible extorsion y amenaza a la que es sometido, es encabezada por el Consejero Jorge Moreno Collado, que fue nombrado en 2009 mediante un cuestionado proceso.

A Moreno Collado, se le vincula al político sonorense Manlio Fabio Beltrones y trae larga cola en el pasado, cuando fue diputado federal priísta, ex vicepresidente de la Fundación Colosio y ex secretario ejecutivo de la fracción parlamentaria del partido tricolor en la Cámara de Diputados.

Ramón Alberto Garza volvió a poner en el ojo del huracán este delicado tema del agua potable en Quintana Roo, al existir una amenaza real de confiscar el sistema de agua potable que surte a 11 poblaciones de Quintana Roo, incluyendo Cancún, Playa del Carmen e Isla Mujeres.

Este sistema, que lleva por nombre AGUAKAN, fue creado en 1993 con fondos privados de Afores que desde entonces invirtieron 8 mil 800 millones de pesos en sus redes, expuso Código Magenta la semana anterior, no sólo en el sistema potabilizador, sino de tratamiento de aguas negras.

Esa operación privada le ha generado al estado de Quintana Roo beneficios por cerca de 8 mil 500 millones de pesos, además de 5 mil 500 millones de pesos en impuestos.

En comparación, los dividendos pagados a los fondos privados que crearon el sistema apenas alcanzan en ese mismo periodo los mil 900 millones.

No cabe duda que son insaciables y no tienen llenadera. Que no hay político ni funcionario público que no esté en ese tipo de cargos para hacer negocios.

Tal pareciera que está en el ADN de los mexicanos llegar a la política y a la función pública para ser corruptos.

Ni hablar, porque además la dizque oposición que en estos momentos tiene cargos en el poder legislativo, no podrá hacer nada de aquí a seis años, debido a que no cuentan con voto, pero eso sí, ahora se pulen echándose una discursos sensacionales, que claro, no sirven y como dijo Don Teofolito, ni servirán para nada.

*Víctor Hugo Arteaga es ganador del Premio Nacional de Periodismo 2016 por el reportaje de investigación Las Empresas Fantasma de Javier Duarte, el exgobernador que se encuentra preso gracias a ese trabajo.

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Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

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Cortesía de Forbes.





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