CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Después de cuatro años de la caída de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, este lunes 5 de mayo, doce de las víctimas del colapso se manifestaron frente a las oficinas de Grupo Carso, para denunciar omisiones de las autoridades y exigir al Poder Judicial que la empresa constructora de Carlos Slim pague las indemnizaciones correspondientes.
Los afectados realizaron una protesta pacífica en la alcaldía Miguel Hidalgo, acompañados de su representante legal, Teófilo Benítez, quien dijo a medios de comunicación que, según la resolución del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, las indemnizaciones impuestas a la empresa del magnate mexicano, no deben calcularse con base a la Ley Federal del Trabajo, pues se debe tomar en cuenta la afectación a los derechos de las víctimas y la capacidad económica de la empresa
Con sentencia en mano, el abogado explicó que, si originalmente Grupo Carso quería dar una indemnización de un peso, ahora esa suma debe incrementarse a mil pesos.
La empresa fue la responsable de construir el tramo elevado de la Línea 12 del Metro, la cual sufrió el colapso de una trabe entre las estaciones Olivos y Tezonco, lo que provocó la caída de dos vagones sobre Avenida Tláhuac, la noche del 3 de mayo de 2021.
En la tragedia, 26 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas. Según el Gobierno de la Ciudad de México, el 98% de los afectados llegaron a acuerdos reparatorios, sin embargo, a cuatro años de los hechos, doce de las víctimas afirmaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se apartó de ellos por continuar el pleito en los tribunales.
En entrevista, denunciaron: “Ha quedado al descubierto el contubernio que tenía con Grupo Carso para engañar a las víctimas y firmar los acuerdos reparatorios, más allá de cumplir con su obligación constitucional, los dejó a su suerte”.
También apuntaron que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México litigó a favor de la empresa, bajo el argumento de promover una “justicia restaurativa”.
Durante la protesta, las víctimas aseguraron que, aunque el fallo judicial representa un paso importante, es insuficiente si no se cumplen las resoluciones, por lo que están preparados para acudir a instancias internacionales si el Estado Mexicano no garantiza sus derechos.
Cortesía de Proceso.
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