Académicos, activistas y expertos en seguridad pública disienten de la versión del gobierno federal de que la violencia está disminuyendo, en especial delitos de alto impacto como homicidios dolosos y feminicidios. Les preocupa, además del triunfalismo en la interpretación de los números, la falta de claridad de los criterios de medición, un posible subregistro de crímenes en las fuentes oficiales y la continuidad en la estrategia de seguridad militarizada.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–La presunción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de una supuesta tendencia a la baja en la violencia a partir de disminuciones en los registros de delitos como homicidio doloso y feminicidio, no responden a la realidad ni mucho menos a criterios claros sobre la manera en que se alimentan las bases de datos gubernamentales, consideran expertos en seguridad pública y en defensa de derechos humanos.
El 16 de mayo, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, sostuvo que en abril del cuarto año del gobierno López Obrador se registraría una reducción de 16.1% de homicidios dolosos respecto de diciembre de 2018.
Según sus datos, en abril pasado se registraron dos mil 428 homicidios, mientras que en diciembre hubo dos mil 893, siendo las entidades más violentas Guanajuato (mil 84), Estado de México (917), Baja California (721), Chihuahua (694), Jalisco (672) y Michoacán (600).
En la conferencia matutina del presidente, Rodríguez Velázquez sostuvo que en delitos como feminicidio en abril se registraron 60 casos, 40% menos que en diciembre de 2018, año en que se cometieron 99 feminicidios, según datos el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Para María de la Luz Estrada Rodríguez, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (ONCF), el balance expuesto por la titular de SSPC, quien aspira a ser candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, demuestra –contra la afirmación de la funcionaria– “un contexto muy grave en México, en el que se asesinan a más de tres mil mujeres al año. De 2019 a 2022 se asesinó a 14 mil 702 mujeres, de las cuales sólo por tres mil 947 iniciaron investigando como feminicidios”.
Consultada por el semanario, la defensora insiste que se mantiene la tendencia de 10 asesinatos de mujeres al día, cuando en 2012 era seis, de ahí que “no puedo atreverme a decir que hay una disminución porque ni siquiera estadísticamente se ve reflejado”.
Estrada Rodríguez resalta que, pese al ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a partir de la sentencia Mariana Lima Buendía, que obliga a las fiscalías a registrar toda muerte violenta de mujer como feminicidio hasta que en la investigación se demuestre lo contrario, “hemos advertidos que no hay criterios claros sobre los datos que las fiscalías están enviando al SESNSP; hay autoridades que nos han dicho que no registran el caso como feminicidio hasta que hay certeza, o bien cuando una vinculación a proceso o hasta que hay sentencia”.
La defensora dice que han detectado casos reportados como suicidios pero que en las investigaciones se confirman como feminicidios, y que en casos de desaparición de mujeres, “una vez que aparece la mujer sin vida, la autoridad no quiere investigar el caso como feminicidio sino como homicidio”.
Señala que la estadística de muertes violentas de mujeres en los últimos años no refleja una tendencia a la baja, ya que en 2019 hubo tres mil 822; en 2020, tres mil 752; en 2021, tres mil 750 y en 2022, tres mil 375 muertes violentas. En los primeros cuatro meses de 2023 el SESNSP tiene registrados mil 181 asesinatos de mujeres, 281 de ellas clasificados como feminicidio.
“Las cifras de asesinatos de mujeres siguen siendo altísimas. Si desde el gobierno se afirma que hay una disminución, tendrían que decirnos en qué estados y cuáles son las políticas que funcionaron.
“Tendría mucha reserva con los datos porque lo que no hay son análisis o diagnósticos de la realidad, qué pasa México con tanta violencia que, sobre todo, está poniendo en riesgo a las mujeres, niñas y adolescentes”, puntualiza Estrada Rodríguez.
La construcción de datos
Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), critica el discurso de la presunta disminución de la violencia, más aún cuando se omite la que ocurre con niños y adolescentes, 30% de la población y la más vulnerable.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2430 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.
Cortesía de Proceso.
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