BRUSELAS (apro).- Para evitar la imposición de 5% de aranceles a las exportaciones que llegan a Estados Unidos desde México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aceptó enviar a 6 mil hombres de la Guardia Nacional para resguardar la frontera sur y, además, acoger en el país a los migrantes centroamericanos que pidan asilo a Estados Unidos mientras se desarrolla su proceso en esa nación.
Si en 90 días no se consigue atenuar el flujo de inmigrantes hacia Estados Unidos, México se encaminaría a una negociación regional que lo podría convertir abiertamente en un "tercer país seguro", una categoría que no permitiría al gobierno mexicano deportar a los migrantes centroamericanos a sus países, obligándolo a satisfacer sus necesidades de salud, vivienda, educación o empleo, y posibilitar que sus familiares puedan alcanzarlas.
El director del Departamento de Estudios de Población de El Colegio de la Frontera Norte, Rodolfo Cruz, declaró a la BBC que México no dispone de una estructura suficiente para ocuparse de esos migrantes, ni del marco legal que facilite su estancia por tiempo indefinido, aparte de que las autoridades no pueden ofrecer seguridad ni siquiera a los propios mexicanos.
Un acuerdo reciente con un "tercer país seguro", Turquía, desató en Europa una fuerte oposición. Sus resultados han sido ambivalentes: redujo sustancialmente la migración irregular, a costa de empeorar las condiciones de acogida de muchos demandantes de asilo. Ese caso no es exactamente comparable a lo que sucede entre México y Estados Unidos, con circunstancias distintas y cuya relación es más asimétrica, pero sí muestra la gran dificultad para garantizar que los derechos de los refugiados se acaten cuando se aplican políticas de ese tipo.
En marzo de 2016, la Unión Europea (UE) firmó con Turquía un acuerdo para que contuviera a los inmigrantes sin papeles que desde costas turcas estaban entrando al continente europeo a través de las islas griegas en el Mar Egeo.
Para dar sustento jurídico al pacto y no romper la ley internacional que impide a un Estado devolver a un individuo a un territorio donde su vida o su libertad corren peligro (principio de non-refoulement), los gobiernos nacionales de la UE concedieron a Turquía el estatus de "tercer país seguro" para los refugiados, a pesar de su largo historial de graves violaciones a los derechos humanos.
Los debates sobre la base ética y moral de ese acuerdo, y su incongruencia con el discurso europeo de guardián mundial de las garantías individuales, fueron muy encendidos. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos acusaron a la UE de violar la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados o el Convenio Europeo de Protección de Derechos Humanos, puesto que el acuerdo expulsa inmigrantes de manera masiva sin respetar su derecho a demandar el asilo y esperar una decisión en suelo europeo bajo cuidado gubernamental.
Por otro lado, las ONG apuntaron que Turquía no reconoce íntegramente la Convención de Ginebra y no garantiza la protección que por derecho tienen los inmigrantes y solicitantes de asilo.
En una discusión celebrada en el Parlamento Europeo el 9 de marzo de aquel año, el eurodiputado y exprimer ministro belga, el liberal Guy Verhofstadt, atacó el acuerdo euro-turco sirviéndose de la mala reputación de México en materia de cumplimiento de los derechos humanos.
Dijo en la sesión plenaria: "Necesitamos un acuerdo como parte de una solución global, pero éste no es un acuerdo práctico o técnico. Es uno en el cual nosotros (la UE) 'externalizamos' (outsource) nuestros problemas (...) Es muy problemático decirle precisamente al país que no acepta completamente los protocolos de la convención (de Ginebra) que ahora son ellos quienes se van a ocupar del problema. Es como si los estadunidenses dijeran a los mexicanos: 'ahora ustedes gestionarán las fronteras en el futuro. Eso es lo que estamos haciendo nosotros".
En resumen, bajo el acuerdo el gobierno de Ankara se comprometió a impedir que inmigrantes cruzaran a Grecia desde sus costas. A cambio, recibió de la UE seis mil millones de euros para la gestión de los refugiados en el país, monto que fue entregado en 2016 y 2018. También se pactó que Turquía admitiría de regreso a ciudadanos sirios provenientes de las islas griegas; por cada uno que recibiera, otro en Grecia o Italia sería reubicado en otros países de la UE para distribuir la carga migratoria.
Turquía obtuvo igualmente concesiones políticas --como una mayor tolerancia europea a los abusos de poder del régimen del presidente Erdogan-- o la revitalización de las relaciones bilaterales: los europeos aceptaron abrir nuevos capítulos con los turcos en las empantanadas negociaciones de adhesión, acelerar las pláticas para liberalizar los visados de ciudadanos turcos y continuar los trabajos para modernizar la unión aduanera entre ambas partes.
Con los fondos europeos, el gobierno de Turquía estableció un programa de ayuda a los refugiados (Facility for Refugees) --que es considerado el mayor logro del acuerdo--, más de un millón y medio de personas han recibido asistencia humanitaria y 600 mil niños se han podido incorporar al sistema escolar turco.
No obstante, tres años después de entrar en vigor ese polémico acuerdo, todavía hay cuestionamientos sobre su base legal y su implementación, señala Laura Batalla Adam, secretaria general del Forum Turquía del Parlamento Europeo, en un informe que publicó el 20 de marzo pasado Friends of Europe, un centro de pensamiento asentado en Bruselas.
El balance ha sido un éxito en términos numéricos: tras su activación, según datos de la Comisión Europea, las llegadas de inmigrantes irregulares cayeron 97%, pasando de seis mil 360 por día en promedio en octubre de 2015, a 80 en 2018. Respecto a los fallecimientos en el Mar Egeo (la ruta este del Mar Mediterráneo), la Organización Internacional para las Migraciones arroja que de 803 en 2015 bajaron a 434 en 2016 y a 63 el año siguiente. En 2018 hubo un repunte de 174 y de enero a mayo de este año se han reportado 34.
Batalla Adam relativiza ese resultado. "Desde su comienzo (en 2015) --señala en su análisis--, la situación migratoria en Europa ha sido descrita como una crisis de números. Sin embargo, esto nunca fue así. Más bien ha sido una crisis de solidaridad y voluntad política. Al externalizar la gestión de la migración a Turquía, en un momento en que el país ya acogía a 2.5 millones de refugiados sirios, Europa eludió su responsabilidad y su deber moral hacia los refugiados y los migrantes".
La experta advierte que la aplicación del acuerdo continúa planteando dificultades debido a la lentitud de los retornos de inmigrantes de Grecia a Turquía. "Este fracaso en la aplicación eficaz del acuerdo --precisa-- ha ejercido una mayor presión sobre las islas griegas, con una capacidad limitada para acoger a los inmigrantes a medida que éstas se sobrecargan aún más".
Como menciona la especialista catalana, los grupos de derechos humanos han denunciado las condiciones degradantes que existen en los campos griegos de refugiados y la forma incorrecta en que se han tramitado las demandas de asilo, "dando lugar a presuntas violaciones del derecho a solicitar asilo y a recibir el debido proceso".
Actualmente hay 12 mil inmigrantes bloqueados en los centros griegos de refugiados.
El 18 de marzo pasado, en el tercer aniversario del acuerdo, la directora del Comité Internacional de Rescate en Bruselas, Imogen Sudbery, se refirió en la televisora Euronews a las malas condiciones en que viven los inmigrantes: "Durante los últimos inviernos hemos visto a miles de personas vulnerables alojadas en frágiles tiendas de verano a temperaturas bajo cero. También vemos un hacinamiento permanente, particularmente en los centros de recepción e identificación en los llamados centros de tránsito".
Sudbery precisó que en el verano pasado se alcanzó un pico de hacinamiento, y detalló: "Había, por ejemplo, nueve mil refugiados alojados en Moria, en la isla de Lesbos. Se trata de un centro con capacidad para tres mil refugiados. Como consecuencia, falta higiene, falta agua y hay brotes de violencia".
El 14 de marzo último, un grupo de 20 organizaciones internacionales --entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch-- instó a los líderes de la UE "a poner fin de inmediato a la injusta e innecesaria política de contención migratoria, que está impidiendo a los demandantes de asilo salir de las islas griegas".
Esas ONG consideran que la UE "tiene los recursos y la capacidad para responder de forma humanitaria a las necesidades de quienes buscan asilo en su territorio". Y aseguran que la situación tan penosa de los migrantes en las fronteras de Europa es, en gran parte, el resultado directo de las políticas miopes e insostenibles aplicadas tras el acuerdo entre la UE y Turquía".