Para la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), “Tu huella eres tú”, como afirma uno de los mensajes en redes sociales que difunden la gran apuesta del organismo para resolver la llamada “crisis forense” en México, que suma más de 72,000 cuerpos sin identificar.
Desde 2024, el organismo dirigido por Teresa Guadalupe Reyes Sahagún impulsa el cotejo de huellas dactilares con el padrón del Instituto Nacional Electoral (INE) como su principal estrategia para devolver el nombre a los miles de cadáveres que, año tras año, se acumulan en las fosas comunes y los Servicios Médicos Forenses (Semefos) del país.
Pero la dactiloscopía —el análisis de huellas dactilares— tiene limitaciones, advierten especialistas, organizaciones de la sociedad civil y familiares de personas desaparecidas, como la imposibilidad de obtener registros de cuerpos mutilados, esqueletizados o reducidos a fragmentos; los errores al tomar o procesar las huellas, y que las personas migrantes, así como menores de edad, no puedan ser identificadas por no estar en el padrón del instituto.
De acuerdo con su último informe de resultados, el INE recibió, entre 2017 y marzo de 2025, 88,405 solicitudes de cotejo de huellas. Su Sistema Automatizado de Identificación Dactilar (AFIS, por sus siglas en inglés) arrojó, en ese mismo periodo, 29,940 coincidencias o candidatos para ser identificados (33.8%). De este número, 15,048 registros (50.2%) fueron confirmados mediante dictamen pericial, un documento elaborado por un especialista de la institución ?que solicita el cotejo.
Lo anterior significa que, por cada tres solicitudes ingresadas, solo se encontró un candidato para ser identificado, y que la mitad de las coincidencias no pudieron ser confirmadas por peritos.
Según Maximilian Murck, coordinador del Programa de Identificación Humana (IDH) del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) —agencia que proporciona apoyo técnico a la CNB para la implementación de la dactiloscopía—, las primeras solicitudes recibidas por el INE no cumplían con los estándares requeridos, lo que afectó los resultados.
El órgano electoral solicita que las huellas dactilares sean enviadas en formato WSQ —un estándar internacional que permite su cotejo con diferentes bases de datos—, que las imágenes se limiten a las falanges distales (puntas de los dedos), y que tengan el mismo tamaño que las huellas de origen, tomadas con el método tradicional de impresión en tinta.
Mientras que en 2017 el INE recibió 2,107 solicitudes que resultaron en 693 coincidencias (32.8%), de las que 43 (6.2%) fueron confirmadas por peritos, en 2024 hubo 13,524 solicitudes que derivaron en 6,457 coincidencias (47.7%), y 5,033 (77.9%) confirmaciones periciales.
Aunque la mejora en los resultados es evidente, en 2024 una de cada dos solicitudes que ingresaron al sistema AFIS del INE no arrojó candidatos, y una de cada cinco coincidencias no pudo ser confirmada por peritos.
Sin un dictamen pericial, el INE no puede proporcionar los datos de la persona fallecida a la institución solicitante del cotejo —la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la CNB, y fiscalías y comisiones de búsqueda estatales—, que con esa información deberá localizar a un familiar o conocido para que confirme plenamente su identidad.
¿Soluciones mágicas?
Tras el desmantelamiento del Centro Nacional de Identificación Humana y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, creados en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador para atender el rezago forense, la CNB ha concentrado sus esfuerzos en promover la dactiloscopía. “Es uno de los métodos que más vamos a desarrollar […] sistemáticamente, sostenidamente”, aseguró Reyes Sahagún en febrero de 2024.
A finales del pasado diciembre, una publicación de la CNB en X —que posteriormente fue borrada— afirmaba que esa técnica tiene una certeza de coincidencia del 100%, y resultados en menor tiempo y con menos costo, en comparación con las pruebas de ADN.
Luis Fondebrier, fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), advierte sobre el riesgo que supone priorizar una técnica de identificación y poner en duda la efectividad de otras. “Me parece grave que una institución del gobierno mexicano haga una aclaración tan simplista y sin ninguna base científica. En ciencia no existe el 100%”.
La identificación, explica Fondebrier, es un proceso que emplea diferentes técnicas, desde el análisis de huellas dactilares hasta datos odontológicos, de fracturas, enfermedades y tatuajes. “Es un error aplicar a un cadáver fresco, en descomposición o esqueletizado, solamente un procedimiento”, advierte el exdirector del EAAF, organización que ha trabajado en más de 60 países, incluido México en casos como Ayotzinapa.
Para José Pablo Baraybar, coordinador regional forense del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), no solo es un error considerar a la dactiloscopía como algo más que una técnica dentro del proceso de identificación, sino pensar que existe una herramienta que ahora lo “va a revolucionar todo”.
“No sé por qué lo están promocionando en México como algo nuevo”, insiste Fondebrider. En muchos países de América Latina y el mundo, explica, la policía utiliza la dactiloscopía de forma rutinaria, comparando las huellas tomadas a un cadáver con sus bases de datos. “En lugar de plantear estas soluciones mágicas, hay que ponerse a trabajar seriamente”.
La directora del Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), Roxana Enríquez, recuerda que, durante la administración de López Obrador, la CNB apostó por el enfoque masivo —comparar el ADN de cuerpos sin identificar con el mayor número de muestras genéticas de familiares de personas desaparecidas— como una solución rápida al rezago forense.
“Pasamos cerca de cinco años con campañas de toma de ADN […], y al final no tenemos resultados. Me parece peligroso que esta estrategia se considere, otra vez, la novedad”.
Murck, del UNFPA, coincide en parte con los especialistas, pero destaca el potencial de la dactiloscopía: “El cotejo de huellas dactilares no se debería considerar como única solución para lograr un mayor número de identificaciones. Se trata de una herramienta que ha permitido acercarse a miles de posibles identificaciones a corto plazo, y una herramienta que permite identificar un mayor número de las personas fallecidas recientemente”.
Tras la visita a México del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU en 2021, el UNFPA puso en marcha, por petición de la CNB, el IDH. Con un presupuesto de 4.8 millones de dólares para sus primeros tres años —con el financiamiento de los gobiernos de Alemania y Noruega—, explica Murck, el programa tiene como objetivo brindar asistencia técnica al Estado mexicano para la implementación de un sistema nacional de cotejo de huellas dactilares, una de las recomendaciones del CED.
Hacia ese propósito apunta la iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Desapariciones enviada en marzo por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado, que propone la creación de una Plataforma Nacional de Identificación Humana que incluirá la totalidad de los registros administrativos y forenses del país, incluido el del INE, para el cotejo de huellas dactilares.
La asistencia técnica del IDH se ha reflejado en la simplificación del proceso de digitalización de las huellas dactilares —tomadas en papel por las fiscalías—, y su adecuación al formato WSQ solicitado por el INE, mediante una aplicación desarrollada por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y la organización Data Cívica.
Desde mayo de 2024, como parte del programa, la CNB ha entregado 300 escáneres portátiles, del tamaño de un celular, a fiscalías y comisiones de búsqueda de los 32 estados del país, así como a la Fiscalía General de Justicia Militar y a la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM. Estos escáneres de la marca alemana Dermalog, que tienen un costo promedio de 1,200 dólares (cerca de 23,000 pesos), fueron comprados por el UNFPA a la empresa mexicana Acerta Computación Aplicada, S.A. de C.V., a través de una licitación internacional. Su software fue desarrollado por el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Hamburgo, en cooperación con el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo) de la Ciudad de México.
Los escáneres permiten a los peritos tomar huellas de los cuerpos que ingresan a los Semefos, incluso en proceso de descomposición, y a las comisiones estatales identificar a personas que se encuentran en situación de calle, sin documentos.
Su uso, asegura Murck, ha reducido el tiempo que emplean los peritos en registrar las huellas de tres horas a cinco minutos, y permiten generar automáticamente los archivos que son enviados al INE para su cotejo.
Incorporar a las familias
Se desconoce cuántas personas han sido restituidas a sus familias tras ser identificadas mediante el cotejo de huellas dactilares con el padrón electoral. El INE no cuenta con esos datos, por lo que corresponde a cada fiscalía proporcionar la información.
En Sinaloa, la Fiscalía General del Estado (FGE) informa que, hasta febrero de 2025, había enviado 506 fichas dactilares al INE. De ese número, se obtuvieron 191 confirmaciones de peritos, y 44 personas ya se encuentran con sus familias; una pequeña fracción de los 2,445 cuerpos sin identificar que había en el estado hasta 2023.
“Yo les pregunto: ¿dónde están esas 44 personas y a quiénes se las entregaron?”, cuestiona Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida de Culiacán, quien busca a su hermano Miguel Ángel, desaparecido en 2009 en Pueblos Unidos, al sur de la capital del estado. La buscadora recomienda a las autoridades informar con mayor detalle sobre el proceso de restitución de las personas identificadas con esta técnica.
Guillermina Camacho, representante del colectivo Siguiendo tu Rastro con Amor de Zacatecas y madre de Jorge Alberto Salinas, desaparecido en 2017 en el centro histórico de la ciudad, pide que los familiares de personas desaparecidas puedan atestiguar ese proceso. “Nosotros le solicitamos [a la fiscalía estatal] ser observadores, para dar fe de lo que están haciendo”, afirma.
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Zacatecas asegura que, hasta enero de 2025, fueron identificadas 247 personas a través de la dactiloscopía, y 192 han sido entregadas a sus familias. Hasta 2023, en el estado había 1,346 personas sin identificar.
Para Elizabeth Araiza Hernández, representante del colectivo Buscadoras Zacatecas, la identificación de una persona a través de sus huellas dactilares tiene límites claros, relacionados con las condiciones en que fue encontrado el cadáver.
“Hay que estar conscientes de que a muchos cuerpos no se les puede tomar la huella dactilar. Muchos cuerpos entran al Semefo en estado de osamenta. Algunos están en estado de putrefacción y tal vez no se pueda recuperar la huella dactilar. Hemos visto unos [cuerpos] que entran hasta sin manos, sin rostro”, explica.
Lo mismo sucede con los cuerpos reducidos a fragmentos, que solo pueden ser identificados a través de pruebas genéticas, señala. “¿Cómo le vas a tomar la huella dactilar a un fragmento? No podemos darle todo a las huellas dactilares”.
Martín Villalobos, vocero del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, coincide con la buscadora: “Esa insistencia en decir que esta es la solución es tratar de minimizar la complejidad del asunto, es desconocer su delicadeza, lo sensible que es, y simplemente decirle a la sociedad: con esto te [lo] voy a resolver”.
Villalobos se pregunta, por ejemplo, qué pasa con las huellas que fueron enviadas al INE en el formato solicitado y, aun así, no arrojaron ninguna coincidencia. “Deja en una franja oscura a un número importante de personas sin vida”, lamenta.
Una porción de los cotejos negativos corresponde a huellas de menores de 18 años, que no contaban con un registro en el padrón electoral. Si uno de los 17,725 menores que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), se encontraban desaparecidos hasta el 4 de junio de este año ingresara al Semefo, no habría forma de identificarlo a través de la dactiloscopía.
Las fiscalías de Zacatecas y Sinaloa sostienen que, ante la duda, suelen enviar para su confronta las huellas dactilares de los cuerpos que parecen ser de mayores de edad.
“Es preferible enviar todas las fichas [dactilares] y empezar a descartar, a que nosotros por alguna omisión no las enviemos”, afirma Rubí Sánchez Noriega, directora de Servicios Periciales de la FGJ de Zacatecas. “No estamos deteniéndonos en esa parte, se envían [sus huellas] para poder ver si hay oportunidad de identificación”, explica Cindy Isabel Fuentes Gutiérrez, directora general de Investigación Pericial de la FGE de Sinaloa.
Otra explicación para los cotejos negativos es que las huellas tomadas y enviadas al INE pertenezcan a personas migrantes o que nunca se registraron como votantes. Baraybar explica que, desde abril de 2024, el CICR trabaja con el gobierno de Honduras para comparar las huellas que no arrojen coincidencias en el padrón del INE con el Registro Nacional de las Personas (RNP) del país centroamericano.
“No quiere decir que todos son hondureños, pero ya hay un número interesante de personas que van apareciendo”.
El Salvador está por lanzar un sistema similar al de Honduras, agrega, y se espera que el próximo país sea Guatemala.
El hecho de que las fiscalías cuenten con escáneres portátiles para la toma de huellas dactilares no implica, en automático, que estén realizando un buen trabajo, o que puedan suplir fallas de origen del personal del INE, como que las huellas estén empastadas o sobrepuestas, advierte María García Cuevas, antropóloga física e investigadora de la UNAM.
Alejandro Andrade, coordinador de Procesos Tecnológicos del INE, reconoce que “el registro pudo haber tenido alguna mala captación”, sobre todo de 2001 a 2012, cuando solo se tomaban dos huellas dactilares. Hasta el pasado febrero, el padrón del instituto estaba integrado por 101,663,520 personas, 99.88% con las diez huellas dactilares.
A estos registros, explica Andrade, hay que agregar aquellos que perdieron vigencia, como los de personas que no renovaron su credencial, ya que sus datos siguen en la base de biométricos en la que se realiza la búsqueda de posibles coincidencias.
Baraybar subraya otro problema de la dactiloscopía: la trazabilidad de los casos de larga data, es decir, aquellos cuerpos que pasaron por los Semefos y fueron depositados en fosas comunes o panteones forenses. “[Yo puedo tener las] huellas de un cuerpo que entró a mi Semefo, más o menos reconocible, pero si después ese cuerpo fue echado a una fosa común con no sé cuántas personas, es bien complicado que yo diga [dónde está]. Voy a tener que usar otra técnica [de identificación]”.
María Luisa Aguilar, subdirectora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que acompaña a colectivos y familiares de personas desaparecidas en todo el país, coincide con el antropólogo peruano: “La trazabilidad de los cuerpos, que estén identificables, localizables, y que sea posible exhumarlos y después entregarlos a las familias de manera digna, no ha sido siempre parte de la práctica”, ya sea por falta de capacidad de las instituciones, o por mera negligencia y corrupción.
“Nosotros estamos conscientes de que las familias pueden tener dudas”, reconoce Fuentes Gutiérrez, de la FGE de Sinaloa.
“El reproche de las familias siempre es: ¿por qué me lo entregas hasta ahorita?”, agrega Sánchez Noriega, de Zacatecas, quien advierte sobre las resistencias de otras fiscalías para hacer públicos los resultados de las confrontas solicitadas al INE, o informar sobre los cuerpos de personas fallecidas ya entregados. “Sabemos que es polémico, pero se tiene que hacer”.
Ganarse la credibilidad de las familias, asegura Fondebrier, cuesta mucho, sobre todo en un país donde se siguen produciendo muertes y desapariciones, y donde el Estado “no está presente en muchos lugares”. Atender el rezago forense, concluye, comienza por informar a los familiares “como corresponde”, sin sobreestimar soluciones parciales.
La CNB no respondió a preguntas relacionadas con este reportaje.
**Imagen de portada: Ilustración de Alejandra Saavedra. www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).
Cortesía de Proceso.
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