CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Durante los últimos cinco años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los primeros tres meses del de Claudia Sheinbaum, de 2020 a 2024, se registraron mil 428 agresiones a defensores del medio ambiente, de las cuales 112 corresponden a homicidios, reportó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
En la edición 11 del “Informe sobre la situación de las personas comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México”, la organización civil alertó sobre una violencia sostenida en contra de defensores medioambientales, en la que se ha identificado cada vez mayor participación de actores del Estado mexicano como responsables de gran parte de las agresiones.
El informe fue presentado el 24 de abril por el director ejecutivo de CEMDA, Gustavo Alanís, en un evento al que asistió la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy, así como dos víctimas de criminalización de la protesta social en defensa de sus territorios durante el sexenio de López Obrador: Wilberth Alfonso Nahuat Puc, comisario de la comunidad maya Santa María Chi, en Yucatán, y Juana Inés Ramírez Villegas integrante de UCIZONI, indígena mixe de San Juan Guichicovi, Oaxaca.
De acuerdo con la información recabada por CEMDA, el periodo de 2020-2024 fue el periodo más letal para defensores del medio ambiente y del territorio, ya que concentra la mayor parte de casos registrados en los últimos diez años en que se reportaron 189 homicidios de defensores.
La organización explicó que las mil 428 agresiones registradas entre 2020 y 2024 ocurrieron en 587 eventos de agresiones, siendo las entidades con mayor violencia: Oaxaca, con 97 eventos de agresión; Ciudad de México, con 56; Chiapas, con 50; Jalisco, con 48 y Chihuahua, con 38.
En cuanto a los registros únicamente de 2024, CEMDA reportó 94 eventos de agresiones, con 236 agresiones específicas de las cuales 25 fueron letales, cuatro de éstas identificadas como ejecuciones extrajudiciales, en un caso la víctima contaba con medidas de seguridad proporcionadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, que depende de la Secretaría de Gobernación.
El informe destalla que en 2024 los homicidios y ejecuciones extrajudiciales superaron los registros de 2023, en que ocurrieron 20 casos letales.
“Las cifras de agresiones letales documentadas durante 2024, sólo han sido superadas en el año 2017, cuando se registraron 29 víctimas por estas agresiones”, destacó Gustavo Alanís.
Explicó que, del total de víctimas registradas en 2024, 45% pertenecían a pueblos indígenas, que en 11 casos defendían su territorio en contra de proyectos mineros; en cinco las víctimas luchaban contra la explotación forestal y en tres combatían los abusos del sector agropecuario.
Gustavo Alanís alertó que en 62 eventos de agresión de los 94 documentados por CEMDA en 2024, el “agente agresor fue el Estado”, lo que equivale al 65.9 por ciento, lo que es de suma gravedad si se toma en cuenta que en 2023 la participación de agentes estatales en las agresiones fue de 49.5 por ciento.
Es de destacar que en 25 eventos las agresiones fueron atribuidas a las empresas y en 17 a integrantes del crimen organizado.
El defensor resaltó que el factor común en los casos de homicidios y ejecuciones extrajudiciales es “la impunidad”, por lo que requirió a la presidenta Claudia Sheinbaum “garantizar con recursos financieros, materiales y humanos suficientes para que el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación funcione apropiadamente, se garantice un entorno seguro para quienes protegen el patrimonio natural de México, cumpliendo así con el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) del cual México es signatario”.
El activista sostuvo que el informe es un reconocimiento a “la muy admirable labor que realizan las personas y comunidades defensoras de los derechos ambientales y del territorio, enfatizando la resistencia, que dese la esperanza y la dignidad han mostrado para continuar defendiendo sus derechos y sus territorios biodiversos”.
El informe de CEMDA resalta que en 2024 otros tipos de agresión específica frecuentes, que pueden ser más de una por evento, fueron la intimidación (27), hostigamiento (23), estigmatización (20), criminalización (20) y difamación (19).
Por entidad federativa la lista de eventos de agresiones en 2024 la encabeza Oaxaca (15), Chiapas (9), Michoacán (9) y Veracruz (8), estados en los que sucedieron 50 de los 94 eventos de agresión. En dichas entidades ocurrieron 127 de las 236 agresiones específicas documentadas por CEMDA.
Entre los megaproyectos contra los que se han manifestado los defensores agredidos, la organización documentó que en diez eventos se relacionaron con granjas porcícolas; 10 más con edificaciones habitacionales y comerciales; la tala ilegal en 11; seis eventos relacionados con proyectos mineros; cuatro con el Tren Maya; cuatro con relleno sanitario y tres con la pesca ilegal.
Durante la conferencia, Wilberth Nahuat Puc narró la lucha de su comunidad de 500 habitantes, ubicada a unos minutos de Mérida, que durante diez años ha luchado en contra de un megaproyecto de granja porcícola, que contamina el aire y el agua de la región, sin que hasta el momento hayan procedido las demandas en contra del establecimiento, mientras que él es perseguido penalmente por un delito que no cometió, pues es acusado de secuestro.
Juana Inés Ramírez, narró las vicisitudes del pueblo indígena mixe contra el megaproyecto del Corredor Transístmico, dirigido por la Secretaría de Marina, institución que ha demandado penalmente a los dueños de la tierra por oponerse a la construcción que afecta su comunidad.
La titular de la Profepa, Mariana Boy, reconoció que la institución se ha visto limitada para actuar a favor de las comunidades, entre otras cosas, por falta de personal, y se comprometió a poner en marcha un nuevo reglamento recientemente publicado que integra a miembros de las comunidades en la vigilancia del cumplimiento de las leyes ambientales.
Cortesía de Proceso.
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