CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En medio de una batalla legal de 4 años, en la cual contaron con el respaldo de organizaciones civiles y sindicales, un grupo de docentes despedidos de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ) obtuvo tres amparos que reconocieron su relación laboral con ese organismo.
El amparo abre la puerta para su reinstalación, el pago de salarios caídos y la regularización de los pagos obrero-patronales.
Las decisiones de los tribunales colegiados, emitidas a principios de junio, instruyen a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que emita nuevos laudos sobre el diferendo entre profesores y UBBJ, considerando que existe una relación laboral entre ambos, aseveró el abogado Juan de Dios Hernández Monge.
En conferencia de prensa, el letrado recordó que “el gobierno federal y los gobiernos locales del partido actualmente hegemónico decidieron que los trabajadores del UBBJ no eran trabajadores”, y deploró que el programa está “podrido desde el punto de vista laboral”.
“Aun falan tres expedientes por resolver”, resaltó el profesor Omar Rivas, quien exhortó a los magistrados a resolver “a la brevedad” los amparos pendientes, considerando que el organismo diseñó cláusulas contractuales que son “lesivas y una simulación de derechos”.
Los docentes de las UBBJ, creadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para instalar planteles en zonas excluidas de servicios universitarios, enfrentan una situación peculiar: el organismo dirigido por Raquel Sosa Elizalde, incondicional del exmandatario, sostiene que los profesores no son trabajadores sino beneficiarios de un programa social, lo que les priva de todos los derechos laborales.
Para incorporarse a la institución, los docentes tuvieron que firmar convenios de servicios educativos, los cuales plantean más de 20 causas para rescindir el contrato, una prueba –según el abogado– de la relación laboral entre el organismo coordinador de la UBBJ y los maestros.
“Nos dieron horarios de trabajo, nos tenían bajo cierta supervisión de integrantes del organismo, con un salario recurrente: Todo esto configura una relación laboral”, insistió el profesor Rivas.
La precariedad de los docentes salió a la luz en el verano de 2021, cuando cerca de 120 docentes fueron notificados de su despido mediante correo electrónico. La sorpresa fue mayúscula, pues varios de ellos habían sido fundadores del programa y habían elaborado los programas de estudio; posteriormente, el equipo de Sosa les indicó que no cumplían con el perfil requerido por la institución.
En un primer momento, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 11 –ahora extinta– dio la razón a la UBBJ, pero un intento de conciliación, supervisado por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, fracasó ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo.
Un grupo de cerca 40 docentes que trabajaron en sedes de Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz o Tamaulipas, emprendieron entonces una lucha legal para lograr el reconocimiento de la relación laboral y conseguir su reinstalación.
El abogado Hernández denunció que, durante las etapas del proceso, Sosa cabildeó con extrabajadores para que desistieran de sus demandas, e influyó en la Secretaría del Trabajo para obtener resoluciones a su favor.
Sosa fue confirmada en su cargo al frente de las UBBJ por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y siguió contratando a docentes del programa como beneficiarios de subsidios.
“El próximo paso es ver cómo vamos a reinstalarlos, porque Raquel Sosa dijo que no aceptará la reinstalación de nadie”, deploró Juan de Dios Hernández, quien señala que queda la incógnita sobre lo que hará el gobierno respecto a los trabajadores actuales de la UBBJ. “¿Va a reconocerlos como trabajadores o van a tener que hacer juicios?”, preguntó.
Cortesía de Proceso.
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