PUEBLA, Pue. (apro).- El Colectivo Voz de los Desaparecidos Puebla reprochó al gobernador Alejandro Armenta Mier por haber nombrado en la Comisión de Búsqueda de Personas a Enrique Rivera Reyes, un político que no reúne los requisitos que marca la ley para ese cargo.
Al dar un posicionamiento sobre el reciente nombramiento, María Luisa Núñez Barojas, representante del Colectivo, dijo que si bien el gobernador pudo haber atendido el llamado que hicieron para ser escuchados, decidió nombrar al exalcalde de Chignahuapan al margen de las familias y margen de la ley, “atentando contra los derechos de las víctimas”.
Señaló que la Ley de Búsqueda de Personas de Puebla en su artículo 28 establece como requisito para ser titular de la Comisión el haberse desempeñado “destacadamente” en actividades profesionales, de servicio público, sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esa Ley, por lo menos en los dos años previos a su nombramiento.
Asimismo, se requiere que el titular cuente con conocimientos y experiencia comprobable en derechos humanos, en búsqueda de personas, preferentemente con conocimientos en ciencias forenses, criminología o investigación criminal.
En cuanto al procedimiento, la ley requiere que se haga pública toda la información disponible sobre el perfil de las y los candidatos registrados, cosa que no ocurrió, igual que no se cumplió con la obligación de acompañar el nombramiento de “una exposición fundada y motivada sobre la idoneidad del perfil elegido”.
Cuando los familiares habían pedido una reunión con el gobernador, el nombramiento de Rivera Reyes se llevó a cabo en un procedimiento “exprés”.
El recién nombrado titular de la CBPP tiene una carrera política como alcalde de Chignahuapan y diputado local priista, además de ser considerado parte de una familia caciquil en ese municipio. El Colectivo recordó que la localidad que gobernó se caracteriza por la inseguridad.
Núñez agregó que este actuar de Armenta refleja un “desprecio” y revictimización hacia las familias buscadoras y hacia las propias personas desaparecidas.
“No vemos más que un gobierno incongruente, lejos de servir con bioética, que no cumple la ley, mucho menos su palabra”, expresó al asumir que la designación de Rivera Reyes obedeció a un pago de “deudas políticas”.
Además, cuestionó si la cerrazón de Armenta de escuchar a las familias se derivaba de su “incompetencia” o ignorancia”.”…le aterra no saber ni qué decirnos”.
No nos quiere enfrentar porque no quiere verse incapaz, como el fallecido Miguel Barbosa, quizá crea que invisibilizar, no nombrar a las víctimas, la desaparición, es controlar los daños, o no saben cómo manejarlo y les aterra porque es algo que no logran detener ni con dinero, ni con amenazas, ni con simulaciones. Y por supuesto ni ellos ni sus socios están dispuestos a detener este infierno si eso significa poner en riesgo sus negocios o sus posibilidades de avanzar políticamente en un sistema estructuralmente corrupto”, recalcó.
A pesar de todos estos señalamientos, el colectivo hizo un nuevo llamado al gobernador para reunirse.
Piden a Rivera renunciar
En el mismo pronunciamiento, los familiares hicieron un llamado a Rivera Reyes para que en un acto de “dignidad” y “congruencia”, renuncie al cargo y reconozca que no reúne los requisitos que marca la ley para ese cargo.
Cortesía de Proceso.
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