TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- Organizaciones civiles exigieron la suspensión inmediata y definitiva del proyecto carretero San Cristóbal-Palenque; argumentan que la construcción de esta infraestructura representa una amenaza inminente e irreversible para el medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas y el patrimonio cultural de la región.
Las diez organizaciones, agrupadas en la Plataforma por la Paz en Chiapas Slamalil Kinal, y la vicaría de justicia y paz de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, emitieron el enérgico llamado a las autoridades federales y estatales, en el que detallaron sus principales preocupaciones:
Ecocaudio Inminente: El trazo de la carretera atraviesa ecosistemas de alto valor biológico, incluyendo selvas, cuerpos de agua y áreas de recarga hídrica cruciales. La deforestación masiva, la fragmentación de hábitats de especies en peligro de extinción y la alteración de fuentes de agua dulce son solo algunas de las consecuencias ambientales que, afirman, serían catastróficas.
“Tememos que las comunidades indígenas enfrentarán el despojo de sus territorios, la pérdida de sus modos de vida tradicionales y un aumento de la conflictividad y vulnerabilidad social, tal como ya se ha observado con otros proyectos de desarrollo”.
Denuncian la falta de una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada con las comunidades mayas tzotziles y tzeltales cuyos territorios ancestrales serían directamente afectados. Esta omisión, señalan, contraviene el Convenio 169 de la OIT y la legislación nacional, violando los derechos colectivos de los pueblos originarios a su tierra, cultura y autodeterminación.
“Planteada bajo una visión de desarrollo capitalista y extractivista, la vía ignora los principios fundamentales del respeto a los derechos colectivos de los pueblos originarios, consagrados en la Constitución Mexicana y los tratados internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas firmados por México”.
Las organizaciones critican la opacidad en la presentación de los estudios de impacto ambiental y social, los cuales consideran insuficientes y poco accesibles. Exigen la publicación detallada de toda la información técnica, financiera y de factibilidad del proyecto para un análisis público y transparente.
Aseguran que “en lugar de fortalecer el bienestar de estas comunidades, el proyecto no toma en cuenta sus necesidades, violando su autonomía y dañando su patrimonio cultural y los bienes comunes, la casa común, la madre tierra. El desarrollo no debería de limitarse al crecimiento económico o a la construcción de infraestructuras”.
Advierten que la imposición de este megaproyecto sin el consentimiento social de las comunidades podría generar graves conflictos y tensiones en una región ya de por sí compleja.
“Nos preocupa la realización de consultas como las que fueron coordinadas por el gobierno de Chiapas, ya que no cumplen con los estándares nacionales e internacionales de consulta previa, libre e informada y culturalmente pertinentes en zonas mayoritariamente indígenas. Realizar una consulta popular excluye la participación efectiva de los pueblos y comunidades que son directamente afectadas, quienes cuentan además con su propia idea del desarrollo o bienestar”.
Las organizaciones afirman que “comunidades y organizaciones indígenas y de derechos humanos han expresado su rechazo al proyecto de forma pública y presentados amparos, tanto ante el proceso de consulta como al proyecto mismo”.
Asociadas en la Plataforma por la Paz en Chiapas Slamalil Kinal, las organizaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI) y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), demandan la realización de consultas legítimas, previas, libres e informadas, conformes a los estándares nacionales e internacionales.
Así como la protección de los territorios, la biodiversidad y el patrimonio cultural de la región, y un verdadero modelo de desarrollo que respete y beneficie a los pueblos originarios, en lugar de violentar sus derechos.
“Realizar una consulta popular excluye la participación efectiva de los pueblos y comunidades que son directamente afectadas, quienes cuentan además con su propia idea del desarrollo o bienestar”.
Las organizaciones hacen un llamado a la sociedad civil, a las organizaciones internacionales y los pueblos de México a solidarse con esta lucha por la justicia, la dignidad y el respeto hacia nuestras comunidades indígenas y nuestro medio ambiente.
Cortesía de Proceso.
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