AGUASCALIENTES, Ags. (apro).– Organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas independientes denunciaron la irrupción violenta de policías estatales, municipales, Guardia Nacional y agentes migratorios en un refugio para la comunidad de la diversidad sexual.
Al mediodía del 27 de febrero, al menos 12 hombres, varios de ellos armados, se presentaron en el refugio administrado por el Centro de Atención Vive Aguascalientes, A.C. (CAVA), ubicado cerca del centro de la capital aguascalentense. En el lugar también se atiende a personas con VIH y es el único albergue seguro en el estado para migrantes de la comunidad LGBTQ+.
Los hombres aseguraron que estaban ahí por órdenes de la gobernadora panista, Teresa Jiménez, a quien las organizaciones exigieron una explicación sobre el hecho.
“Personas uniformadas llevando consigo armas largas, quienes no se identificaron, pero haciendo uso de la intimidación verbal e institucional, pues se trasladaban en vehículos con rótulos que decían Gobernación, Policía Estatal y Municipal de Aguascalientes y una camioneta de Migración, entre otros vehículos, entraron en las instalaciones de CAVA sin tener una orden judicial o algún documento escrito que justificara su presencia. Solo refirieron que los mandaba la licenciada Tere Jiménez, bajo el argumento de que iban a hacer un censo”, dijo Angélica Contreras, integrante de la organización civil Cultivando Género, quien dio lectura al comunicado oficial de las organizaciones durante una rueda de prensa.
De acuerdo con las organizaciones, los agentes quebrantaron la seguridad de las instalaciones, tomaron fotos de los espacios y vulneraron la confidencialidad de las personas que ahí se albergan, a quienes fotografiaron sin su permiso. Incluso, a un usuario del refugio, que dormía, lo levantaron “con pistola en mano” y revisaron sus pertenencias. Al momento de los hechos, otras dos personas estaban refugiadas en el albergue.
La presencia de policías con armas largas fue grabada por las cámaras de seguridad del refugio.
“A todos los interrogaron, revisaron cajones, colchones, camas y todos los rincones de la organización. Preguntaban según se les fuera ocurriendo, sobre los medicamentos, sobre la cantidad de personas que asisten y colaboran, siendo en todo momento intimidatorios. Después se fueron sin más. No encontraron nada fuera de la legalidad”, agregó Contreras.
Tras el hecho, activistas y organizaciones presentaron una denuncia contra quien resulte responsable del operativo ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHA), y anunciaron que se preparan para presentar una denuncia penal, asegurando que se violaron diversas leyes.
“Entraron violentando el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, causando además un estado de zozobra en las personas que se encontraban en la organización. Realizaron un cateo sin considerar que, como lo marca el artículo 62 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberían de tener una orden para tal fin. Hicieron caso omiso de lo que marca el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, al no identificarse. Violaron el derecho a la confidencialidad de las personas que se encontraban en la organización al tomarles fotografías sin su permiso. (…)
“Exigimos respeto y apoyo a las personas integrantes de CAVA. Reprobamos tajantemente cualquier intimidación, limitación u obstaculización por parte del Estado a nuestro trabajo”, explicaron.
Efraín Muro, coordinador de CAVA, afirmó que desde la administración del exgobernador Martín Orozco, también de afiliación panista, tanto él como la organización que representa sufrieron acoso por parte de elementos de seguridad del Estado.
“Ha habido amenazas, intimidaciones, compañeros hemos tenido patrullas afuera de nuestras casas, a veces pensamos que es para cuidarnos, pero al grado de ayer no había pasado y es lamentable porque ahí estaban los chicos, porque ustedes saben que ahí viven personas que están en una situación vulnerable y que llegaran de esa manera, yo todavía no lo creo”, dijo.
Las organizaciones y activistas exigieron a las autoridades federales, y al gobierno de la panista Teresa Jiménez, fundar y motivar la intervención que realizaron en el refugio. Durante la rueda de prensa, responsabilizaron al Estado de cualquier cosa que le suceda a integrantes de CAVA o de las organizaciones que respaldan al albergue.
“Les recordamos a las autoridades que las organizaciones de la sociedad civil hacemos el trabajo que no hace el gobierno. Cubrimos necesidades que la población vulnerada lo requiere y que está en nuestro objeto social. Hacemos incidencia política justo donde encontramos áreas de oportunidad para mejorar la garantía de los derechos humanos de la población”, dijo Sofía Ortiz, de la Clínica de la Diversidad Sexual (SURA).
Además de activistas independientes, en la conferencia estuvieron representantes de las organizaciones Comunidad para la Diversidad de los Derechos y la Ciudadanía, VIHDA, LGBT Rights, Cultivando Género, El Diario Aguascalientes, Mexicanas en Acción Positiva y la Clínica de la Diversidad Sexual (SURA).
Cortesía de Proceso.
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