PLAYA DEL CARMEN, QRoo. (apro).- En un hecho inédito, un juez federal de Quintana Roo ordenó la demolición de un edificio construido sin permisos en materia de impacto ambiental sobre la costa de Tulum, donde se buscó vender departamentos a costos millonarios mientras se ponía en riesgo la anidación de la tortuga marina.
Lo anterior se logró mediante una sentencia de amparo que ganó la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), que el año pasado demandó a autoridades federales y locales por permitir la construcción del edificio Maiim, ubicado en bahía Solimán, a unos 10 kilómetros de la cabecera municipal de Tulum y aledaño al Santuario de la Tortuga Marina Xcacel- Xcacelito, área natural protegida de jurisdicción estatal.
En Quintana Roo, debido al atractivo turístico de Cancún y la Riviera Maya, es común que particulares inicien la construcción de desarrollos inmobiliarios antes de obtener los permisos definitivos en materia de impacto ambiental.
En este caso, Maiim fue beneficiado con licencias municipales expedidas por el gobierno de Tulum, que preside el morenista Diego Castañón Trejo, y además de permisos estatales, señalados de irregulares, emitidos por la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus).
Ante esto, la asociación civil DMAS, la misma que en 2022 ganó suspensiones contra el tramo 5 del Tren Maya, inició en agosto del año pasado un juicio de amparo contra estos actos que han puesto en riesgo a las tortugas marinas, especie que por estas fechas arriba a ese tramo costero a desovar.
Pese a los procesos legales, agentes inmobiliarios continuaron promocionando en internet Maiim como un desarrollo de lujo de cinco niveles frente al mar, con departamentos que costaban desde los 16 millones de pesos.
Luego de casi un año de juicio, tiempo en el que también intervino la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) con una clausura que el promovente no acató, el Juzgado Quinto de Distrito emitió la sentencia a favor de DMAS que obliga a las autoridades federales y locales a no entregar ningún tipo de permisos a la empresa constructora de Maiim.
Además, subraya la sentencia de amparo, se deberá restaurar el sitio en su estado base, es decir, demoler el edificio, el cual ya se encuentra prácticamente concluido y con algunos departamentos vendidos.
El promovente del desarrollo inmobiliario es la sociedad mercantil Promotora de Incentivos México que, aunque se encuentra en tiempo de impugnar la sentencia mediante un recurso de revisión, esto representa un gran paso para la defensa de los ecosistemas costeros en esta parte del país, dio a conocer DMAS.
“Esta es la sentencia que celebramos, es la sentencia que queremos que se replique, los quintanarroenses han confiado en sus municipios en que, cuando se da una licencia, se cumple con todo, y nos estamos dando cuenta que no. Hoy en día todo Quintana Roo está sufriendo por grandes proyectos que no sirven para nada, no cumplen con la ley”, expuso Antonella Vázquez Cavedon, abogada fundadora de DMAS.
La organización actualmente también lucha contra un desarrollo similar ubicado en la misma zona, de nombre Adamar Solimán, que se ha negado a acatar clausuras de la Profepa y suspensiones de juicios de amparo.
Cortesía de Proceso.
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