La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que denunció el pasado lunes a Jesús Murillo Karam, extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), por los delitos de tráfico de influencias y defraudación fiscal.
Este martes la dependencia federal informó que, como resultado de la investigación conocida como Pandora Papers, encontró que Murillo Karam tiene relación con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) del que formaba parte una empresa familiar en la que participaban como socios sus hijos, su sobrino y yerno, la que fue beneficiada con contratos del gobierno federal mientras era procurador.
Según la UIF, la empresa de los familiares de Murillo Karam obtuvo, entre 2013 y 2015, licitaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mientras el hijo del titular de esta dependencia, Gerardo Ruiz Esparza, se desempeñaba como secretario del entonces procurador. Así, se trataría de un sistema de contraprestaciones.
Asimismo, la empresa de los familiares de Murillo Karam incurrió en otras irregularidades, como que sus domicilios no son acordes con sus actividades, declaró deducciones iguales a sus ingresos acumulables pese al volumen de sus contratos, y el uso de empresas simuladores para el movimiento de recursos.
Entre 2012 y 2015, en la primera mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto, Murillo Karam fue titular de la FGR, y le correspondió acometer una de las investigaciones más importantes de los últimos años: el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.
La UIF refirió que en 2017 Murillo Karam recibió 2.8 millones de dólares por retorno de una inversión en el extranjero, además de que colocó en cuentas propias el extranjero, entre 2020 y 2021, 26.5 millones de pesos, lo que no declaró a las autoridades fiscales.
Murillo Karam fue detenido el pasado viernes 19 de agosto acusado por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia por el caso de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014. En prisión su estado de salud se deterioró, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital de Xoco, al Instituto Nacional de Cardiología y al Hospital de Especialidades Belisario Domínguez.
Por su estado de salud, la defensa de Murillo Karam solicitó para la prisión preventiva domiciliaria.
Cortesía de la revista Etcétera
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