La ministra Loretta Ortiz propone amparar a Rita Villalobos González -presa en Chihuahua por tentativa de homicidio en agravio de sus tres hijos-, pues no tuvo una defensa adecuada.
El Heraldo de México informó en marzo pasado del caso de esta mujer de escasos recursos económicos y sentenciada a 20 años de prisión tras aceptar, sin mayor información, el procedimiento abreviado, que implica declararse culpable.
En marzo de 2016, la mujer y tres de sus hijos fueron encontrados inconscientes en su casa tras inhalar gas de la estufa. Rita vivía en un contexto de violencia psicológica, económica y física por parte del padre de los niños, sentenciado por agredir sexualmente a dos de ellos.
Durante el proceso penal, Rita fue asistida por cuatro distintas defensoras públicas del fuero común, que tuvieron un papel deficiente y le propusieron aceptar el procedimiento abreviado, ella aceptó sin conocer a detalle lo que este implicaba. Además, a Rita no se le informó que tenía 10 días para apelar la sentencia de 20 años de prisión, por lo que esta quedó firme.
El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) inició la representación jurídica de Rita, pero el recurso de apelación promovido fue desechado por extemporáneo, pues habían pasado cinco años.
Su caso llegó a la Corte y si este miércoles la Primera Sala respalda la propuesta de Ortiz, se tiene que dejar sin efectos la sentencia de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, que rechazó la apelación, y se debe dar trámite a este recurso.
“Una vez hecho lo anterior, y dadas las vulneraciones al derecho a la defensa material de la quejosa advertidas en la presente ejecutoria, ordene la reposición del procedimiento a partir de la diligencia inmediatamente anterior de donde surgió la vulneración al citado derecho a fin de que se actúe durante el procedimiento penal conforme a los lineamientos establecidos en la presente sentencia”, señala el proyecto de Ortiz.
En entrevista, Jaqueline Sáenz, titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del IFDP, destacó el análisis que se realizó para elaborar el proyecto de sentencia e hizo un llamado a los ministros “a mirar con ojos de justicia e interseccionalidad de género las desigualdades que enfrentan las mujeres”.
“Lo que sí está ordenando la Corte es reabrir el procedimiento, nosotros creeríamos que si te vas a etapas anteriores, antes de que se cierre la (etapa) intermedia, nos da posibilidades de presentar pruebas, porque en esas etapas anteriores no hubo una debida representación, no se advierte que se hayan presentado pruebas ni que haya habido una actividad procesal importante de defensa…Lo que sí mínimamente tiene que hacerse es volverle a preguntar (a Rita) si se quiere ir al abreviado”, dijo Sáenz.
La ministra señala en su propuesta que en el procedimiento abreviado, el rol de la persona juzgadora es similar a la de un árbitro en la negociación que se gesta entre las partes y debe verificar que esta se realice en condiciones legales y respetando el debido proceso.
“Esto implica la obligación de la persona juzgadora de control de informarle a las partes el derecho que les asiste de recurrir la sentencia dictada en el procedimiento abreviado a través del recurso de apelación”, indica el documento.
También explica que, aunque Rita contó con la asistencia de diversas defensoras durante el proceso penal de origen, se transgredió su derecho a una defensa adecuada en sentido material, además que estas no tomaron en cuenta el contexto de violencia que la mujer sufrió por parte de su expareja.
“Ello deriva de que no se corroboró que haya recibido una defensa adecuada por personas debidamente especializadas en proceso penal; y, como consecuencia de ello, su conformidad con el procedimiento abreviado no fue otorgado de manera libre, voluntaria, informada, al no haber entendido los términos del acuerdo y las consecuencias del mismo”, indica el proyecto.
Además, la ministra plantea que la obligación de juzgar con perspectiva de género también debe ser aplicada en el proceso abreviado, pues la persona inculpada no pierde su derecho a un juicio justo.
CS
Cortesía de El Heraldo de México.
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