La mayoría de las 26 candidaturas señaladas por el Congreso de la Unión de tener mala reputación al favorecer a criminales y miembros del crimen organizado, se están quedando rezagadas en los resultados de las elecciones judiciales.
Con poco avance del cómputo de los votos en las elecciones de magistrados y jueces, se tiene que varios de esos candidatos y candidatas obtienen en algunos casos cero votos.
Tal es el caso de Diana Monserrat Partida, candidata a jueza de Distrito en Materia Penal del Sexto Circuito, quien es señalada por facilitar la salida de delincuentes en fin de semana; o Leopoldo Javier Chávez, candidato a juez de Distrito en Materia Mixta del Vigésimo Quinto Circuito, quien es señalado de haber permanecido casi seis años en prisión en Estados Unidos por supuesto tráfico de metanfetamina.
Quien también no ha sumado votos, hasta el momento, es Julio Veredín Sena, candidato a juez de Distrito en Materia Penal del Primer Circuito.
En el último avance del cómputo distrital, también Francisco Herrera Franco, candidato a juez de Distrito en Materia Penal del Onceavo Distrito, se encuentra en último lugar de su grupo con 11 mil votos. El candidato ha sido señalado por vínculos con la delincuencia organizada.
De la misma forma, Francisco Martín Hernández Zaragoza, candidato a magistrado del Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, cuenta con 23 mil votos y se posiciona en segundo lugar de su grupo. El candidato ha sido acusado por acoso sexual a una trabajadora del Poder Judicial.
Hace unas semanas, cerca de la elección del 1 de junio, el Congreso federal señaló a 26 candidatos por no gozar de buena reputación ni tener el promedio adecuado para continuar con las candidaturas.
Incluso, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados pidieron al Instituto Nacional Electoral (INE) cancelar las candidaturas de esas personas, pero el órgano electoral federal rechazó la petición.
El INE, al concluir el cómputo de los votos, todavía puede revisar los perfiles de los candidatos electos, para tener certeza de que cumplan con todos los requisitos y no tengan sentencias en firme de autoridades judiciales y administrativas.
MAAZ
Cortesía de El Heraldo de México.
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