Sin saberlo –o tal vez sí, pero no les importó–, el fracaso de todo el Plan B con el que el presidente López Obrador buscó debilitar a las autoridades electorales para la sucesión presidencial de 2024 se gestó en diciembre de 2022, justo cuando diputados y senadores de Morena y sus aliados cometieron irregularidades en los procesos legislativos para aprobar la primera parte del paquete de reformas al INE y el Tribunal electoral; después, por violaciones similares cometidas para aprobar la segunda parte del Plan B, la Suprema Corte terminó por invalidarlas este jueves 22. Así, las elecciones en 2024 se realizarán con las reglas del juego actuales y no con las que el mandatario pretendía sacar ventaja.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio la estocada final a la pretensión del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el Ejecutivo interviniera, nuevamente, en los procesos electorales empezando por el de su propia sucesión en 2024.

El jueves 22 el Máximo Tribunal del país erradicó la segunda parte de lo que el mandatario llamó “Plan B” de la reforma electoral, publicada en marzo último en la que se modificaba la infraestructura presupuestal y orgánica del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y se establecían reglas más flexibles para el uso de los recursos públicos por parte de los partidos políticos, y se permitía modificar documentos básicos de los mismos sin intervención de las autoridades electorales.

Incluso, le otorgaba al gobierno federal acceso a las listas electorales, y desaparecía el PREP, es decir, el sistema que da los resultados preliminares de las elecciones federales, además de que se recorría el inicio del proceso electoral de septiembre a octubre.

En víspera de la resolución, que se anticipaba contraria a su propuesta, el mandatario arremetió nuevamente contra los ministros, esta vez, por no analizar a fondo la reforma e invalidar por “meras formalidades”, como las violaciones al procedimiento legislativo.

“Considero que es una invasión, una intromisión al Poder Legislativo, le van a corregir la plana al Poder Legislativo, ya convertido en el supremo poder conservador, en defensa de la minoría conservadora. Están argumentando que la ley no se discutió en el Congreso, no se discutió lo suficiente, cuando sí se discutió, y además el bloque conservador en el Congreso no quiso ni siquiera participar en nada. Por eso van a anular la ley electoral”, se quejó el presidente horas antes de que la SCJN discutiera el proyecto de Javier Laynez Potisek.

“Claro que es un asunto de forma, pero la forma es fondo cuando se trata de la intromisión de un poder en asuntos que competen a otro”, agregó.

El Plan B fue la opción que el presidente encontró a su fallido Plan A, la iniciativa de reforma constitucional que presentó en 2022, pero que fue rechazada en diciembre de ese mismo año por el Congreso de la Unión.

Anticipándose a ese fracaso porque sabía que su partido y aliados no tenían los votos suficientes, desde noviembre de ese mismo año el mandatario impulsó las reformas a la Ley General de Comunicación Social, a la de Responsabilidades Administrativas, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, mismas que fueron aprobadas por la mayoría legislativa de Morena en dos bloques y posteriormente fueron conocidas como Plan B, parte 1 y 2.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2434 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 25 de junio de 2023.