Tres de cada diez de las medallas que en la disciplina de levantamiento de pesas han obtenido los estados de Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Quintana Roo, Campeche y Nayarit en las últimas tres ediciones de los Juegos Nacionales Conade fueron ganadas de manera fraudulenta mediante la manipulación de los pesajes y marcas, así como de la compra de información confidencial que obra en las memorias de la competencia.
Miguel Ángel Cantún Caamal, quien durante 2022, 2023 y 2024 fungió como director técnico de este deporte, entregó un extenso informe de anomalías en el que presentó las evidencias de todas las irregularidades y los actos de corrupción que detectó, y en los que participan presidentes de las asociaciones estatales, entrenadores, jueces y directores de los institutos del deporte de dichos estados, cuyas acciones son fomentadas y solapadas por el presidente de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas (FMLP), Rosalío Alvarado.
En un documento de más de 40 páginas, Cantún denunció que en los Juegos Nacionales Conade de 2022, 2023 y 2024 los seis estados arriba mencionados ganaron entre todos 373 medallas, las cuales representan 62.1% de las 600 que se repartieron.
Nuevo León obtuvo 99 totales (40 oros, 34 platas y 25 bronces), Jalisco 64 (38, 14 y 12, respectivamente), Guanajuato 74 (28, 25 y 21), Quintana Roo 62 (17, 18 y 27), Campeche 43 (16, 11 y 16) y Nayarit 31 (8, 12 y 11) en detrimento de niños y jóvenes que quedaron en la indefensión toda vez que compitieron contra rivales que pesaban hasta 10 kilos más que ellos; o bien, aunque no dieron las marcas mínimas para participar fueron premiados con medallas que no merecen.
Toda esta información fue entregada el año pasado al director de Eventos Deportivos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Cuauhtémoc Romero, quien simplemente la archivó. La administración de Ana Guevara no actuó para poner fin a estos fraudes, cuya gravedad aumenta si consideramos que 90% de los integrantes juveniles de la Selección Nacional de Levantamiento de Pesas pertenecen a los estados involucrados en las trampas.
Ya bajo la dirección de Rommel Pacheco, por haber dado a conocer estos hechos, Cantún fue destituido del cargo de director técnico por el subdirector de Cultura Física de la Conade, Óscar Soto, y fue informado que esa función que desempeñó durante tres años le sería devuelta a la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas (FMLP).
Al ver que ningún servidor público hizo nada para contener la corrupción, el 22 de febrero de este año Cantún denunció los hechos ante la titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Combate a la Corrupción y Buen Gobierno, Cecilia Vidal Rosas.
“A pesar de que las autoridades de la Conade, en particular el área de Eventos Deportivos han tenido conocimiento de las irregularidades en la FMLP durante años no se ha tomado acción al respecto. Este último acto de reasignación de la dirección técnica, sumado a la omisión en investigar las denuncias previas, demuestra una actuación omisa y negligente por parte de la Conade y de algunos de sus funcionarios, particularmente de Óscar Soto Carrillo y sus colaboradores, Arturo Ramírez y Daniel González, quienes están al tanto de las irregularidades denunciadas. El 31 de julio de 2024 entregué un informe detallado a la Subdirección de Cultura Física de la Conade, pero hasta la fecha no se ha tomado ninguna acción concreta.
“Este acto de sustituirme del cargo de director técnico lo considero como una represalia directa a mi denuncia por actos de corrupción de la federación. La medida adoptada vulnera mis derechos como servidor público (sic) y como persona comprometida con la ética y el bienestar del deporte mexicano, generando un ambiente hostil que desalienta la lucha contra la corrupción”, escribió en la denuncia.
La respuesta que recibió Cantún por parte del OIC llegó el 28 de febrero, seis días después de haber denunciado: ninguno de los involucrados en los actos expuestos es un servidor público federal, luego entonces el OIC no tiene injerencia. A la funcionaria de la Secretaría de Combate a la Corrupción y Buen Gobierno no le interesó que los recursos federales de la Conade se utilicen para hacer trampa.
Lo mismo pasó con la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD), el máximo tribunal en este rubro en México. Por recomendación del propio Óscar Soto, Cantún presentó un recurso en esa instancia. La respuesta fue que “no es procedente” porque los hechos ocurrieron entre 2022 y 2024, luego entonces en ese momento debió haber presentado su apelación y, por su calidad de director técnico, en todo caso, debió haber actuado para combatir lo que ocurría.
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Fragmento del reportaje publicado en la edición 0023 de la revista Proceso, correspondiente a mayo de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.
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